Una ciudad cordobesa se opone a la construcción de una prisión federal

CÓRDOBA.- La instalación de una cárcel federal divide a un pueblo. A 100 kilómetros de la capital provincial, en el departamento Tercero Arriba, la ciudad de Oliva convive hace un siglo con el que fuera el mayor hospital neuropsiquiátrico de América latina y ahora albergaría allí una penitenciaría con capacidad para mil presos.

Una parte de los 10.000 habitantes están movilizados y reclaman una consulta popular antes de que empiecen las obras. El anuncio lo oficializó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, hace unos meses; los recursos para la cárcel están asignados en el presupuesto. Son unos 1000 millones de pesos a ejecutarse en tres años.

Las 100 hectáreas donde se construiría son propiedad del gobierno provincial y están pegadas al neuropsiquiátrico Emilio Vidal Abal, a ocho kilómetros de la zona urbana. La cesión de las tierras está condicionada al consenso de la población, según confirmó a LA NACION el ministro de Seguridad cordobés, Carlos Massei.

En Córdoba no hay cárceles federales y cuando la Casa Rosada decidió hacer una en la provincia, el intendente Oscar Tamis (electo por una alianza liderada por Pro) vio la oportunidad e hizo gestiones para que sea radicada en su ciudad, "porque es una posibilidad para generar fuentes de trabajo y desarrollo".

Los vecinos movilizados insistieron ante LA NACION que no se oponen sólo a la cárcel, sino a no haber sido consultados; cuestionan la forma de decisión. "No tenemos la bandera del no, queremos que el pueblo que votó a Tamis sea consultado; le alquilamos nuestra casa, no la puede hipotecar", graficó Elena Gotschy.

Esa vecina integra el grupo de las ocho docentes (algunas de ellas jubiladas) que fueron las primeras en tomar contacto con el intendente cuando empezaron los rumores sobre la instalación de la cárcel. "Cada vez tenemos más dudas; el sueño del intendente puede salir caro y él ya no va a estar para resolver los problemas", agregó.

Quienes reclaman la consulta popular admitieron que tienen temor a que crezca la inseguridad, a que lleguen nuevos vecinos a una ciudad con infraestructura insuficiente y a que, en definitiva, se alteren las normas de convivencia.

Damián Castro enfatizó que no se realizó un estudio socioambiental ni de infraestructura: "Una cárcel una vez que se radica no se va; hay que contar con herramientas e información para la decisión. Los vecinos deben legitimar la decisión".

Es la primera vez que la comunidad se abre a un debate de esta clase, a pesar de que en el Colonia Vidal Abal siempre hubo internos judicializados y aún hoy funciona, en la villa 4, un pabellón para ellos. Incluso se registraron fugas con altercados con la policía en la zona.

Tamis advirtió en diálogo con LA NACION que, por lo bajo, Oliva siempre estuvo dividida entre los que creen que el hospital los estigmatizó y los que entienden -como él- que es "parte de la historia de la ciudad". Apuntó que la ciudad nunca tuvo una inversión pública de la magnitud que implicaría la cárcel.

Respecto de los planteos de que acarrearía inseguridad, indicó que los datos que le dieron desde el Ministerio de Justicia de la Nación de otras experiencias "no se condicen con esa percepción".

La polémica de Oliva replica la que se dio hace una década en Cruz del Eje (35.000 habitantes, a 200 kilómetros al norte de la capital cordobesa), cuando el gobierno provincial construyó un complejo carcelario para 1200 procesados y condenados. La oposición a ese presidido se mezcló con quienes entendían que traería empleo y más movimiento en una de las zonas más pobres de la provincia.

La penitenciaría se acopló a la vida cotidiana, pero los vecinos aseguran que los delitos aumentaron y que se armó un asentamiento adonde se instalaron familiares de los presos. En Cruz del Eje pasó una situación que atemoriza a los olivenses. "Traen seguridad, pero para adentro de la cárcel; para afuera no hay más policías ni más prevención", sostuvo Gotschy.

La Municipalidad de Oliva instrumentó una página Web con videos de comerciantes y ex funcionarios de Güemes (Salta), donde en 2011 se inauguró una cárcel federal.

El intendente, además, envió cartas a quienes firmaron el petitorio contra la cárcel. Muchos consideran que es una manera de "intimidarlos"; en la nota el Tamis indicó: "Pongamos la cabeza en movimiento antes que la lengua en funcionamiento". A su entender, los beneficios de la instalación de la cárcel en materia laboral representan la creación de 1000 puestos.

Por Gabriel Origlia

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