Escándalo judicial: acusan a la "banda del fiscal" de regentear el narcotráfico

"La corrupción no es solo el dinero público que desaparece en bolsillos privados. El dinero es importante, pero no es lo más importante. La corrupción va mucho más allá, se extiende y se ramifica. La corrupción consiste en su sentido amplio en echar a perder, depravar o pudrir". La definición le pertenece al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en la descripción inicial que hizo en un dictamen de 245 páginas en el que analizó la estructura de una asociación ilícita dedicada al robo de cargamentos de cocaína y a las extorsiones a presuntos narcotraficantes o familiares de los sospechosos. Y no se trata de una asociación ilícita más. Según el expediente judicial, la supuesta empresa criminal está integrada por funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados que defienden a vendedores de drogas.

El presunto jefe de la organización criminal, según la imputación que hizo Domínguez, es el fiscal Claudio Scapolan, que hasta la semana pasada estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación en su contra tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.

Dos de los secretarios de Scapolan, Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, están detenidos desde la semana pasada por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Domínguez y el viernes de la semana pasada encomendó a detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) 35 allanamientos. Uno de los procedimientos fue en oficinas del edificio de los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, y otro, en la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de Martínez. En esa dependencia policial se encontraron dos kilos de marihuana que estaban ocultos en la terraza.

"Puede que a los imputados no los uniera el afecto, pero sí un interés común", afirmó el representante del Ministerio Público y explicó que los funcionarios judiciales y policías bonaerenses investigados hacían procedimientos que, "revestidos de legalidad, buscaban el beneficio personal de los integrantes de la organización". En su dictamen, Domínguez hizo referencia a la "gravedad institucional" del caso.

Según de desprende del expediente judicial, la supuesta asociación ilícita operó, al menos, entre 2012 y 2015. "La organización criminal, integrada por funcionarios judiciales y policías, valiéndose precisamente de las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, las utilizaron de manera tergiversada con el objeto de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico, al que estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin", afirmó el fiscal Domínguez en el expediente.

El modus operandi

Una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de estupefacientes, con un valor cercano a los US$ 2.800.000.

Oficialmente solo se informó el secuestro de media tonelada de cocaína. El operativo, que se dio a conocer en diciembre de 2013, fue conocido como Leones Blancos y en la presentación ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y detectives de la policía bonaerense.

Los otros 520 o 560 kilos de cocaína robados a la banda de narcotraficantes terminaron en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un salón de fiestas de Quilmes, que pertenecería a unos de los policías investigados.

Ese uniformado, según la investigación del fiscal Domínguez, es el oficial Adrián Baeta, que en la actualidad se encuentra prófugo.

En el operativo Leones Blancos hubo un sinfín de irregularidades, desde una falsa llamada anónima que dio origen a la causa hasta testigos del procedimiento que usaron identidades falsas.

"El fiscal [por Scapolan] me dijo que me fijara bien que no haya cámaras en la zona que pudieran ver [grabar] los movimientos que se hacían y que bajara la cocaína que se iba a secuestrar y que la otra la pusiera en la camioneta. Eso me lo dijo el fiscal. Se iba a separar la droga. La mitad iba a ir al piso para el secuestro, lo que iba a ir en el acta del procedimiento. La otra mitad la tuvimos que cargar en la camioneta Chevrolet S10. Eran unos bolsos azules con manijas negras, entre 26 y 28 bolsos de 20 kilos. Me los iba pasando Baeta", sostuvo un imputado que declaró como arrepentido, según el expediente judicial.

Uno de los allanamientos ordenados por la jueza Arroyo Salgado fue en un inmueble de Santa Clara del Mar donde habría sido trasladada la cocaína. Fuentes judiciales explicaron que el propietario de ese inmueble, amigo de Baeta, supo con anterioridad del procedimiento.

"Lo llamó Baeta para avisarle que lo iban a allanar. Es decir que alguien filtró la información sobre los procedimientos", explicó a LA NACIÓN una fuente judicial.

Macetas robadas

La asociación ilícita no solo robaba droga a los narcotraficantes. También, según testimonios incorporados al expediente judicial, se apoderaban de todo lo que podían en los domicilios allanados: dólares, alhajas, muebles, electrodomésticos, máquinas para cortar el césped, bicicletas de niños y hasta macetas.

Al robo de cargamentos de cocaína, la sustracción de bienes en los allanamientos y las extorsiones a narcotraficantes para no detenerlos, los investigadores sumaron testimonios de presiones y amenazas del fiscal Scapolan durante las audiencias.

"Fue un audiencia complicada en la que todo el tiempo nos intentaban presionar tanto a mí como a mi cliente. En reiteradas ocasiones le tuve que decir a mi cliente que no tuviera miedo porque Scapolan le decía que lo piense bien. Era una actitud muy amenazante de Scapolan y de desprecio y menosprecio hacia mí", sostuvo un abogado en su declaración como testigo.

Para Domínguez, los funcionarios judiciales y los policías investigados han "usado" y "abusado" de las facultades que les da la ley para cometer toda clase de delitos "corrompiendo" todo lo que "pasaba por sus manos".

Según el fiscal a cargo de la investigación, Scapolan, sus secretarios y los uniformados bajo sospecha se "erigieron en actores relevantes en la cadena de tráfico de drogas".