Piden el juicio oral para un chofer acusado de abusar sexualmente de dos mujeres

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, dos mujeres vivieron el mismo infierno: fueron atacadas por el conductor de una aplicación de viajes, que está acusado de haberlas abusado sexualmente. En uno de los casos, la víctima es una mujer trans. En el otro, una joven que salía de su trabajo cuando el hombre la interceptó.

Ambos episodios ocurrieron entre diciembre de 2024 y marzo de este año. Y aunque las víctimas no se conocían, sus relatos coincidieron en el mismo nombre: Dayorlin Airam Brahwaitte Fuenmayor, de 43 años, ciudadano venezolano.

Ahora, el fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, solicitó que el chofer de aplicaciones enfrente un juicio oral por haber abusado sexualmente de dos mujeres en distintos episodios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.

En ambos casos, la Justicia considera que hubo acceso carnal y que las víctimas sufrieron daños físicos y psicológicos graves. Pero cada hecho tiene además un agravante particular: en uno de los ataques, el acusado habría drogado a la víctima para dejarla indefensa y facilitar el abuso; en el otro, mantuvo relaciones sin protección a sabiendas de que era portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, la cual terminó contagiando.

Según la investigación, Fuenmayor actuó con planificación y violencia. En uno de los episodios, interceptó a una joven en la vía pública, la mareó con un paño impregnado con solventes y la obligó a subir al auto. En el otro, esperó a que una empleada de confitería saliera de su trabajo, le ofreció llevarla hasta su casa y, en pleno trayecto, apagó las luces del vehículo, trabó las puertas y la forzó en el asiento trasero.

La fiscalía considera que estos hechos no fueron aislados ni impulsivos, sino que respondieron a una conducta reiterada y deliberada para vulnerar la voluntad de sus víctimas. “Llevó adelante las acciones típicas, es decir, abusar sexualmente mediando acceso carnal de dos víctimas diferentes -a una de las cuales le aplicó material estupefaciente subrepticiamente para cometer el delito- y de una de ellas a sabiendas de transmitirle una enfermedad sexual”, sostuvo Barbella en la audiencia.

Las cámaras de seguridad, el registro de un control vehicular previo, y publicaciones en su cuenta de TikTok ayudaron a reconstruir la identidad e individualizarlo. El vehículo involucrado también fue clave en el caso: aunque estaba a nombre de otra persona, fue el propio Fuenmayor quien lo retiró días antes de uno de los ataques, tras haber sido demorado por irregularidades.

La fiscalía también valoró los testimonios de las víctimas, que lograron identificarlo y relatar con claridad las circunstancias. “No existió consentimiento alguno, sino un abuso directo de su fuerza y posición”, afirmó el fiscal en el requerimiento. Una de las víctimas, además, debió ser hospitalizada tras sufrir lesiones compatibles con lo que se conoce por ataque sexual.

Con todo el material reunido —testimonios, pruebas periciales, videos, grabaciones, y fotos—, la fiscalía consideró acreditado que Fuenmayor cometió dos agresiones sexuales con acceso carnal: una de ellas con el agravante de haber drogado previamente a la víctima, y la otra con el conocimiento de que podía transmitirle una enfermedad de transmisión sexual, hecho que finalmente ocurrió. Ahora, con el pedido formal de elevación a juicio, se espera que el tribunal oral determine si Fuenmayor deberá responder por estos hechos en un proceso público.

Habían pasado pocos minutos de las 23 del 28 de diciembre de 2024. En una esquina del barrio porteño de San Cristóbal, una joven trans caminaba sola por la calle Urquiza cuando un auto se le acercó. El conductor, identificado más tarde como Fuenmayor, bajó la ventanilla y le preguntó si ofrecía servicios sexuales. Ella respondió que no, lo ignoró y siguió caminando.

No imaginaba que, a menos de una cuadra, a la altura de la Avenida San Juan, el hombre se bajaría del vehículo. Según la reconstrucción judicial, se le acercó por detrás, le colocó un trapo que tenía solventes sobre la nariz -que le produjo mareos- y la forzó a los golpes a subir al asiento trasero de su Fiat Siena. Dentro del auto, la golpeó y abusó sexualmente de ella.

La escena no terminó ahí. Gracias al llamado de un vecino al 911 - que escuchó los gritos y vio movimientos sospechosos dentro del vehículo - la policía llegó rápidamente. Fue entonces cuando la joven, aún aturdida, logró arrojarse del auto en plena calle.

Aunque el conductor ya había huido, dejó atrás más que una escena de terror. No solo estaban los videos captados por el vecino donde se refleja el horror vivido, sino que, sobre la vereda, había un paño junto a un envase con restos de una sustancia que más tarde se convertiría en una pieza clave para la causa.

Según el peritaje realizado por el Área de Toxicología y Química Legal de la Policía de la Ciudad, el envase contenía una mezcla de sustancias presentes en disolventes o combustibles que, si se inhalan, pueden provocar desde mareos hasta pérdida de conciencia. Los especialistas explicaron que, aunque son de venta libre, su efecto varía según el tiempo de exposición, la dosis y las condiciones físicas de la víctima.

Además, la fiscalía dio intervención a la División de Investigaciones Comunales tercera de la Policía de la Ciudad para el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y las de la División Anillo Digital. Así identificaron la patente del vehículo en el que se habría producido el primer ataque. Aunque estaba registrado a nombre de otra persona, el mismo auto había sido detenido 16 días antes en un control vial. Quien manejaba entonces era Fuenmayor.

Pero no fue el único indicio. Los agentes encontraron fotos y videos suyos en una cuenta de TikTok, donde aparecía al volante del Fiat Siena. Y algo más: la víctima había dado una descripción física que coincidía con el rostro y la complexión del imputado.

Con esos datos, el rompecabezas comenzó a cerrarse.

Como si fuera poco, también fue demorado el 19 de enero de 2025 por circular sin seguro vigente y con la patente parcialmente tapada. Aquella noche, el auto quedó retenido en una comisaría. Días después, Fuenmayor fue a buscarlo y lo retiró. Nadie imaginaba entonces que ese mismo vehículo estaba siendo buscado por algo mucho más grave.

El fiscal en el requerimiento hizo referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América”. “Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex pueden ser particularmente vulnerables a la violencia sexual. Una de las razones de esta vulnerabilidad se genera por el hecho de que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas desafían las nociones tradicionalmente aceptadas del sexo, la sexualidad y el género”, expresó Barbella.

El 21 de marzo de 2025, apenas comenzaba a amanecer cuando una joven terminaba de trabajar en una confitería del barrio porteño de Monserrat. Afuera la esperaba un cliente habitual que ya había intentado entablar conversación con otras empleadas en otras ocasiones: era Fuenmayor.

Según reconstruyó la Justicia, el hombre se ofreció a llevarla a su casa, pero ella rechazó la propuesta y le explicó que prefería tomarse el colectivo. Minutos después, mientras esperaba en la parada de Solís al 500, él volvió a insistir. Insistió tanto, que ella, agotada tras la jornada laboral y sin advertir el peligro, terminó aceptando.

Subió al Chevrolet Prisma por el lado del acompañante. Iban rumbo a Barracas, su barrio. Pero ese viaje no terminó como debía.

Nada en el recorrido parecía sospechoso. Pero cuando el auto llegó a la calle Tacuarí, algo cambió.

Según la acusación, el conductor detuvo el vehículo detrás de un container, apagó las luces y trabó las puertas. De golpe, se abalanzó sobre la joven. Ella intentó frenarlo, y él le ordenó que se sentara en el asiento trasero “para seguir con el viaje”.

Fue una mentira. En ese instante, según la denuncia, Fuenmayor aprovechó la vulnerabilidad de la víctima, la inmovilizó, se le colocó encima y la violó. Días después, la joven —aún en shock— acudió al hospital. Los síntomas físicos que aparecieron tras el ataque eran persistentes. Allí le confirmaron algo que no quería oír: había contraído una enfermedad de transmisión sexual.

Según Barbella, el testimonio de la denunciante fue contundente. Además, declararon la pareja y el encargado del comercio donde trabajaba, quienes contaron cómo se enteraron del abuso y acompañaron su versión desde el primer momento.

El imputado, por su parte, no negó el encuentro, pero intentó instalar la idea de que había sido una relación sexual consentida. Sin embargo, el fiscal fue tajante. “En ningún tramo de las constancias probatorias reunidas en el legajo se vislumbra un vestigio de aprobación (…) A las claras se exhibe que nunca existió un aval expreso en mantener relaciones sexuales, sino que, insistentemente fue clara en su firme negativa, sintiendo temor por gritar para pedir ayuda ya que supuso que sería peor debido a eventuales represalias del imputado”, aseguró Barbella.

Además, indicó que, en casos de abuso sexual, el testimonio de la víctima tiene un peso central en el proceso judicial, sobre todo ante la ausencia de testigos directos. “A la Corte IDH le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que (...) se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores (...) no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”, explicó.

Por María Clara Aron De Simone

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