Presos habrían filmado a sus carceleros robándo comida en la Unidad Nº 1 de Olmos
Investigan una red de corrupción en la cárcel de las afueras de La Plata
3 minutos de lectura'
LA NACION
Las pruebas no salieron de una oficina judicial ni de una auditoría oficial, sino desde adentro, desde los pabellones, de los propios internos. Con teléfonos celulares ocultos entre colchones y frazadas, un grupo de detenidos grabó lo que, según denuncian, sucede a diario en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Lisandro Olmos, en La Plata: comida destinada a los presos que nunca llega a los platos de los privados de la libertad. Productos secos que desaparecen. Carne que se desvía. Y un sistema que, por ahora, solo mira para otro lado.
La denuncia fue presentada ante la fiscal Betina Lacki, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 de La Plata. Allí se detalla un supuesto modus operandi corrupto que involucra a funcionarios penitenciarios de alto rango que estarían organizados para desviar alimentos provistos por el Estado y revenderlos en comercios cercanos al penal, ubicado en las calles 197 y 52.
Según explicó la fiscal Lacki a LA NACION, la denuncia evidenciaría que se habrían firmado “remitos por sumas en cantidades y kilos que nunca ingresaron en la unidad”, lo que alimentaría la hipótesis de que existiría una estructura interna aceitada, capaz de manipular documentación y logística sin dejar rastros visibles. Hasta ahora.
Lo que sí quedó registrado son videos. Fotos. Grabaciones de voz. Todo tomado desde celulares por los propios internos, que decidieron documentar la supuesta red de robo institucionalizado dentro del penal.
Según consta en la denuncia, algunos productos secos –como yerba, arroz o fideos– eran retirados de la cocina y vendidos en almacenes ubicados a pocos metros de la cárcel. Lo mismo ocurre con la carne y otros congelados. Pero aún no se sabe si habrían seguido otro destino, quizás hacia frigoríficos o almacenes. Las sospechas no son nuevas, pero las acusaciones ahora tienen respaldo audiovisual.
La reacción de las autoridades del penal no se hizo esperar. Entre el 23 y el 30 de junio se ordenaron requisas sorpresivas y aleatorias, que según los internos tuvieron un objetivo claro: encontrar y sacar de circulación los celulares con los que se habrían grabado las pruebas. A eso se sumó –de acuerdo a la denuncia– una represalia directa: el traslado de los “presos marcados” a otras dependencias carcelarias, lejos de sus familiares.
Cansados de la falta de respuesta administrativa o penal frente a anteriores reclamos, la decisión de filmar y exponer las maniobras representó para los internos una jugada arriesgada, pero calculada: llevar el caso a la Justicia para que la impunidad no se mantenga entre muros.
Con el expediente presentado, los denunciantes apuntan a una hipótesis aún más grave: la de una posible asociación ilícita dentro del penal, integrada por personal penitenciario. Por el momento, no hay detenidos ni sanciones administrativas, pero las pruebas ya están en manos de la fiscalía.
LA NACION
Más leídas de Seguridad
1El tribunal del nuevo juicio por la muerte de Maradona debutó en una audiencia con fuerte cruces
2Arrestaron en Colegiales a un peluquero paraguayo por abusar de dos menores
3Aumentaron los golpes contra el narcomenudeo en las villas porteñas
4Dos fiscales de San Isidro investigan al juez denunciado por acoso sexual y laboral
