Santa Fe celebra su mínimo histórico de homicidios mientras el crimen organizado apunta hacia arriba

ROSARIO.- En el primer trimestre de este año, Santa Fe registró 35 homicidios dolosos. En el mismo período de 2023 habían sido 121 asesinatos. La caída del 70 por ciento muestra que la violencia descendió, aunque las organizaciones que se dedican al crimen organizado y al narcotráfico siguen activas, incluso, desde las cárceles, como la llamada banda Los Menores. En el momento de mayor violencia en las calles, en 2022, la provincia había acumulado más de 400 crímenes en doce meses.

El crimen organizado cambió de estrategia, una mutación que puede ser más peligrosa que la oleada de balas que dejó cientos de cadáveres en las esquinas del cordón oeste y en los pasillos de los barrios del sur de la ciudad durante la última década y media. El gobierno provincial y nacional celebran estas estadísticas favorables, aunque en paralelo se acumulan señales que apuntan a otra dirección: el narcotráfico ya no dispara tanto hacia adentro. Ahora apunta hacia arriba.

El plan de seguridad que lleva adelante el gobierno de Maximiliano Pullaro descansa sobre tres pilares. El primero es el control carcelario. Durante años, los jefes narcos gobernaron sus territorios desde las celdas: daban órdenes de muerte, coordinaban cobros de extorsiones y manejaban la logística del tráfico mientras los sistemas penitenciarios hacían la vista gorda o eran directamente cómplices. El régimen de aislamiento para presos de alto perfil cortó, al menos parcialmente, esa cadena de mando. Este año se sumarán 1152 nuevas plazas en la unidad conocida como “El Infierno”, en Piñero, diseñada específicamente para alojar a los detenidos que más daño generaban desde el encierro.

El otro punto fuerte es la recuperación territorial de la policía. La multiplicación por diez de efectivos y patrulleros en las calles, combinada con la plataforma de inteligencia artificial Lince aplicada al sistema de videovigilancia, transformó la ecuación de riesgo para quien quiere matar en la vía pública. Matar cuesta más caro que antes. No en términos morales —el crimen organizado hace tiempo que resolvió esa ecuación—, sino en términos operativos: hay más cámaras, más patrulleros, tiempos de respuesta más cortos del 911.

Otro aspecto clave es la persecución penal. La desfederalización del narcomenudeo, la reforma del Código Procesal Penal y la creación de un área de inteligencia provincial permitieron cerrar el círculo de impunidad que durante años protegió a los operadores del narco. El sistema de recompensas por los delincuentes más buscados completó el esquema con una herramienta clásica pero efectiva.

El departamento Rosario cerró el primer trimestre con 23 homicidios. La Capital, con 7. Son cifras que habrían parecido fantasiosas hace tres años. Sin embargo, en esos mismos meses en que los homicidios caían a mínimos históricos, otra película se desarrollaba en paralelo.

La banda conocida como Los Menores —la organización criminal que emergió de las entrañas de Los Monos y que hoy disputa territorios en varios barrios de Rosario— protagonizó una secuencia de hallazgos que dejó en evidencia el nivel de armamento que circula entre sus integrantes: fusiles de asalto, pistolas de alta capacidad, munición de guerra.

Los operativos sobre células vinculadas a esta estructura revelaron un poder de fuego que está muy por encima de lo que se necesita para pelear por una esquina de venta de drogas. Ese armamento no es para los rivales del barrio de enfrente. Es para otra cosa.

Los crímenes vinculados a Los Menores durante el primer trimestre de 2026 mantuvieron la lógica que caracteriza a las organizaciones narco en proceso de consolidación: ataques selectivos, mensajes intimidatorios, ejecuciones que buscan imponer autoridad más que saldar cuentas inmediatas. El número de muertos baja, pero la sofisticación de los ataques sube. Es el signo de una organización que ya no necesita demostrar presencia con un alto volumen de violencia, sino que puede administrarla con mayor precisión.

En las últimas semanas, el gobierno provincial debió reorganizar el esquema de custodia del gobernador Maximiliano Pullaro. La razón no fue protocolar ni administrativa: las alertas de inteligencia indicaron que existía un plan concreto para matarlo. La información fue tomada con la suficiente seriedad como para modificar rutinas, reforzar el anillo de seguridad y activar mecanismos que en circunstancias normales permanecen inactivos.

No es la primera vez que en la historia del narcotráfico argentino un funcionario de alto rango se convierte en objetivo. Pero el dato tiene un peso específico que va más allá del riesgo personal: significa que alguna fracción del crimen organizado santafesino consideró que era posible, y deseable, eliminar al principal responsable del plan de seguridad que los está acorralando. Es, en cierto sentido, el reconocimiento más brutal de que el plan está funcionando. Y también la advertencia más clara de hasta dónde están dispuestos a llegar.

Rosario tiene una larga historia de mensajes narcos dirigidos al Estado. Las amenazas contra fiscales, jueces y periodistas son parte del paisaje desde hace más de una década. Pero apuntar al gobernador implica un salto cualitativo que las estadísticas de homicidios no registran. Ninguna planilla de Excel captura la tensión política que genera saber que los jefes del crimen organizado evalúan si vale la pena matar al hombre que encabeza el Estado provincial.

Entre 2020 y 2023, el problema de Rosario era de cantidad: demasiados muertos, demasiada violencia aleatoria, demasiados cuerpos en las veredas de barrios que el Estado había abandonado a su suerte. Era una crisis humanitaria que se medía en cifras y se fotografiaba en velorios.

El problema de hoy es de “calidad”. Quién muere, quién es amenazado, qué estructura decide ejecutar un ataque y con qué objetivo. Una ciudad puede tener pocos homicidios y al mismo tiempo vivir bajo la presión de una organización criminal lo suficientemente sofisticada como para planificar el asesinato de su gobernador. Esas dos realidades no se contradicen: conviven.

Por Germán de los Santos

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