Una joven qom lucha para que no sigan impunes las muertes de su madre y de su hermana

La breve vida de Lisette Fernández, de 19 años, integrante de la comunidad qom Yecthakay en el partido de Tigre, está marcada por la pérdida y el dolor. Cuando tenía 12 años, su hermana mayor apareció muerta con un balazo en la cabeza en la casa de un presunto narco de la zona, que instaló la versión del suicidio. Eso impulsó a su madre a denunciar la existencia de una red de trata con cobertura policial hasta que terminó asfixiada y con signos de haber sido abusada sexualmente.

Ahora, Lisette levantó la bandera del reclamo de justicia e impulsa la reapertura de las causas "para que estos dos femicidios no queden impunes". Sabe que no será fácil. "La discriminación se siente mucho. Vas a denunciar y no te escuchan, no te creen, te dicen que sos una india y te tratan como a una ignorante", se lamentó, en diálogo con LA NACION.

El 17 de febrero de 2013, un vecino golpeó la puerta de la casa de los Fernández en Talar de Pacheco con la terrible noticia: Micaela, de 14 años, estaba muerta en la casa de Dante "Pato" Cenizo, un presunto vendedor de drogas del barrio La Paloma que también tenía fama de reclutar adolescentes para prostituirlas. Nancy Fernández, la madre, llegó hasta la casa de Cenizo esperando ver cómo lo detenían, pero los agentes que ya estaban en el lugar prefirieron creer lo que les dijo el hombre: la chica se había gatillado sola en la cabeza.

A los efectivos tampoco les pareció mal que Cenizo justificara la aparición del cuerpo en su cama diciendo que eran novios. El amparo policial quedó aún más en evidencia cuando se llevaron detenida a Nancy a la comisaría 6ª, donde le pegaron, la trataron de "india de m..." y la amenazaron para que no dijese nada, según contaron sus familiares.

"La última vez que vi a Micaela fue el 6 de febrero de 2013, cuando cumplí 12 años. Ella había ido a mi casa después de mucho tiempo y estuvo toda la tarde con nosotros hasta que la pasó a buscar un auto. Cuando mamá le pidió que se quedara, ella le contó que estaba asustada porque la tenían amenazada, la obligaban a prostituirse y vender drogas. Comentó que tenía miedo de que Cenizo nos hiciera algo. Mamá le dijo que iba a ir a la comisaría, pero mi hermana le advirtió que muchos de esos policías iban a la casa de Cenizo", contó con amargura Lisette.

Un nuevo golpe

Después de enterrar a su hija, Nancy convocó a los vecinos y organizó marchas hacia la comisaría para denunciar el encubrimiento a una red que secuestraba adolescentes y vendía drogas en el barrio y, al mismo tiempo, reclamó justicia por Micaela. Ni las promesas de escarmiento ni los insultos por su origen qom lograron frenarla. Hasta que alguien –aún sin identificar– decidió pasar a la acción. El 2 de mayo de 2014, la mujer apareció muerta en su casa. Estaba semidesnuda, boca abajo, con las piernas abiertas y, según se probó más adelante, "con signos de asfixia". Tal como había ocurrido con su hija, los peritos de la policía bonaerense se apuraron en descartar un homicidio y concluyeron que Nancy había tenido una muerte natural.

"Nadie muere naturalmente así –se queja Lisette–, además se notaba que antes la habían violado. Fue mi abuelo Eugenio [referente de la comunidad Yecthakay de Tigre] quien peleó para que se reconociera que había sido un crimen. Cuando él falleció, en 2017, yo tomé la posta del reclamo para que estos dos femicidios no queden impunes". Así, en 2019, y con 18 años cumplidos, Lisette Fernández comenzó a transitar el largo y penoso camino del reclamo de justicia.

"No sabía qué hacer –explicó–, así que pedí ayuda a los grupos que acompañan a las víctimas de trata y también recibí el apoyo de las comunidades indígenas de Punta Querandí. Ellos me guiaron y me dijeron que lo primero que tenía que hacer era conseguir los expedientes de los casos de mi hermana y de mi mamá, pero cada vez que iba a la fiscalía me decían que no tenían quien sacara fotocopias o que los tenía la Policía Federal; siempre había una excusa para no dármelos".

El laberinto judicial

La joven, cansada de tanto destrato, organizó en septiembre pasado una movilización a la fiscalía de Pacheco, donde le comunicaron que la fiscal Marcela Semería, a cargo de la causa por la muerte de su madre, había sido trasladada a la fiscalía de Munro. Hasta allí se movilizó Lisette, acompañada de organizaciones sociales y familiares de otras víctimas, hasta que finalmente logró que la fiscal la recibiera y le entregara copias del expediente. Sin embargo, el siguiente obstáculo no tardó en asomar.

"Una es pobre y no le alcanza para pagar un abogado. Conseguí uno que me pasó un presupuesto de 100.000 pesos para llevar el caso y me deja que le pague en cuotas de diez mil. Así que para juntar plata estoy haciendo rifas y ferias virtuales", señaló.

Recién el año pasado, luego de las movilizaciones a las fiscalías, Lisette consiguió que la Justicia reabriera la investigación por el homicidio de su madre y espera en algún momento poder hacer lo mismo con la causa de su hermana, que hasta hoy continúa archivada. No le importa que el costo, no solo monetario, sea elevadísimo.

"Desde que vi el expediente –reconoció– quedé muy mal. Es muy fuerte ver las fotos de tu mamá muerta. Sufrí ataques de pánico y empecé a ir a terapia psicológica una vez por semana. Pero la tuve que dejar porque necesito esa plata para pagarle al abogado".

Concejales reclamaron explicaciones por la demora de la Justicia

El mes pasado, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó un pedido de informes a la fiscalía de San Isidro para que dé cuenta de la marcha de las investigaciones de las muertes aún no esclarecidas de Micaela Fernández, de 14 años, y de su madre, Nancy Fernández, de 36, ocurridas en aquel distrito en 2013 y 2014, respectivamente, y en las que estaría involucrada una red de trata de personas, con integrantes eventualmente vinculados también al narcomenudeo y a policías corruptos.

El proyecto, elaborado por el edil del bloque del Frente de Todos Javier Parbst, pide concretamente que se informen "las medidas de prueba ordenadas, la situación procesal, la existencia de imputados y los pasos a seguir para acreditar los hechos denunciados y que los mismos no queden impunes".

En los fundamentos del proyecto se destacó "la lentitud de las fiscalías a cargo de las investigaciones judiciales que, habiendo trascurrido siete y ocho años, respectivamente, no dictaminaron ninguna sentencia ni se conocen avances significativos en las mismas".

La iniciativa también señala que, "según denuncian sus parientes y allegados, ambas muertes se trataron de femicidios en los que estarían involucrados integrantes de una red de trata de personas y narcotraficantes con complicidad policial".

El concejal autor del proyecto afirmó a la agencia de noticias Télam: "Es inadmisible que, a casi una década de estos hechos aberrantes que generaron tanta conmoción, el Poder Judicial no haya podido esclarecer los crímenes. Necesitamos que de una vez se imparta justicia".

Por último, el proyecto precisa que "si bien el poder encargado de investigar ilícitos y/o impartir justicia no es el Legislativo ni el Ejecutivo, este Honorable Concejo Deliberante no puede quedar inmóvil ante hechos de la suscitada gravedad y tiene facultades para solicitar al Ministerio Público Fiscal y a otros poderes que se brinde información respecto de hechos que considera de vital importancia".

Lisette Fernández es hija y hermana de esas mujeres cuyas muertes en situaciones por demás sospechosas no fueron esclarecidas. Esa adolescente de 19 años, integrante de la comunidad qom Yecthakay en el partido de Tigre, busca que esos casos sean investigados como asesinatos con violencia de género.