Procesaron a Pequeño J: narcotráfico, violencia y explotación sexual, la trama detrás del triple crimen en Florencio Varela

Los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, es un “caso paradigmático de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género en un contexto de criminalidad organizada que involucra el narcotráfico y la explotación sexual”.

Así lo sostuvo el juez federal de Morón Jorge Rodríguez al procesar con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, un ciudadano peruano de 20 años, que hizo “aportes esenciales” para concretar los asesinatos de Verdi, de 20 años, Del Castillo, de 20 y de Gutiérrez, de 15, ocurridos en septiembre pasado.

“Ahora bien, habré de decir que del material probatorio reunido surge que el imputado [por Pequeño J] integraba la organización criminal investigada y que su intervención fue consciente, voluntaria y funcional al plan delictivo común”, sostuvo el magistrado en una resolución firmada hoy y a la que tuvo acceso LA NACION.

Pequeño J fue procesado por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí. Se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos.

“Se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas", se sostuvo en el auto de procesamiento, que también lleva la firma del secretario penal Ignacio Calvi.

Las víctimas fueron vistas por última vez a las 21.30 del 19 de septiembre pasado, cuando en Quila y El Tiburón, en Ciudad Evitar, en La Matanza, se subieron a una camioneta marca Chevrolet blanca. Pensaban que iban a una fiesta. Pero era una trampa. Fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela. Las mataron esa misma noche.

El móvil detrás del triple crimen habría sido, se supone, una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína que habría protagonizado un conocido de una de las víctimas.

“La intervención de Valverde Victoriano parece objetivamente vinculada al resultado final, habiendo actuado con conocimiento del plan común y aceptando la posibilidad —cuando no la finalidad directa— de causar la muerte de las víctimas", se sostuvo el procesamiento de Pequeño J.

Al fundamentar los agravantes acreditados , el juez Rodríguez explicó: “La alevosía se encuentra acreditada por el estado de indefensión absoluta en el que se encontraban las víctimas, privadas de su libertad, maniatadas y sometidas por una pluralidad de agresores. El ensañamiento surge del incremento deliberado e innecesario del sufrimiento, mediante la producción de múltiples lesiones antes de causar la muerte, y la violencia de género resulta aplicable en tanto los hechos se inscriben en un contexto de violencia extrema ejercida contra mujeres en situación de vulnerabilidad, conforme los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Pequeño J no fue el único sospechoso detenido Perú. Otro de los supuestos partícipes del triple crimen también fue capturado en Lima. Se trata de Matías Ozorio.

Una de las últimas medidas que había tomado el primer fiscal de la causa, Gastón Duplaá, fue pedir la captura internacional de Ozorio, solicitud que fue avalada por el juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara.

“Entre los días viernes pasado [por el 19 de septiembre pasado], aproximadamente entre las 22.30, y el martes último [por el 23 de septiembre], aproximadamente a las 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Pequeño J y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”, se había explicado en un oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislatura del Ministerio de Seguridad Nacional con la orden de captura nacional e internacional de Ozorio, cuando el sospechoso estaba prófugo. Era un resumen de la causa.

Tras pedir la captura internacional de Ozorio, el fiscal Duplaá dejó la causa y el expediente pasó a manos de Adrián Arribas, a cargo de una fiscalía especializada en la investigación de homicidios, pero cuando se determinó que el móvil del triple crimen podía estar vinculado al narcotráfico, el caso pasó al fuero federal con la intervención del juez Rodríguez.

Al fundamentar el dictado de la prisión preventiva, el magistrado explicó: “La escala punitiva prevista para los ilícitos por los que deberá responder Valverde Victoriano, entiendo que, para el caso de que resulte condenado, la pena que podría recaerle sería de efectivo cumplimiento [prisión perpetua]. Entonces, la valoración de los hechos, la gravedad y naturaleza de los delitos, las circunstancias particulares de los mismos y la personalidad de los imputados son las pautas que determinarán la existencia del llamado ‘riesgo procesal’ entendiendo así la posibilidad de fuga y la presunción de que los imputados intentarán eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.

Por Gabriel Di Nicola

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