Una investigación de lavado en la Triple Frontera une al PCC con el financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda

El hilo que comenzó a tirar el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro se originó en una modesta tienda que vende fundas de celulares en una favela carioca. Ese era uno de los pequeños negocios que maneja Terceiro Comando Puro (TCP), un grupo narcocriminal aliado a Primer Comando Capital (PCC), en el complejo San Carlos, una cadena de barrios marginales cerca del centro histórico de Río. La investigación terminó por establecer como hipótesis que una red de lavado de dinero está conectada el blanqueo de dinero de grupos terroristas, como Al Qaeda y Hezbollah, en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, una zona que está bajo la lupa por ser una usina de lavado de dinero y un territorio donde operan estas organizaciones terroristas.

La causa y la investigación se presentó en Brasil el miércoles pasado como Operación Hawala, que incluyó diez órdenes de detención y 37 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y Paraná, incluida Foz de Iguazú, la ciudad brasileña de la Triple Frontera. El objetivo era desarmar una estructura que, según la acusación, lavó unos US$19.000.000 provenientes del narcotráfico entre 2021 y 2024, al servicio de las tres facciones criminales más poderosas de Brasil: el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y el Terceiro Comando Puro (TCP).

Pero lo que convirtió a un caso de lavado en un expediente con proyección internacional fue un hallazgo lateral: los investigadores detectaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por la OFAC (Office of Foreign Assets Control), la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas, señalado por integrar una estructura de financiamiento de Al Qaeda y Hezbollah. Ese hombre, según los documentos a los que accedió LA NACION de la Policía Civil de Río, fue detenido en Río durante el operativo. Y en los allanamientos aparecieron, además, menciones a Hezbollah, la organización chiita libanesa cuya red de recaudación en la Triple Frontera es investigada desde hace tres décadas.

La denuncia que el grupo antimafia del Ministerio Público de Río presentó contra 22 personas, y que el juez Alexandre Abrahão Dias Teixeira, de la 3ª Vara Especializada en Organización Criminal, aceptó íntegramente, es por lavado de activos para las facciones. La palabra terrorismo no aparece en el comunicado oficial de los fiscales: la hipótesis del vínculo con Al Qaeda y Hezbollah es, por ahora, una línea de investigación policial que empezará a profundizarse.

El caso empezó lejos de cualquier hipótesis de terrorismo internacional. La policía brasileña investigaba una tienda “multimarcas” instalada en el Complexo do São Carlos, un conjunto de favelas del centro de Río controlado por el Terceiro Comando Puro. El local vendía productos falsificados y recibía celulares robados. Su titular formal es Bárbara Luzia Souza de Carvalho, casada con el dueño del comercio y descripta por los fiscales como una de las principales operadoras financieras de la organización: administraba empresas con facturación absolutamente incompatible con su capacidad económica declarada, a través de las cuales movió decenas de millones de reales.

El rastreo de ese comercio destapó una arquitectura mucho más grande. Decenas de empresas que eran simples fachadas y estaban registradas en varios estados, transferencias sucesivas entre firmas vinculadas, testaferros, contadores que omitían los reportes de operaciones sospechosas al organismo antilavado brasileño, y el método conocido como “smurfing”: depósitos fraccionados en efectivo, de montos pequeños, diseñados para no activar las alertas del sistema financiero. La estructura funcionaba como una “prestadora de servicios” del crimen organizado: había nacido para lavar la plata del TCP, pero la misma ingeniería procesaba fondos del Comando Vermelho y del PCC, tres facciones que se enfrentan entre sí en las favelas y comparten, sin conflicto aparente, la misma estructura de lavado.

El nombre que se le puso a la operación (Hawala) apunta al sistema informal de transferencia de valores, de origen milenario en Medio Oriente y el sur de Asia, que permite mover dinero entre países mediante una red de intermediarios que compensan créditos y deudas entre sí, sin que los fondos crucen físicamente ninguna frontera ni pasen por un banco. Es, por diseño, invisible para los reguladores. Y es el mecanismo que, según las investigaciones internacionales, conecta históricamente el comercio de la Triple Frontera con las redes de financiamiento en Líbano.

En el centro del capítulo fronterizo del expediente hay un núcleo de empresarios de origen libanés. Los hermanos Reda, Yasser y Kassem Zayoun —Reda fue detenido en Foz de Iguazú, donde se realizaron cinco allanamientos— son señalados como los responsables de ampliar la circulación internacional del dinero: empresas registradas en San Pablo y Minas Gerais movían valores entre los operadores financieros, las firmas de pantalla y los integrantes de las facciones en Río. Entre los 22 denunciados figuran al menos otros cuatro apellidos de la colectividad libanesa —Alfakih, Awad, Dib y Diab—, y en San Pablo la policía paulista colaboró en la captura de libaneses presuntamente ligados a Hezbollah, según trascendió en la prensa brasileña.

La sospecha de una posible relación con el terrorismo internacional tiene que ver con la Triple Frontera, que es monitoreada desde los años noventa como un polo logístico y financiero de organizaciones terroristas: por allí pasaron los recaudadores de Hezbollah investigados tras los atentados a la embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, y el clan Barakat, cuyo jefe fue detenido en Foz en 2018 a pedido de la Justicia Federal argentina. En diciembre de 2021, el Tesoro norteamericano sancionó a una red de Al Qaeda asentada en Brasil —tres hombres y dos empresas—, la primera designación de ese tipo en el país. Alguno de esos nombres, o de los que se agregaron después a la lista, sería el hombre cuya transacción con las empresas de los Zayoun disparó la nueva fase de la pesquisa.

Para la Argentina, la Operación Hawala no es un asunto ajeno, ya que describe el circuito financiero de una zona que siempre es mirada con atención por los investigadores locales. El 17 de junio pasado, la Policía Federal de Carreteras de Brasil interceptó en Santa Terezinha do Iguaçu, a 30 kilómetros de Puerto Iguazú, un camión que transportaba alimento para animales y, escondidos entre la carga, 27 fusiles, 16 pistolas y más de 5000 municiones. Cinco de las armas largas eran FAL; una llevaba el escudo del Ejército Argentino y su numeración. La sospecha oficial es que integra el remanente de los 43 fusiles robados del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, cerca de Rosario, un faltante que las fuerzas armadas argentinas nunca terminaron de explicar y cuyo destino final fueron, precisamente, el PCC y el Comando Vermelho.

Armas que surgen desde la Argentina y Paraguay hacia las facciones; cocaína que baja por la Hidrovía y cruza hacia los puertos atlánticos; dinero que se compensa por el sistema hawala entre Foz de Iguzú, Ciudad del Este y Líbano sin tocar un banco. Los tres flujos usan la misma geografía y, como sugiere el expediente que se abrió en Río de Janeiro, a veces los mismos operadores.

Desde el 5 de junio pasado, el PCC y el Comando Vermelho son Organizaciones Terroristas Extranjeras para los Estados Unidos, una designación que habilita sanciones secundarias contra cualquier empresa o banco de la región que opere con sus estructuras. Bajo ese paraguas, la diferencia entre “facción criminal” y “organización terrorista” dejó de ser semántica: si la hipótesis de la Policía Civil se confirma —si el lavadero de las facciones abastecía, aunque fuera tangencialmente, redes de financiamiento de Al Qaeda o Hezbollah—, el caso Hawala se convertirá en la primera prueba judicial de una convergencia que los organismos antiterroristas vienen anunciando hace años y que nunca lograron documentar en un expediente. Si no se confirma, quedará igual la foto incómoda: tres facciones enemigas compartiendo un mismo sistema financiero clandestino.

Por Germán de los Santos

• Narcoterrorismo

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