“Fierros y balas nos sobran”. Amenazan a los fiscales y prometen “plomos para todos” si El Viejo Cantero no queda libre hoy

ROSARIO. Los fiscales que investigan a miembros de Los Monos recibieron graves amenazas poco antes de que comenzara la audiencia judicial –que se suspendió el martes por problemas de sonido- en la que el fundador de la narcobanda, “El Viejo” Máximo Cantero, y 21 secuaces fueron imputados por una serie de delitos, entre ellos, los de “intimidación pública”, como presuntos autores de los atentados contra una escuela y estaciones de servicio en la previa de las elecciones generales de noviembre pasado.

“Si el Viejo Cantero no sale en libertad, habrá plomos para todos. Fierros y balas nos sobran”, advirtió una mujer, desde un teléfono con característica de Buenos Aires con el que llamó a la central de emergencias policiales 911. En la amenaza también exigió que “el señor Cantero tiene que salir hoy en libertad”. La dama que protagonizó la llamada, incluso, se refirió al curioso episodio del martes, cuando la audiencia imputativa debió suspenderse por problemas en el sonido, algo que el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, advirtió a LA NACION que “había sido un hecho extraño” porque habían probado antes el sistema informático.

“Van a pasar más cosas que se va a cortar la transmisión [sic], van a pasar cosas más importante y más graves, así que tengan en cuenta este pedido”, señala una voz femenina y corta la comunicación.

Por lo que señaló el llamado telefónico, algo “extraño” ocurrió en la audiencia en la que no funcionaba el Zoom. Los 22 detenidos tenían previsto participar de la audiencia desde el llamado Order de la Alcaidía, ya que –como señaló la jueza Valeria Pedrana- el Servicio Penitenciario provincial no garantizaba la seguridad del traslado hasta el Centro de Justicia Penal, que se encuentra cercado por decenas de gendarmes y vallas que cortan el tránsito en toda la manzana.

Esta amenaza se produjo horas antes de que los fiscales Valeria Haurigot, Franco Carbone y Gastón Ávila desentrañaran, en una audiencia imputativa, un arsenal de pruebas contra este brazo de la banda de Los Monos, comandado por El Viejo Cantero y su expareja, Patricia Celestina Contreras, padre y madre de Ariel, el “Guille”, que está preso en el penal federal de Marcos Paz, donde acumula condenas, pero sigue controlando la botonera de la organización narco.

En la investigación judicial se determinó que, por un lado, El Viejo Cantero, que manejaba un comedor comunitario en el barrio Vía Honda y entregaba alimentos provistos por el municipio de Rosario, controlaba el territorio, donde, a cambio de dinero, autorizaba a determinadas personas a vender drogas y realizar otro tipo de delitos, como extorsiones. Por otro, Patricia Contreras, alias Cele, está acusada de pagarle a un preso que está alojado en la cárcel de Coronda para llevar adelante atentados contra escuelas y estaciones de servicio durante los días previos y posteriores a las elecciones nacionales de noviembre del año pasado.

Según surge de la pesquisa, que llevó seis meses, las 22 personas imputadas participaron en ataques a balazos contra dos estaciones de servicio en la semana previa a las elecciones generales. Hubo más balaceras a las estaciones que no pudieron ser probadas, pero se sospecha que estuvieron a cargo de la misma banda. También fueron acusados de atacar las escuelas Crisol y Santa Isabel de Hungría, el 14 de noviembre pasado, el mismo día de los comicios generales legislativos; y se les imputó una extorsión.

El Viejo Cantero y su actual pareja, Rosa Montero, también fueron acusados de administración fraudulenta y maltrato animal. La semana pasada, cuando lo detuvieron, en su casa se encontraron animales, entre ellos, gallos de riña, aves silvestres, caballos que se usaban para cinchadas y galgos para carreras.

En la casa de Vía Honda, donde tiene su domicilio Cantero, también fueron secuestrados más de 8000 kilos de alimentos a granel y las 137 cajas de alimentos del plan municipal Cuidar. En esa vivienda de dos plantas, situada en Avellaneda al 4500, funciona un comedor “comunitario” que maneja Montero.

Lo que se comprobó en la investigación es que esos alimentos estaban destinados a la asociación civil “El Ceibo-Manos que trabajan”, cuyo presidente es Leonardo Enrique Pucheta y su tesorera es Cintia Macarena Berón, otros dos imputados.