Procesan y embargan por $1000 millones a los secretarios del fiscal acusado de ser jefe de una asociación ilícita

Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, fueron procesados con prisión preventiva acusados de ser los organizadores de una asociación ilícita y de la tenencia de estupefacientes para su comercialización. Además, se trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos.

Así lo resolvió la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en una resolución de 466 páginas firmada hoy donde, además de Jarisch y Santivitale, procesó a otros 13 imputados, entre ellos diez uniformados de la policía bonaerense.

De los 15 procesados, 14 continuarán detenidos con prisión preventiva. El único de los investigados que fue excarcelado es Matías Pedersoli, un abogado de 35 años que se puso a disposición de la Justicia el jueves pasado, después de estar tres semanas prófugo, y se convirtió en imputado colaborador.

El presunto jefe de la asociación ilícita, según un dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez, es el suspendido fiscal Claudio Scapolan (superior inmediato de Jarisch y Sanvitale), que hasta el 24 del mes pasado estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación en su contra tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.

Scapolan no fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros. Su declaración indagatoria fue postergada en dos oportunidades. El 1° de este mes, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, después de una solicitud realizada por el procurador general Julio Conte Grand, le otorgó a Scapolan una licencia de 90 días sin goce de sueldo.

Según un dictamen del fiscal Domínguez, la asociación ilícita supuestamente liderada por Scapolan se dedicaba a extorsionar a familiares de personas condenadas en causas por narcotráfico: les exigían dinero a cambio de no detenerlos.

Además, una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de estupefacientes, con un valor cercano a los US$ 2.800.000.

Entre los diez policías procesados con prisión preventiva hay comisarios mayores, comisarios, subcomisarios, oficiales y un teniente primero retirado, según se desprende de la resolución firmada por Arroyo Salgado.

La causa comenzó el 14 de junio de 2016 cuando una persona se presentó en la fiscalía de Domínguez, entregó un escrito y pidió que se mantenga en reserva su identidad. "El fiscal Scapolan es el jefe de una organización compuesta por policías que se dedican a extorsionar narcotraficantes fraguando [sic] causas…", sostuvo el denunciante.

Fue ese el inicio de un expediente judicial que derivó en una investigación que, cuatro años después de la denuncia original, provocó cimbronazos en el mundo judicial. El 24 del mes pasado, la jueza Arroyo Salgado ordenó un allanamiento en el histórico edificio de tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340. El operativo estuvo a cargo de detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

Abuso de poder y corrupción

"Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos", se consignó en la resolución firmada por la jueza Arroyo Salgado.

La magistrada explicó que el principal objetivo de la asociación ilícita investigada fue la "sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales, e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia".

El embargo millonario ordenado para Arroyo Salgado también alcanzó a Juan José Magraner, que hasta su detención era el jefe de la Delegación Azul de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, y al comisario Roberto Okurzaty. A los dos uniformados también se les trabó un embargo hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos.

Los otros 11 procesados sufrieron embargos sobre sus bienes hasta cubrir los $500.000.000. La causa tiene todavía prófugos a varios policías y dos abogados.