Preocupación por el cierre de causas por corrupción contra jefes policiales

ROSARIO.– En la Justicia de Santa Fe comenzó una investigación interna que busca determinar quiénes y por qué dejaron que 17 causas por enriquecimiento ilícito contra jefes policiales estén a punto de prescribir o ya tengan como destino final el archivo.

La posibilidad de que supuestos actos de corrupción queden impunes se produce en medio de una nueva crisis de seguridad en Santa Fe, con la Unidad Regional I intervenida por orden del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tras un recrudecimiento de los homicidios en la capital provincial, donde hubo siete en una semana.

Lo llamativo es que los funcionarios del Poder Judicial se enteraron de que las causas corrían peligro de expirar a través de la prensa. La Corte Suprema y la Procuración abrieron sendos sumarios administrativos para detectar por qué esas causas no fueron investigadas.

Se les suma el Ministerio Público de la Acusación, que planteará como recurso "acudir a un apartado de la Constitución nacional que declara imprescriptibles los casos de grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento".

De las 17 causas, iniciadas entre 2008 y 2014, hay al menos 11 que estarían prescriptas o al borde de que se extinga el plazo de acción penal. Eso es lo que quieren ver ahora con mayor detenimiento en la Corte, porque podrían existir mecanismos para reactivar esas investigaciones, en las que en muchos casos hay peritajes contables hechos.

El escándalo se hizo palpable cuando en el Poder Judicial advirtieron que los procesos por supuesto enriquecimiento ilícito contra dos exjefes de la policía, como Osvaldo Toledo y Rodolfo Romero, habían prescripto. Notaron que no era una excepción: ninguno de los jefes policiales investigados en la última década fue condenado en la provincia por sus crecimientos patrimoniales desmedidos, desfasados respecto de sus ingresos.

El procurador, Jorge Barraguirre, y el ministro de la Corte Daniel Erbetta realizaron pedidos de informes para ver en qué estado están las causas que involucran a los jefes policiales. Y ahora se dio, como informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal, la apertura de un sumario para develar qué pasó. Es probable que no se puedan "rescatar" las causas que quedaron en un olvido supuestamente intencional, admiten en la Corte Suprema.

"Es una investigación administrativa para determinar las eventuales responsabilidades y luego se imputarían las faltas contra alguien específico", afirmó Barraguirre.

La sospecha que sobrevuela es que esos casos que se iniciaron en el viejo sistema procesal penal nunca fueron investigados con decisión y profundidad a la espera de que el paso del tiempo los llevara al cementerio judicial. "Estas causas estaban escondidas. Habrá sanciones si se detectan irregularidades", reconoció un ministro de la Corte.

Órdenes desoídas

Entre 2013 y 2017, en cuatro instrucciones, Barraguirre pidió a los fiscales de Cámara que las causas por supuesto enriquecimiento ilícito con jefes policiales involucrados tuvieran "prioridad" por su "trascendencia social".

El 7 de julio de 2017 le pidió en la instrucción particular N° 3 al fiscal de Cámaras de Rosario Guillermo Corbella que instruyera a los fiscales de estas causas "mantener una actitud proactiva" para poder "avanzar hacia la sentencia en forma adecuada y en un plazo razonable, brindándoles alta y permanente prioridad de atención".

En esa instrucción figuraban 17 expedientes con jefes policiales de la provincia acusados de enriquecimiento ilícito. Esas causas llegaron a los tribunales luego de que se iniciaran investigaciones en Asuntos Internos de la policía, en su mayoría por denuncias anónimas.

En esa lista figuran casos en los que están imputados jefes policiales y funcionarios que han tenido poder en la fuerza, como el extitular de la policía de Rosario Néstor Arismendi; el comisario retirado Juan Alberto Quesada; Daniel Moscatelli, que fue jefe de Investigaciones en la Regional IV, y José Luis Ramonda, numerario de la División Judiciales de la Regional II, entre otros.

De la nómina de 17 causas que la Fiscalía de Cámaras de Rosario recibió para que tuvieran prioridad, al menos tres ya prescribieron: el expediente 40/14, que tenía imputado al exjefe Toledo; el 134/12, cuyo protagonista era Rodolfo Romero, exjefe de la Regional de Villa Constitución, y la causa 935, que tenía como principal involucrado al exjefe de la Policía Ricardo Daniel Cáceres.

A Toledo, quien fue jefe de la policía entre 2009 y 2011, cuando asumió como gobernador Antonio Bonfatti y decidió reemplazarlo por Hugo Tognoli –otro comisario que tuvo problemas en la Justicia– le abrieron un sumario en Asuntos Internos por "crecimiento patrimonial" el 27 de noviembre de 2011, pero la denuncia fue radicada en los tribunales en 2014. La causa recayó en el juez Juan Carlos Vienna, que en ese momento estaba a cargo de la llamada causa de Los Monos.

El 16 de octubre de 2018 ese expediente, y otros 2500, pasaron al Ministerio Público de la Acusación, como parte del cierre del viejo sistema y la puesta en marcha del nuevo procedimiento penal de Santa Fe.

La defensa de Toledo, a cargo de Gustavo Feldman, pidió la prescripción de la causa, que avaló el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, encargado de gran parte de los expedientes provenientes del "viejo sistema".

En diálogo con LA NACION, el abogado Gustavo Feldman señaló: "La figura de enriquecimiento ilícito es inconstitucional. En esos casos no debió haber ni siquiera denuncia. No había inconsistencias patrimoniales, estuvo siempre demostrado. Y la cuestión de la prescripción es insoslayable, de orden público. Los sobreseimientos son justos".

Toledo nunca fue indagado, por lo que la fecha que se toma para la prescripción es cuando cesó en sus funciones en 2011. Como la pena atribuible era de seis años, la defensa sostuvo que en diciembre de 2018 la causa había prescripto. Esto fue avalado por el juez Juan José Alarcón, que intervino en otro caso con el mismo desenlace: el del exjefe de la Regional de Villa Constitución Rodolfo Romero.

Él sí fue indagado, pero cuando se presentó ante el juez, en septiembre de 2018, la defensa planteó que la causa ya había prescripto. La causa se había iniciado en 2012, tras una denuncia de Asuntos Internos, que había iniciado una investigación por enriquecimiento ilícito en 2007.

Por Germán de los Santos

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