Seis de cada diez veredictos señalaron la culpabilidad de los acusados en la primera década de juicios por jurados
La Suprema Corte bonaerense conmemoró el décimo aniversario de la apertura a la participación de la sociedad en la implementación de Justicia
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Primero, recibió un diploma conmemorativo. Después, cuando le tocó hablar, afirmó sin dejar ninguna duda: “Como experiencia personal me marcó mucho y lo volvería a hacer las veces que sea necesario”. Las palabras pertenecen a Andrés Bernhardt, el vecino de San Martín que fue el primer presidente de un jurado integrado por ciudadanos que tuvieron a su cargo el veredicto de un juicio.
Pasaron diez años desde que Bernhardt y otros 17 vecinos de San Martín participaron del primer juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires.
En marzo de 2015, después de deliberar, ese jurado popular declaró “no culpable” a Guillermo Barros, que llegó a juicio acusado de haber asesinado, en 2014, a su excuñado, Gabriel Armella.
Diez años después, las estadísticas oficiales dan cuenta de que en la provincia de Buenos Aires hubo 774 juicios por jurados, con 457 veredictos de culpabilidad, 215 de no culpabilidad, 86 “mixtos” y 16 “tuvieron otras terminaciones”. Participaron 13.932 ciudadanos bonaerenses.
El 26 de marzo pasado, en el Salón Auditorio de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se realizó un acto donde se reconoció a las participantes del primer juicio por jurados.
“Es altamente valioso que personas de diferentes extracciones sociales, ideológicas y culturales dejen de lado los prejuicios y las diferencias y trabajen juntas para arribar a una decisión colectiva, mediante un proceso deliberativo en el que la voz de cada uno importa y se cuenta a la par”, sostuvo la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, al comenzar el acto conmemorativo.
La magistrada agregó: “En síntesis, el juicio por jurados no es solo un modo de resolver los conflictos penales más graves de nuestra sociedad, sino que representa un ideal de diálogo de nuestra democracia”.
En diez años hubo juicios por jurados que tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública, como el debate que declaró culpable por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio” a Fernando Farré, el empresario que, en agosto de 2015, apuñaló y mató a su por entonces esposa, Claudia Schaefer. El crimen ocurrió en la casa que el matrimonio alquilaba en el exclusivo country Martindale, en Pilar.
Ese jurado estaba formado por 12 vecinos del Departamento Judicial de San Isidro. Sus edades oscilaron entre los 24 y 65 años. Había amas de casa, empleados, estudiantes y varios desocupados.
“Nuestro mayor miedo fue cuando Farré leyó la carta para sus hijos, fue un intento para conmovernos”, había dicho Norma, vecina de San Fernando de 60 años, después del veredicto, en junio de 2017.
Según las estadísticas oficiales, Bahía Blanca fue el departamento judicial con más juicios por jurados desde marzo de 2015 con 152. En segundo lugar estuvo el Departamento Judicial de Azul con 93, y después le siguió San Martín, con 90.
Para el juez Sergio Torres, ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la implementación del juicio por jurados significó “un cambio de paradigma que fortalece la participación ciudadana y la democracia, al mismo tiempo que aumenta la legitimidad y la confianza en el servicio de justicia”.
En la actualidad, Francisco Pont Verges tiene a su cargo la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, pero en marzo de 2015 integraba el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de San Martín y tuvo la función de coordinar el primer juicio por jurados.
“Me acuerdo de que después del juicio tuvimos una reunión y le pregunté a [los integrantes del jurado] qué había sentido durante el debate y la deliberación. Todo coincidieron en que fue muy positivo desde lo personal, pero también habían tomado conciencia de lo difícil que es administrar Justicia, lo difícil que es decidir sobre la vida de un tercero y esto tiene un efecto multiplicador, porque además de poner al pueblo en la carne de administrar Justicia, genera la conciencia de que las cosas no son fáciles”, dijo en el acto donde también recibió un diploma por haber participado del primer juicio por jurados.
Pont Verges agregó: “El desafío sigue siendo mejorar la calidad de los procesos, de los actores y de las investigaciones. Esto se hace entre todos, con responsabilidad y con el apoyo de toda la institución Justicia. Si hay algo que a los jueces nos ha enseñado el juicio por jurados es que cambia nuestra función esencial. Es muy común que la gente, después del juicio, te pregunte que hubieses resuelto como juez. No importa qué hubiese resuelto, no soy el juez de fondo de este caso, el rol fue dirigir el proceso, admitir y rechazar pruebas y ayudar a un fair play entre las partes. Lo importante es que asumamos el rol de posibilitar que la decisión del jurado sea la más correcta posible”.
También recibieron sus diplomas la defensora oficial Verónica Jolliffe y la fiscal Ana María Armetta, también participantes del primer juicio por jurados.
“Me sorprendí gratamente en ese primer juicio por jurados con el veredicto absolutorio, porque yo misma me había convencido de mi propia acusación El jurado deliberó y votó por el veredicto absolutorio, que era el veredicto justo”, dijo Armetta.
Por su parte, Jolliffe sostuvo: “El juicio por jurados en esta provincia de Buenos Aires derribó muros, abrió persianas e invitó a la comunidad a involucrarse. Los jurados no solo nos ven, nos miran, nos observan, nos escuchan y sacan conclusiones de calidad. No nos han defraudado al sistema de Justicia, que va más allá del resultado de un juicio”.
Según informó la Subsecretaria de Medios y Comunicación de la Suprema Corte bonaerense, presenciaron el acto magistrados y funcionarios del Poder Judicial, representantes del Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura. También fueron oradores Andrés Harfuch, director de Juicios por Jurados de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y Andrea Campoamor, subsecretaria de la Oficina de Juicios por Jurados de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte, y Héctor Granillo Fernández, presidente honorario de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados.
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