El inmueble de un prostíbulo en un barrio dominado por narcos será ahora refugio para mujeres

Recientes informes de la Sedronar, del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración Penitenciaria confirman que las mujeres son las principales víctimas de la violencia ejercida por las redes de microtráfico de drogas, que se imponen con métodos criminales en los barrios pobres en distintas provincias.

Las estadísticas nacionales también confirman que las mujeres tienen menor acceso a tratamientos cuando sufren adicciones y que, a la vez, son reclutadas sistemáticamente por las redes de venta, pero que, como contracara, son mayoritariamente ellas quienes se ponen al frente de sus familias para atravesar situaciones de consumos problemáticos de drogas, que castigan los hogares hasta destruirlos.

San Antonio siempre fue el barrio más complicado de la ciudad de Salta. Ubicado no muy lejos del centro, en el se entrelazan callejones de venta de drogas al menudeo, armas y prostitución. Allí, la Justicia federal capturó hace poco a cinco criminales que explotaron sexualmente a al menos una decena de mujeres en un antro. El edificio fue incautado y ahora se intentará impulsar allí, como primer proyecto, la construcción de un refugio para mujeres vulnerables, según información a la que accedió LA NACION.

Sobre esta causa, la información oficial del Ministerio Público Fiscal, indicó: "Mediante un juicio abreviado, y a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Miguel Medina condenó a R.L. a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que su pareja deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional. Asimismo, se les impusieron multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente".

El 9 de diciembre pasado el fiscal federal Eduardo Villalba había formalizado la acusación respecto de los acusados, detenidos en el contexto de una investigación por el delito de trata de personas, que además tiene a otras tres mujeres imputadas".

Mariana es una de esas mujeres que transitó el bajo mundo de las ciudades olvidadas del interior del país, y las calles del Bajo San Antonio, en particular. Dejó a su hija al cuidado de los abuelos y se perdió. Por efecto del paco le faltan algunos dientes. Pero aún sigue viva, y conserva la silueta de esa chica que hace una década tenía solo 18 años y escuchaba cumbia en los bailes del canal, detrás de la terminal.

Después de que nació Valeria, peleó hasta casi lograr dejar la droga. Es aún una lucha sin cuartel para esta joven, que se gana unos pocos pesos trabajando en un restaurante y vive en una humilde casa con otras cinco personas.

Durante un reportaje reciente, Mariana admitió que si bien no suele drogarse, hace algunas noches perdió el control y solo recuerda que viajaba sentada en el asiento trasero del auto, ajena a la conversación, que en un momento estaba en un after, y que después cargaba una "pipa con paquito de la frontera" mientras el vehículo iba a toda velocidad y ella "se mareaba por el bamboleo". Dijo que había abandonado su moto estacionada cerca de la avenida, tan rápido que ni siquiera ató el casco, y que se subió en ese auto de un desconocido que estaba estacionado en la puerta de 'la joda'. Contó que iba con otra piba, "que no la conocía tanto", pero que igual se subió al coche.

Después de comprar la droga en San Antonio -o "El Bajo"-, fumaron y anduvieron sin rumbo hasta las siete de la mañana. Recuerda Mariana, también, que aquel día volvió a su casa angustiada por haber consumido nuevamente: "A la droga te la ofrecen en todos lados", jura.

Es precisamente allí, en El Bajo, donde se impulsa la construcción de un refugio para mujeres. El expediente judicial del inmueble incautado, en el que funcionaba un prostíbulo, detalla textualmente: "Los acusados acogían en su vivienda a víctimas mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas; por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales con hombres que se acercaban a la vivienda".

Y se agregó en el texto final del informe de la causa: "Cabe señalar que R.L. cumplirá la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Por otra parte, se dispuso que las multas que ambos deberán pagar, por un monto total de $70.000, serán destinadas al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, tal como lo establece la ley".

Iniciativas similares se habían llevado a cabo desde 2016 en la villa 31 de Retiro, también afectada por el movimiento del microtráfico y donde recientes homicidios avivaron la llama de una guerra delincuencial que parecía haber terminado. En aquella ocasión, desde la fiscalía federal Nº1, de Jorge Di Lello, incautaron inmuebles en los que se erigieron oficinas del Estado, de asistencia para los vecinos.

En el corazón de la villa 1-11-14

La semana pasada el Ministerio Público Fiscal (MPF) anunció la implementación de un nuevo protocolo para recibir denuncias por violencia de género en la villa 1-11-14. Se explicó: "Se trata de una experiencia piloto que busca mejorar la actuación y respuesta del organismo mediante la implementación de un nuevo dispositivo de recepción de denuncias que sigue los parámetros de abordaje integral de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evitando de esta manera que las mujeres deban trasladarse al centro de la ciudad".

La 1-11-14 es un inmenso barrio en el Bajo Flores habitado por miles de inmigrantes trabajadores; de arquitectura improvisada y dispar, fue copado hacia principios de la década de 1990 por organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de cocaína. Sobre el trabajo del MPF, el informe publicado esta semana destacó acerca de la oficina en la villa del bajo Flores, destacó: "Allí participa un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del derecho, el trabajo social y la psicología, capacitado oportunamente para tal fin por el personal de la OVD".

A su vez, desde el MPF se difundió un fragmento de un reciente documento elaborado en torno a los alcances de esta nueva oficina en la villa 1-11-14: "En los casos de alto riesgo, el dispositivo facilita la posibilidad de formular una denuncia de forma más rápida y cercana, facilitando el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia; ello se evidencia con claridad en los casos en los que el denunciado posee un control riguroso de los horarios de su pareja, razón por la cual las mujeres se ven impedidas de salir del barrio, llegar a la OVD y aguardar".