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Un crimen narco encendió alarmas en la ciudad donde ya se aplica la ley antimafias
Brian Nahuel Figueroa, de 30 años, presunto barrabrava de Newell’s e integrante de la nueva generación de Los Monos, fue acribillado cuando iba en un auto con su pareja y otra mujer; el asesinato será investigado bajo el sistema especial
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.– Un presunto integrante de la barra brava de Newell’s fue asesinado el domingo a la noche por dos sicarios que se trasladaban en una moto. En el ataque también resultaron heridas dos mujeres, una de ellas, la pareja de Brian Nahuel Figueroa, la víctima mortal.
Este homicidio encendió las alertas en el Ministerio de Seguridad Nacional y en el gobierno de Santa Fe, porque, según se presume, estaría relacionado con la violencia que gira en torno al narcotráfico y al control de la tribuna “leprosa”, que gerencia la banda Los Monos desde hace casi una década. Desde el jueves pasado, en esta ciudad se activó la ley antimafias por pedido de la cartera que encabeza Patricia Bullrich, que contó con el aval de la Justicia Federal local. Bajo ese paraguas se investigará este crimen.
Según fuentes policiales, Figueroa, de 30 años, fue interceptado por dos sicarios que se trasladaban en una moto Honda Twister cerca de las 19.30 en Virasoro y Dorrego, a unas cuadras del Centro de Justicia Penal (CJP). Figueroa se movía en un VW Polo cuando le dispararon al menos siete tiros. Llegó muerto al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), adonde también fueron trasladadas, heridas de bala, dos mujeres que iban en el auto. Una de ellas es Lucía B., de 26 años, pareja de Figueroa.
La víctima, según fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional, tiene antecedentes por narcotráfico y su casa, en la vecina localidad de Funes, fue allanada en varias oportunidades por diferentes causas.
Figueroa y su pareja fueron detenidos el 19 de mayo de 2020 en Richieri y Mendoza, en el centro de esta ciudad, con un arma de fuego. Dos años antes, él fue imputado en una causa por narcomenudeo luego de un allanamiento en un búnker del pasaje 303, altura 1458.
Vivía en Rondeau 2150, donde el 4 de mayo pasado hubo un procedimiento por drogas en el que resultaron detenidos Giuliano Ricardo Canal, de 29 años; Enzo Joaquín Canal, de 28; Jeremías Villalba, de 20, y Samuel Eugenio Ramírez, de 23. Este grupo, según los investigadores, manejaba un búnker en aquel domicilio. Tres años antes, los hermanos Canal habían sido arrestados por la policía cuando distribuían droga en Esquiú al 2100, también en Funes.
Este crimen se produjo en un contexto particular. El jueves pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional pidió que Rosario sea declarada “zona de investigación especial”.
Rosario, la punta de lanza
Rosario se convirtió, así, en el primer ensayo de esta nueva metodología de abordaje del crimen organizado que busca cercar a grupos narcos que en este momento están en plena expansión y que representan una nueva etapa en la extensa historia del narcotráfico en la ciudad.
Según fuentes del Gobierno, la invocación a la ley antimafias tiene relación con una serie de maniobras que se vienen observando en la estructura del crimen organizado local. La hipótesis apunta a bandas con mayor poder de fuego y logística para mover grandes cantidades de droga, posiblemente destinada al contrabando internacional.
El 12 de junio pasado la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó una serie de allanamientos contra familiares de un narco que se encuentra bajo condiciones de aislamiento en el penal federal de Marcos Paz. Se trata de Francisco Riquelme, que operaba, en la zona oeste de Rosario, una suerte de “franquicia” de Esteban Lindor Alvarado, uno de los capos mafiosos más poderosos de la ciudad, que actualmente también está bajo un régimen especial de detención en Ezeiza.
En ese operativo los agentes de la PSA secuestraron un tipo de armamento que no es común ver en manos de grupos criminales locales. Había tres fusiles Colt M4, que usan una munición calibre 5,56 mm, que no es muy fácil de conseguir en la Argentina. Este tipo de fusil, que es un derivado del AR-15, es el arma principal de infantería del Ejército norteamericano y también lo usan fuerzas policiales de elite, como el SWAT.
Esos “fusiles de asalto” no se usaron recientemente en Rosario, donde en ningún crimen ni ataque se registró ese tipo de munición, que tiene un poder de fuego importante.
Riquelme no es un tirador deportivo ni mucho menos. Adquirió ese armamento –probablemente a través de un vendedor ilegal de armas que lo trajo del exterior– porque piensa usarlo en algún momento.
Este joven fue detenido en 2020 después de librar una batalla sangrienta en la zona oeste rosarina contra una franquicia de Los Monos que gerenciaba Matías “Pino” César. Estaba acusado de intentar matar a Mariana Ortigala, que saltó de integrar la banda de Alvarado a gozar de la protección de Ariel “Guille” Cantero. Ortigala fue detenida luego por extorsión y por quedarse con inmuebles en nombre de Los Monos.
Cuando aparece la sombra de Alvarado en alguna situación, el problema se transforma en algo serio. La periodista Virginia Messi, de Clarín, señaló que Santino, de 20 años, hijo del jefe narco, retornó a Rosario desde Marbella –donde vivía– y “está pisando fuerte” en el territorio. Él sería el verdadero poder detrás de Lautaro “Laucha” Ghiselli, coronado nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central en enero pasado. Ghiselli tributa a la banda de Los Menores, que está sospechada de haber asesinado a Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder del paraavalanchas “canalla”, y a su lugarteniente, Ricardo Attardo, el 9 de noviembre pasado. El jefe de este clan criminal, Matías Ignacio Gazzani, está prófugo desde hace más de un año y nadie lo puede encontrar. Este martes, el Gobierno ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por datos que permitan su captura.
Mapa narco reconfigurado
Los investigadores de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) observan que hay un núcleo de grupos narco que se unieron durante el último año y se expandieron por territorios que quedaron vacantes. Pero, además, tienen otro negocio, un escalón más arriba de la estructura histórica del narcomenudeo: la logística narco.
Una escala superior –que Alvarado llegó a manejar– es la llegada de grandes cargamentos de cocaína a la región. No se detectó aún que ningún grupo local esté en condiciones de hacer un contrabando internacional de droga, pero sí de brindar el servicio más caro, que es el de la logística.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional advierten que el escenario criminal de Rosario comenzó a cambiar. No hay un crecimiento desmesurado de violencia, pero el negocio del tráfico de drogas creció bajo otra modalidad. En el primer semestre del año el departamento de Rosario registró 68 homicidios, 10 más que en el mismo período de 2024, cuando la cifra de asesinatos cayó 65% con respecto a 2023.
Fuentes cercanas a Patricia Bullrich señalaron que miran con atención estos movimientos y advirtieron que las maniobras en torno a la barra de Rosario Central y de este nuevo grupo en ascenso permiten vislumbrar una especie de cooperativa narco donde confluyen distintos sectores, entre ellos, Alvarado, Gazzani y Los Menores, Claudio Morocho Mansilla y Francisco Riquelme.
Ante este escenario decidieron poner en marcha la ley antimafias, que se cristalizó en una audiencia en la Justicia Federal local que se hizo a puertas cerradas.
Entre los argumentos que se expusieron figura que en Rosario “se verifica la comisión de determinados delitos específicamente enumerados de forma reiterada y cuya realización tiene por objeto evidente alguno de los siguientes supuestos: el beneficio de una organización, el desplazamiento o aniquilación de otra organización, el amedrentamiento de la población o la provocación de temor a las autoridades estatales”.
La nueva legislación también se puede aplicar “cuando resulta evidente que una organización pretende asegurarse el control de un territorio para la comisión de nuevos ilícitos, para continuar ejecutando los que ya se estuvieran cometiendo o para la sustracción de ese territorio del control de las autoridades; o cuando los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley en esa área sean notoriamente insuficientes, previa conformación del comité de crisis previsto en la ley de seguridad interior”.
Entre las consideraciones para la puesta en marcha de la ley antimafias, el Ministerio de Seguridad Nacional recordó que en Rosario “hechos delictivos de extrema gravedad” han generado una situación de “conmoción social” que impulsaron al gobernador, Maximiliano Pullaro, a pedir la convocatoria a un comité de crisis, como ocurrió en marzo de 2024, tras la serie de asesinatos de trabajadores de transporte que paralizó la ciudad. El funcionamiento de ese comité de crisis se prorrogó y continúa vigente.
Según información reservada que recolectó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en Rosario operan actualmente organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en la ley antimafias, que endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con bandas narcos y que generen violencia, con condenas de 8 a 20 años. La nueva normativa también prevé que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, lo que elimina la diferenciación de penas según roles dentro de la entidad mafiosa.
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