Quedaron en libertad los hermanos Juliá, los dos condenados por el caso del narcojet
LA NACION
Son hermanos y protagonistas de unas de las historias más escandalosas de tráfico de estupefacientes entre la Argentina y España. El hecho se conoció como "el caso del narcojet" y ellos, Gustavo y Eduardo Juliá, fueron condenados en 2013 a la pena de 13 años de cárcel, al ser declarados culpables del contrabando de 944,5 kilos de cocaína ocultos en un lujoso avión privado que aterrizó en el aeropuerto de El Prat, Barcelona, el 2 de enero de 2011. Ahora, cerca de que se cumpla una década del descubrimiento de la droga, la causa ya no tiene detenidos. Ambos fueron beneficiados con la libertad condicional.
Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. Eduardo Juliá, que es piloto de avión y abogado, ya está con su familia en su casa de un conocido country en la zona de Troncos del Talar, cerca de Nordelta, y se lo pudo ver en alguna historia de Instagram que publicó su hija. Está en libertad condicional desde el 1° de septiembre pasado, cuando la Justicia autorizó su salida de la cárcel federal de Marcos Paz. Tiene 60 años y había sido extraditado por las autoridades españolas en marzo de 2017.
"Después de muchos años en prisión, Eduardo está disfrutando de la compañía de sus hijos", sostuvo a LA NACION alguien que lo conoce desde hace tiempo.
A su hermano Gustavo, que fue quien firmó el contrato de leasing del jet Bombardier Challenger 604 donde fue ocultada la droga para su tráfico al Viejo Continente, le otorgaron la libertad condicional pocos meses después. Según pudo averiguar LA NACION, continúa en España.
Ambos eran hijos del brigadier general José Juliá, que llegó a ser jefe de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem.
El primero de los involucrados en el caso que recuperó la libertad fue el piloto Matías Miret, el único que resultó absuelto en el juicio realizado en Barcelona entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Siempre sostuvo que desconocía la existencia de la carga ilegal oculta en el lujoso jet privado.
El 4 de diciembre de 2012, durante la primera audiencia del juicio oral y público ante la Audiencia Provincial Sección Octava de Barcelona, dos oficiales de la Guardia Civil española que participaron de la requisa de la aeronave a poco de que tocara tierra catalana complicaron a los hermanos Juliá y beneficiaron a Miret.
Los uniformados, que en el juicio solo fueron identificados con códigos alfanuméricos, recordaron que cuando fue descubierta la cocaína dentro del avión, Gustavo Juliá les pidió disculpas a su hermano y a Miret.
"Gustavo asumió la culpa", dijo durante su declaración testimonial en el juicio el oficial identificado como K44687Q.
El mismo testigo agregó que cuando subió a la aeronave con un perro para hacer la inspección, los hermanos Juliá se pusieron nerviosos, mientras que Miret, que había operado en el vuelo como copiloto, tuvo una actitud distinta e incluso se puso a jugar con el can.
Viaje con escalas, directo a la cárcel
El escándalo de los 944,5 kilos de cocaína ocultos en el Bombardier Challenger 604 fue descubierto por la Guardia Civil el 2 de enero de 2011, cuando el lujoso jet aterrizó en El Prat.
La droga secuestrada estaba oculta en dos falsos sofás-cama que estaban enfrentados, de espaldas a las ventanillas, y en un armario colocado en el fondo del avión.
El avión, que supuestamente iba a transportar obras de arte y documentación bancaria desde España hacia la Argentina, había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza la noche del 1° de enero de 2011 y antes de aterrizar en Barcelona hizo una escala en la Isla de Sal, en Cabo Verde, archipiélago de origen volcánico del África Occidental, en el Atlántico Norte.
Desde Ezeiza hasta Isla de Sal, el jet fue piloteado por Miret. En la escala, de una hora, mientras Gustavo Juliá, que en el manifiesto de viaje figuraba como pasajero, pagaba el combustible y otros gastos, Eduardo Juliá bajó del avión para fumar un cigarrillo, según pudo reconstruir LA NACION. Fue un viaje normal hasta el aterrizaje y la inspección de los uniformados catalanes. Cuando irrumpió la Guardia Civil, Eduardo Juliá preguntó: "¿Qué hacen?". Como respuesta, él, su hermano y Miret fueron trasladados, detenidos, a la cárcel modelo de L’Eixample, en Barcelona.
La investigación posterior desarrollada en España y en la Argentina determinó que la droga había sido cargada en el avión en el aeródromo de Morón, donde el jet estuvo desde el 6 de noviembre de 2010 (al día siguiente de que Gustavo Juliá firmara en Oklahoma, EE.UU., el contrato de
Durante el debate, la defensa de los hermanos Juliá buscó, sin éxito, la nulidad de la requisa del avión para que se cayeran la investigación y la causa.
El 5 de diciembre de 2012, en su alegato (que en España llaman "conclusiones del debate"), el fiscal David Benages había sostenido que los acusados cumplían una función fundamental dentro de una "planificación estricta y meticulosa de custodia y transporte de los casi 1000 kilos de cocaína.
El representante del Ministerio Público acusó a los hermanos Juliá de cometer "un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de extrema gravedad por el uso de un aeronave como medio de transporte específico". Y afirmó: "Hubo una planificación estricta y meticulosa. Todo el proceso estuvo bajo la dirección de Gustavo Juliá. Un cargamento de 944,5 kilos de cocaína, valuado en 32.116.000 de euros, no se abandona en un avión sin control alguno de las personas que las transportan y de la ruta aérea elegida".
En contra de los Juliá, la Justicia catalana ponderó dos viajes previos que habían realizado a España, a los que se atribuyó la presunta intención de estudiar las rutas de llegada a ese país.
Para el fiscal, si no hubieran sido descubiertos por la Guardia Civil al tocar tierra en el aeropuerto internacional de El Prat, los vuelos con droga se hubiesen repetido. "Tenían una vocación de seguir, si es que este viaje terminaba con éxito", concluyó el representante del Ministerio Público en su alegato.
Si bien nunca se los pudo identificar, una investigación a cargo del juez en lo penal económico argentino Alejandro Catania descubrió que dos meses antes de ser detenido en Barcelona, Gustavo Juliá había alquilado un departamento en el barrio porteño de Retiro donde se habrían hospedado los presuntos representantes de los dueños del cargamento de cocaína. Se trataba de tres ciudadanos colombianos.
En el juicio, Gustavo Juliá no hizo ninguna referencia a sus huéspedes de honor.
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