Por “movimientos sospechosos”, congelan bienes en el país a presuntos colaboradores de Hezbollah

En las últimas horas, la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso una medida preventiva de congelamiento de fondos por una operación sospechosa de financiación del terrorismo internacional por parte de un colombiano nacionalizado argentino y un sirio presuntamente vinculado con Hezbollah. Aunque el reporte de la UIF tendrá como consecuencia la intervención de la Justicia federal de Córdoba, el organismo de información financiera, sin brindar más detalles del caso, explicó que los movimientos de dinero detectados no necesariamente implican la presencia territorial del grupo terrorista islámico responsable del atentado a la AMIA en 1994 y actualmente en guerra con Israel en Medio Oriente.

A través de un comunicado, tras la difusión de la noticia, la UIF indicó: “En primer lugar, la medida como tal es una medida patrimonial provisoria frente a una operatoria que presenta inicialmente indicadores de poder estar vinculada con fondos que directa o indirectamente pueden relacionarse con organizaciones o personas terroristas, contempladas en listas propias o de otros países. Frente a ese riesgo, de manera preventiva se adopta la medida para poder profundizar el análisis y, eventualmente, examinar el caso de manera tal de que, en caso de concluir afirmativamente el examen de la operatoria, las medidas que se adopten sean efectivas y eficaces en lo que atañe al movimiento de fondos. Esta medida está sujeta a control judicial”.

Para llevar tranquilidad, el organismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, aclaró: “La existencia de operaciones de fondos o activos con estos indicadores no se traducen directa o necesariamente con la presencia territorial de organizaciones o agrupaciones terroristas”.

“Es importante destacar que la Unidad de Información Financiera vela por la seguridad e integridad del sistema financiero y económico por lo que, en un mundo globalizado, la supervisión y la diligencia de los distintos sujetos obligados y el trabajo conjunto de las distintas agencias públicas importa una barrera para que no sea utilizado para la movilización de fondos ilegales”.

La UIF tomó intervención tras recibir un reporte de operaciones sospechosas (ROS) relacionado con movimientos de fondos –a través de billeteras virtuales, criptomonedas y cuentas bancarias– que involucraban a un colombiano nacionalizado argentino con residencia en Córdoba, y a un sirio que, según una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaría involucrado en una compleja red de lavado de dinero a escala global, utilizando empresas fantasmas y criptomonedas para financiar actividades terroristas en diversos países. El colombiano-argentino habría colaborado con el presunto personero de Hezbollah para ejecutar operaciones financieras en territorio nacional.

La alerta se activó luego de que una aseguradora y entidades financieras argentinas detectaran movimientos sospechosos de dinero vinculados a ambos individuos. La Justicia Federal de Córdoba recibió el alerta el viernes pasado, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

No le correspondía al juzgado por el que ingresó, en la capital provincial, porque el joven colombiano nacionalizado argentino tiene domicilio en una localidad cercana a San Francisco, en el este de Córdoba. Por eso, deberá tomar intervención el Juzgado Federal de San Francisco, que aún no tiene titular designado; a partir de mañana estará a cargo Sergio Pintos, juez federal de Bell Ville.

No hay orden de detención alguna dictada en este caso. La Justicia fue alertada porque la caución de los fondos (el congelamiento del dinero en cuenta) requiere de convalidación judicial.

La UIF precisó que no efectúa investigaciones judiciales, sino que “contribuye al esclarecimiento de los hechos aportando informes de inteligencia financiera que puedan dar soporte al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial de la Nación para que investiguen y recolecten la prueba necesaria para llevar un caso a juicio y obtener eventualmente una condena”. Excepcionalmente, puede participar como querellante en algunos casos.

“La inteligencia financiera es un trabajo complejo de análisis de diversas fuentes de información y datos, con colaboración de otras agencias y organismos, que pretende obtener con mucha celeridad la información necesaria para que quienes tienen a su cargo la persecución penal puedan actuar con mayor eficacia”, explicaron desde la UIF.

Agregaron: “Específicamente, los informes de la Unidad de Información Financiera son confidenciales y secretos, no tienen aptitud de ser llevados a un debate oral como elemento de prueba y su utilización debe ser extremadamente cuidadosa para evitar su divulgación o publicación, encontrándose sancionada penalmente su difusión, lo que en el presente caso genera una seria preocupación (Convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cláusula 7 y art. 22 Ley 25.246)”.

Ante la trascendencia pública de la información, la UIF aclaró: “No se puede brindar información específica del caso, sino antes bien poner en conocimiento el modo en que funciona el sistema y la manera en que, en razón de ello, se encuentra actualmente operando, destacando que en el caso se han cumplido con los procedimientos legalmente establecidos”.

“Lo acontecido es una muestra clara de la eficacia del sistema de prevención de financiamiento de terrorismo, de un trabajo de los sujetos obligados que han sido certeros en el monitoreo de las operaciones y han seguido los pasos institucionalmente previstos para poner en conocimiento de ello a esta Unidad de Información Financiera, que a su vez ha iniciado su análisis de inteligencia y ha dado también intervención a los organismos competentes del sistema de Justicia de la Nación”, informó la UIF.

LA NACION

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