
Robo de película: se llevaron del Banco Nación US$ 1.500.000 y no irían a prisión
El dinero estaba en una caja de seguridad en la casa matriz de un banco oficial y pertenecía a la empresa del Estado Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara); hay cuatro acusados que recibirían una pena de tres años en suspenso
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Es la historia de un robo millonario, casi perfecto. La investigación tuvo un giro inesperado cuando se presentó un testigo que develó quién era el misterioso hombre de traje oscuro, camisa blanca, cabello engominado y bolso colgado en el hombro que ingresó en la casa matriz del Banco Nación, a pocos metros de la Casa Rosada y, haciéndose pasar por el gerente de Administración y Finanzas de la Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara), retiró 1.580.874 dólares que la empresa tenía guardados en una caja de seguridad de la entidad bancaria.

El testigo clave aportó, con lujo detalles, no sólo el nombre de la persona que ingresó en el sector de cajas de seguridad del Banco Nación y, con una llave duplicada, retiró el dinero que había en tres cofres. También entregó la identidad de otros dos sospechosos que, para la Justicia, fueron parte del plan criminal.
Si bien el millonario robo ocurrió hace casi 11 años y medio, el 27 de marzo de 2003, la causa entró en la etapa del juicio oral y público. En el banquillo de los acusados hay cuatro personas procesadas del delito de peculado (malversación de caudales públicos, ya que Coviara es una sociedad del Estado) y que prevé una pena de prisión o reclusión de entre dos y diez años.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Enrique Pose. El Ministerio Público está representado por el fiscal Horacio Azzolin.
El abogado Juan Martín Cerolini, que defiende a Diego Sala, el acusado de haber sido quién ingresó en el Banco Nación y se llevó en un bolso los 1.580.874 dólares de Coviara, presentó un pedido de juicio abreviado.
Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, ahora el TOF N° 4 deberá definir si homologa el acuerdo de juicio abreviado al que llegó el fiscal Azzolin, con lo defensa de los cuatro procesados donde los acusados aceptaron su culpabilidad a cambio de una pena de prisión de tres años en suspenso.
La causa fue instruida por el juez federal Ariel Lijo y por el fiscal Germán Pollicita. Además de Sala están acusados Claudio Brindesi, que era gerente de Coviara en el momento de los hechos y uno de los pocos autorizados en acceder a la caja de seguridad, Diego Trimarco y Rubén Pieragostini.
"Existen en la causa numerosos elementos objetivos que señalan que Brindesi, desde su cargo destacado de gerente de Administración y Finanzas, tuvo una intervención esencial en la organización y concreción del hecho que se le imputa", afirmó el fiscal Pollicita en su requerimiento de elevación a juicio, al que LA NACION tuvo acceso.
Según el dictamen del fiscal, Sala "haciendo uso de los datos proporcionados por Brindesi, fue quien simuló tener la identidad del gerente de Administración y Finanzas de Coviara, ingresó como personal de la empresa donde, mediante el empleo de un duplicado de la llave, sustrajo la totalidad del dinero depositado, para repartirlo luego entre todos los integrantes de la organización".
Para Pollicita, el rol de Trimarco y de Pieragostini fue "contactar a Sala y a Brindesi, y organizar junto a ellos el modo de ejecución de la operación".
Según consta en la causa judicial, el robo fue advertido sólo el 21 de abril de 2003, cuando el vicepresidente, el jefe de finanzas y el tesorero de Coviara fueron al Banco Nación a "incorporar nuevos valores". Cuando abrieron la caja de seguridad N° 4 y tomaron el cofre, el vicepresidente "notó que el mismo se encontraba bastante liviano con relación al peso habitual, que normalmente tenía que ser operado por dos personas debido a su peso".
Acto seguido, el directivo advirtió que el candado que se le había puesto al cofre estaba violentado y que faltaban tres cajas metálicas propiedad de Coviara con el dinero. También notó la ausencia de otros billetes que habían sido guardados en sobres de papel madera.
A fines de septiembre de 2003 fueron detenidos Brindesi y una persona identificada por fuentes judiciales como Adolfo Garnería, acusado de ser quién entró en la casa central del Banco Nación. Ambos fueron excarcelados después de estar siete días presos. Con el avance de la investigación y el aporte del testigo clave, Garnería fue sobreseído.
El testimonio que orientó a los investigadores fue el de una persona llamada Alejandro Canale, que comenzó su relato al nombrar a Trimarco, que conocía desde 1991. El testigo contó que después de varios años sin verlo, el acusado se acercó a su taller mecánico y le contó que había vendido al exterior los derechos de una película del "Che" Guevara. En junio de 2003 alquilaron juntos un local en San Miguel, donde instalaron una casa de repuestos de vehículos Chevrolet.
Días después, según el testimonio de Canale, Trimarco le contó que en realidad el dinero no "provenía de la venta de los derechos de la película", sino de un negocio que había hecho con Sala, apodado "Fido".
De a poco, según la declaración testimonial, el acusado le contó todos los detalles del robo millonario a Canale. Hasta le dijo que a Pieragostini le pagaron 400.000 dólares, que Trimarco recibió US$ 50.000 y le quedaron debiendo otros US$ 100.000 y que a la persona encargada de hacer el duplicado de la llave de la caja de seguridad le entregaron US$ 200.000. "Sala se quedó con 450.000 dólares", sostuvo Canale.
La incógnita que siempre quedó entre los investigadores fue el motivo que llevó al testigo clave a contar con lujo de detalles el millonario robo. Una hipótesis es que no quiso estar en nada vinculado con el hecho y temió que lo pudieran acusar de encubrimiento. Otro motivo podría ser la bronca porque tuvo que cerrar el negocio que había abierto en San Miguel porque Trimarco nunca le dio el dinero que le había prometido cuando acordaron asociarse.
Lo cierto es que pasaron más de 11 años y el millonario botín nunca apareció.
Plan para evitar la impunidad
El testigo clave, Alejandro Canale, no sólo aportó los datos de las personas que habrían participado en el millonario robo de la caja de seguridad de la empresa del Estado Construcción de Vivienda (Coviara), también contó detalles de las inversiones que hicieron los acusados poco después del hecho. Según sostuvo Canale y comprobó la División Fraudes Bancarios de la Policía Fdeeral, Diego Sala había alquilado un campo entre Pinamar y Mar de Ajó de cuatro hectáreas donde pretendía instalar un complejo turístico con restaurante y alojamiento. Según se desprende de la causa judicial, en el proyecto Sala habría invertido entre 120.000 y 150.000 dólares.






