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Piden extender el permiso de uso de teléfonos celulares a los presos en cárceles federales
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LA NACIONFernando Rodríguez
Con la histórica resolución de la Cámara de Casación bonaerense y su inmediato cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo provincial, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) le pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que regule la tenencia y uso de teléfonos celulares en las cárceles federales para que los presos puedan comunicarse con sus familias mientras continúen las restricciones de visitas para prevenir el contagio de coronavirus intramuros.
El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, emitió la recomendación 908/PPN/20, dirigida a la ministra Marcela Losardo, de quien depende orgánicamente el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que actualmente tiene 13.351 personas alojadas en las unidades de todo el país.
En esa comunicación oficial le solicitó que "arbitre los medios necesarios para que se regule la tenencia, portación y uso de aparatos de telefonía móvil a las personas detenidas al interior del Servicio Penitenciario Federal, como una medida paliativa mientras duren las restricciones y suspensiones de visitas por el Covid–19".
La PPN sostuvo que "durante el proceso de ejecución de la pena, las personas detenidas mantienen el resto de sus derechos pese a la restricción de su libertad ambulatoria", entre los cuales destacó que "la normativa nacional e internacional ha incluido el derecho a la información, las comunicaciones y el contacto con familiares y allegados".
En consecuencia, y según surge del texto de la recomendación 908/PPN/20, "urge" la regulación del uso de celulares por parte de los reclusos, para lo cual se pide que mientras duren las restricciones se suspendan las sanciones a quienes tengan celulares en su poder dentro de los penales.
Para eso, solicita la regulación del mecanismo por el cual los allegados de los detenidos les harán llegar los aparatos, su correcta individualización por cada recluso y el permiso de acceso a Internet de esos celulares mientras dure la emergencia.
Ayer, calificadas fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que trabajan contra reloj para establecer las condiciones necesarias para permitir el uso de móviles dentro de las penitenciarías sin que eso suponga una afectación a la seguridad pública, para lo cual se analizan los requerimientos junto con las empresas de telefonía.
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