Explotación sexual: cayó una banda que operaba en cuatro provincias y rescatan a 12 mujeres

SALTA. Tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en esta ciudad, 12 mujeres en estado de vulnerabilidad fueron rescatadas luego de haber caído, con avisos engañosos de falsas propuestas laborales, bajo la órbita de influencia de una peligrosa banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que encerraba a sus víctimas en prostíbulos de al menos cuatro provincias, según informaron fuentes de la investigación a LA NACION. Dos sospechosos terminaron detenidos.

Se trata de un grupo criminal que, entre otras singularidades, contaba con un anillo de protección digital para evitar que las computadoras y los teléfonos fueran detectados por las fuerzas de seguridad. Por eso, el trabajo requirió de un importante trabajo conjunto entre la Gendarmería, la Policía de Salta y los investigadores locales especializados en delitos complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación. Así, luego de una instancia de recolección de pruebas y datos en internet, se desplegaron "agentes reveladores" en los prostíbulos para confirmar las maniobras delictivas.

Agregó Toranzos: "Las chicas eran captadas a través de publicaciones y avisos de búsqueda de personas para trabajos administrativos. Pero el grupo criminal se valía del estado de vulnerabilidad y necesidad de algunas de ellas, las elegían y, finalmente, las sometían a explotación sexual".

Además, el fiscal Toranzos explicó: "Esta organización alquilaba locales y, en especial, departamentos en edificios de movimientos familiares. Alternaban, y por eso utilizaban alquileres temporarios. El contacto con los 'clientes' se realizaba a través de Internet, y les daban un código para ingresar en los domicilios donde explotaban a las chicas. Es una organización que manejaba muy bien las redes sociales".

Por otro lado, el fiscal agregó: "El grupo utilizaba líneas telefónicas de otras jurisdicciones y también direcciones IP de otras ciudades. Cuando queríamos rastrear el origen de la oferta, aparecían datos de diferentes localidades. Luego confirmamos que el mismo grupo trabajaba en cuatro provincias e iban moviendo a las mujeres para ofrecerlas".

Las 12 víctimas rescatadas el sábado a la noche en la capital de Salta fueron asistidas en el Polo Integral de la Mujer, que depende de la Secretaría Provincial de Derechos Humanos. Los allanamientos sorprendieron a los vecinos, porque los agentes actuaron ataviados con trajes especiales, bajo estrictas medidas de bioseguridad, ya que los investigadores sabían que este grupo criminal no detuvo sus actividades de explotación sexual durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Por el contrario, según los datos aportados por los agentes reveladores, los prostíbulos recibían decenas de 'clientes', siempre entre las seis de la tarde y las 3 de la madrugada.

Con chalecos antibalas, uniformes verdes y barbijos, pero también con trajes blancos de protección para todo el cuerpo, los agentes federales llegaron hasta la puerta de diferentes edificios. Sucede que el grupo elegía departamentos de alquiler temporario, en sitios lujosos que actualmente están vacíos por la interrupción de la llegada de turistas, que suele alimentar en gran medida los engranajes de la economía local. Sin embargo, también se realizaron allanamientos en barrios de la periferia.

"A través del Polo de las Mujeres participamos con el objetivo de resguardar a las víctimas y brindarles una asistencia integral. Ante estas situaciones, se recuerda a la comunidad que cualquier persona puede denunciar este delito de forma anónima y gratuita en cualquier punto del país al número 145, todos los días, durante las 24 horas", informaron oficialmente desde el Ministerio de Gobierno de Salta.

La problemática de la trata de personas afecta severamente a las mujeres de esta ciudad, capital de una provincia que limita con Chile, Bolivia y Paraguay. Por caso, en enero de este año otra peligrosa organización fue desarticulada tras una investigación de la Justicia federal, y luego de que sus líderes recibieron en enero una rápida condena bajo el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal, tal como informó LA NACION.

Para poder detener a los jefes de la organización se requirió del trabajo articulado entre investigadores del MPF de la Unidad Fiscal Salta y de la Procuraduría de Trata y Explotación (Protex). Y fueron agentes especializados de la Policía de Salta quienes se encargaron de los trabajos de infiltración.

Así, los funcionarios judiciales pudieron confirmar que al menos diez mujeres habían sido explotadas en un prostíbulo ubicado a muy pocos minutos del centro de la ciudad. "Mediante un juicio abreviado, y por pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Miguel Medina condenó a R.L. a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que su pareja deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional. Asimismo, se les impusieron multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente", se informó oficialmente. El inmueble adonde funcionaba el prostíbulo fue incautado.

Sobre este caso, de enero pasado, el expediente judicial detalla: "Los acusados acogían en su vivienda a víctimas mujeres mayores de edad con la finalidad de ser explotadas, aprovechando necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas, por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales con hombres que se acercaban a la vivienda".

Por otro lado, y también en el contexto de la pandemia y como muestra de políticas concretas ante la grave problemática regional de la trata, recientemente se realizó un importante encuentro entre funcionarias de las provincias del norte argentino que trabajan en la asistencia de víctimas de trata de personas para "articular acciones en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país".

"Entendiendo las dificultades actuales, y sobre todo en el resguardo de todas las personas, la articulación es clave para el acompañamiento de las víctimas del delito de trata. Contar con un protocolo unificado es una gran herramienta de trabajo", explicó, en un comunicado, la secretaria de Derechos Humanos de esta provincia, Mariana Reyes.

Por Belisario Sangiorgio

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