Abuelo pedófilo: la cara oculta de un vecino de Vicente López y bancario jubilado, acusado de explotación sexual infantil

Fue detenido en una casa del Delta bonaerense en el marco de una megacausa con allanamientos en distintos puntos del país. Le imputaron el delito de “tenencia con fines inequívocos de distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil”. J. C. F. tiene 65 años, es empleado bancario jubilado y es abuelo. Sus nietos son menores de edad. Se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal de San Isidro Gonzalo Acosta.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. J. C. F. es uno de los 21 imputados de la investigación Red Federal en Alerta, que permitió desbaratar una organización que distribuía imágenes de explotación sexual infantil.

El martes pasado, el Ministerio Público Fiscal porteño informó sobre los allanamientos hechos en los barrios de Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristóbal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati, Villa Lugano y Caballito, en la ciudad de Buenos Aires; y en las provincias de Misiones, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán. En los operativos secuestraron miles de dispositivos que contenían unos 12.000 archivos con contenidos de abuso sexual infantil

En Río Negro fueron imputadas dos personas. Una de ellas fue identificada como Emiliano Gatti, un reconocido conductor de Canal 10 de esa provincia.

“No tengo nada que ver. No soy un pedófilo ni un pederasta. Estoy viviendo una pesadilla terrible, que no se la deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia”, afirmó Gatti ayer en una conferencia de prensa, según publicó el diario Río Negro.

El fiscal Acosta tiene a su cargo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro y estuvo a cargo de la investigación que llevó a prisión a J. C. F., un vecino de Vicente López de 65 y empleado bancario jubilado.

“A J. C. F. se le imputó el delito de tenencia con fines inequívocos de distribución y la facilitación de material de abuso sexual infantil, ambos agravados por resultar las víctimas menores de 13 años”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Anteayer, cuando se hicieron en forma simultánea todos los procedimientos, la policía bonaerense allanó dos propiedades vinculadas al empleado bancario jubilado: su domicilio de Florida, en Vicente Lópéz, y una casa en el Delta bonaerense.

Ninguno de los vecinos de la J. C. F. imaginó que esa persona que conocían como un empleado bancario jubilado detrás de las puertas de su casa se dedicaba a facilitar en la Web imágenes de explotación sexual infantil. Para todos fue una sorpresa cuando vieron a los policías que encabezaron el allanamiento.

“Él fue detenido en el Delta. Pero en ambas propiedades se secuestraron CD´s con archivos con contenido explícito de explotación sexual infantil. Por la cantidad de dispositivos electrónicos que se le secuestraron en ambos domicilios parecería tener conocimiento en informática”, sostuvo una fuente del caso.

Por la prueba reunida hasta el momento, se sospecha que J. C. F. facilitó 153 archivos con contenido de explotación sexual infantil.

“Se le secuestró una lista con nombres que harían referencia, en principio, a material de abuso sexual infantil”, sostuvo un detective del caso.

Fuentes de la causa explicaron que la operación comenzó con el trabajo conjunto de autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, que facilitó la firma de un acuerdo para utilizar el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña (Ufedyci), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, se originó la operación “Red Federal en Alerta”, en la que se investiga a usuarios radicados en la Argentina que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil.

“La Operación Red Federal en Alerta tuvo como objetivo combatir el tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio”, explicaron fuentes judiciales.