Terminó la espera de 28 años: dictarán la sentencia contra siete expolicías bonaerenses acusados por la masacre de Wilde

Luego de 10.570 días de transcurrida la denominada masacre de Wilde, el emblemático caso de gatillo fácil cometido en 1994 en esa localidad bonaerense, se conocerá este lunes el veredicto del juicio a los siete expolicías sentados en el banquillo de los acusados, informaron hoy fuentes judiciales.

“La única expectativa que tengo es que los jueces puedan ver la verdad de lo que pasó como la hemos visto nosotros y como la hemos caminado nosotros”, dijo a Télam Raquel Gazzanego, viuda de una de las víctimas, el vendedor de libros Edgardo Citutín, quien ayer hubiera cumplido 63 años.

El fallo será dado a conocer a las 12 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Loma de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.

“Que (los magistrados) logren ver también la soberbia y la inquina que tienen los abogados defensores, y así sí poder dar un veredicto y una sentencia justa a esta causa”, sostuvo Gazzanego.

El lunes al mediodía habrán transcurrido 10.570 días desde aquel 10 de enero de 1994, en el que, además de Cicutín, fueron asesinados Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza.

Al debate oral y público llegaron en libertad y estuvieron sentados en el banquillo de los acusados los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.

Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón pidió la máxima pena al considerarlos “coautores penalmente responsables del delito de ‘homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.

Para Simón existió entre los imputados un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”, a las que emboscaron en la zona de Wilde.

“La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho”, aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado”.

Además, pidió que, de ser condenados, todos ellos queden “inmediatamente detenidos”.

Mientras que las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de los siete expolicías.

“Perpetua para absolutamente todos, porque en todos estos años cada vez me fui convenciendo más de que era una banda delictiva formada por policías delincuentes uniformados y por delincuentes civiles, que tenían que ajusticiar a algunos de la banda y ajusticiaron a dos personas inocentes, una Edgardo y el otro Norberto Corbo”, expresó Gazzanego.

La masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a balazos por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.

De acuerdo con los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que “aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.

Justicia en cámara lenta

El 16 de septiembre de 2014 el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, puso fin al dilatado proceso y requirió que los nueve policías acusados de matar al esposo de Gazzanego, Corbo, Bielsa y Mendoza sean sometidos a juicio oral. Sin embargo, los diversos planteos de los defensores de los uniformados retrasaron el comienzo del debate durante ocho años más. Uno de los imputados falleció y otro no llegó a juicio tras un ACV.

Cuando el sumario estuvo en el juzgado a cargo del magistrado Vitale se concretó la captura del sargento Marcos Rodríguez, el efectivo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, al que policías y testigos señalaban como autor de varios de los disparos. Rodríguez se mantuvo prófugo más de 20 años hasta que fue detenido, en septiembre 2014, en un almacén que atendía en La Falda, Córdoba. No cayó gracias a la recompensa vigente de 100.000 pesos para quien aportara datos por su paradero, sino por el plan de pagos al que se había acogido para cancelar varias multas de tránsito. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo rastreó y lo encontró en la casa en la que vivía con su mujer y tres hijos.

Igual que los otros expolicías acusados, Rodríguez llegó al juicio en libertad. El 3 de marzo de este año, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, los benefició con la excarcelación. La defensa había pedido su libertad debido a que llevaba más de siete años y cinco meses detenido sin haber sido sometido a juicio