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Tras renunciar, el exjuez Carlos Soto Dávila quedó al borde de ser detenido
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El gobierno nacional le aceptó la renuncia al juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, procesado con prisión preventiva al ser considerado jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero de narcotraficantes a cambio de resoluciones judiciales que los favorecían. El exmagistrado quedó al borde de ser detenido.
La aceptación de la renuncia fue publicada en el Boletín Oficial y lleva las firmas de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo), y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano .
Si bien Soto Dávila tenía orden de detención desde diciembre pasado, por su función de juez tenía inmunidad de arresto. Después de que conociera la decisión del Gobierno de aceptar la renuncia, la defensa de Soto Dávila presentó un pedido de eximición de prisión.
Ahora, el juez federal Sergio Torres, a cargo de una megacausa que investiga el tráfico de marihuana en Itatí, una zona caliente de contrabando, debe definir si hace lugar o no a lo solicitado por la defensa de Soto Dávila. Si el magistrado rechaza el pedido, el ahora exjuez federal de Corrientes quedaría detenido.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La situación de Soto Dávila es similar a la que transitó el exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, también acusado de firmar resoluciones judiciales que beneficiaron a narcotraficantes a cambio de dinero.
Reynoso fue detenido en mayo de 2016 después de que el presidente Mauricio Macri le aceptara la renuncia. En la actualidad se enfrenta con un juicio oral y público. En diciembre pasado, el fiscal de Salta Carlos Amad pidió una pena de 25 años de prisión y una multa de $20.000.000 para Reynoso.
La causa que lleva adelante el juez federal Torres, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal Diego Iglesias, y de la Gendarmería Nacional, puso al descubierto los vínculos de clanes dedicados al narcotráfico con los poderes político y judicial, además de relaciones con fuerzas de seguridad.
En diciembre pasado, por orden del juez Torres, la Gendarmería detuvo a dos funcionarios del juzgado de Soto Dávila: los secretarios penales Pablo Molina y Federico Grau.
Durante los allanamientos, también fue detenido un grupo de abogados que representaba a los presuntos narcotraficantes.
La investigación de Torres, la Procunar, el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer tienen 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.
En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis "arrepentidos", cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el Juzgado Dederal N° 1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.
"Para que Soto Dávila le diese la libertad a alguien había que pagar", declaró un jefe narco "arrepentido" que operaba en Itatí, una zona caliente del contrabando de marihuana. Y explicó en la Justicia la aceitada maquinaria de sobornos que operaba en el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes desde 2010 hasta el año pasado.
Soto Dávila fue procesado por Torres como jefe de una asociación ilícita. "Esta asociación percibió montos de dinero en carácter de soborno a cambio de omitir avanzar en investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal de personas involucradas en maniobras de narcotráfico", afirmó el fiscal Iglesias en un dictamen incorporado en el expediente judicial.
"Créame que le están mintiendo estos falsos arrepentidos, señor juez [por Torres], de los que desconozco sus identidades, pero no tenga duda de que algún interés creado tienen para tratar de involucrarme en esta basura de la que estoy siendo víctima", había sostenido en su indagatoria el ahora exmagistrado.
Soto Dávila también sembró dudas sobre la utilización de la figura del arrepentido: "El hecho de que personas involucradas en causas donde yo investigué como juez de la Nación, muchas de ellas procesadas y hasta detenidas, hoy mejoren su situación involucrándome en hechos inverosímiles y falsos constituye un grave precedente en contra de nuestro sistema judicial".
Carlos Soto Dávila, exjuez federal
- Durante 22 años fue juez federal de Corrientes con competencia electoral. Está acusado de favorecer a narcotraficantes a cambio de dinero.
- Dos de sus secretarios penales están presos desde diciembre pasado.
- Se trata de la misma causa en la que fueron detenidos el exintendente de Itatí, Natividad Roger Terán, y otros políticos vinculados con clanes narco.
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