Templo Filadelfia: más de $2170 millones como reparación económica para 27 víctimas de una falsa congregación religiosa

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín condenó a penas de hasta 24 años de prisión a 27 personas por su participación en una organización que, bajo la apariencia de una congregación religiosa denominada Templo Filadelfia, funcionó durante casi 50 años y sometió a personas en situación de vulnerabilidad a un sistema de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Además, disupuso en $2.170.467.831,20 las reparaciones económicas para 27 víctimas.

La condena más elevada recayó sobre Eva Petrona Pereyra —de 81 años y actualmente detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza—, a quien el tribunal consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Además, fue condenada como partícipe necesaria de los delitos de supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Según se estableció durante el debate, la organización funcionó al menos entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil.

Las penas de prisión coinciden con lo que había solicitado en su alegato el fiscal general Alberto Gentili. El representante del Ministerio Público había sostenido que el caso reunía manifestaciones de “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

El fiscal Gentili había planteado que la organización funcionó como una estructura criminal sostenida durante décadas mediante mecanismos de sometimiento que combinaban el aislamiento, la vigilancia, las sanciones, el control de los vínculos y de la vida afectiva y sexual y la explotación laboral.

“En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

La investigación fue instruida por la Fiscalía Federal N°1 de Morón, cuyo titular es el fiscal federal Sebastián Basso y, en la etapa de instrucción, tuvo intervención de su colega Santiago Marquevich como subrogante, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) —que también intervino durante el debate—, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgraab).

Petrona Pereyra fue condenada a 24 años de prisión por asociación ilícita, en calidad de jefa u organizadora, y reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, como coautora. También fue considerada partícipe necesaria de los delitos de supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público, en concurso ideal.

Rigoberto Ismael Mora Bogado recibió 21 años de prisión por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, como coautor, y por su participación necesaria en el delito de falsedad ideológica.

A Carlos Raúl Barrionuevo, Griselda Noemí Lemos, Norma Beatriz Gutiérrez, Mónica Susana Gutiérrez, Guillermo David Alza, María Luisa Alza y Martín Carlos Cáceres les impusieron 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, todos ellos en calidad de coautores.

Por los mismos delitos y también en calidad de coautores, Ruth Mora Bogado recibió una pena de 15 años de prisión y Katherine Esther Alegre Herrera, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Omar Carranza y Claudio Rubén Álvarez, una de 14 años de prisión. En el caso de Osvaldo Horacio Gutiérrez, la pena fue de 10 años y 9 meses.

Fabio Bernabé Aguirre y Claudio Gabriel Aguirre fueron condenados a 8 años de prisión como coautores del delito de asociación ilícita y partícipes secundarios de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada.

Por los mismos delitos y el mismo grado de participación, Carlos Matías Barrionuevo recibió 6 años y 9 meses; Olga Mabel Carranza y Liliana Beatriz Barrionuevo, 5 años y 9 meses; y Pablo Elías Carranza y Claudia Elizabeth Acosta, 5 años de prisión.

Finalmente, Víctor Abraham Ayunta fue condenado a 4 años y 6 meses, y Damaris Fernanda Sabich, a 3 años y 9 meses, en ambos casos únicamente por el delito de asociación ilícita. Los dos fueron absueltos de los delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre por los que habían llegado a juicio.

El tribunal también declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de determinados hechos que damnificaron a nueve personas y, en el caso de Eva Petrona Pereyra, respecto del abuso sexual en perjuicio de una víctima.

Los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli también ordenaron el decomiso de 46 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro; de 12 vehículos y del dinero secuestrado, tanto en moneda nacional como extranjera.

Y, también, los magistrados dispusieron la subasta de otros 15 automotores que había sido ordenada durante la instrucción.

LA NACION

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