“¿Qué sistema penitenciario queremos para nuestra Ciudad?”, el debate que se hizo en la Legislatura
Especialistas en la materia expusieron ante la Comisión de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena
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LA NACION
En noviembre pasado, los gobiernos nacional y porteño acordaron traspasar a la Ciudad las unidades del Servicio Penitenciario con jurisdicción en la Capital. El mes pasado, terminó un “debate plural” en la Legislatura local que buscó consensos bajo la consigna “¿Qué sistema penitenciario queremos para nuestra Ciudad?”.
La iniciativa, a cargo de la Comisión de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena de la Legislatura porteña, presidida por la diputada Graciana Peñafort (Unión por la Patria), debatió ideas y posiciones para el tratamiento parlamentario de los proyectos que crean el sistema penitenciario de la Ciudad.
“Buscamos el mejor sistema posible, sobre bases democráticas y garantistas”, sostuvo Peñafort.
El debate, que tuvo tres jornadas, comenzó el 15 de julio último y finalizó el viernes pasado.
En la última jornada participaron Ariel Cejas Meliare, procurador Penitenciario Adjunto de la Nación; Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad; Gustavo Palmieri, autoridad del Comité Nacional de Prevención de la Tortura; Claudia Cesaroni, abogado e integrante de Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc); Leonardo Pitlevnik, director del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y los legisladores Claudia Neira y Matías Barroetaveña.
“A lo largo del ciclo, se consolidó un consenso transversal: la conducción del servicio debe ser civil y la administración de la pena es indelegable, con rechazo a la privatización por sus malos resultados en control, costos y respeto de derechos. Se propuso una carrera profesional específica, separada de lógicas policiales y mecanismos de control externos con capacidad de incidencia. Este enfoque, señalaron, permite ordenar la gestión con criterios de legalidad, transparencia y evaluación pública. Otra conclusión clave fue orientar el sistema a la reinserción y a la reducción de la reincidencia mediante regímenes abiertos y alternativas al encierro. Se subrayó la necesidad de fijar estándares de habitabilidad y cupo, con reglas de descompresión automáticas que eviten permanencias en comisarías y alcaidías”, se informpo en un comunicado de prensa.
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