Una red de tráfico era organizada por un condenado que tenía la pena en suspenso

SALTA.- Sobre la ruta de la cocaína, donde el narcotráfico antes no se nombraba y la droga solía pasar directo rumbo a los puertos sin detenerse en los barrios, ahora se denuncia un aumento del nivel de violencia social, que preocupa a los funcionarios nacionales y locales, sobre todo porque este brote de violencia tiene a las mujeres como principales víctimas. En documentos judiciales a los que accedió LA NACION, la ciudad de Tartagal, en Salta, aparece señalada como epicentro de una red que se aprovechaba de jóvenes en barrios vulnerables para convertirlas en mulas de transporte de drogas.

"El análisis primario que hicimos sobre los teléfonos de los investigados podría indicar la provisión de cocaína a otros sitios del país", declaró una calificada fuente de la Gendarmería que participó de la investigación.

En la causa se detallan los antecedentes de uno de los líderes de la banda, acusado de trata de personas y narcotráfico, que actuaba en la provincia de Salta. "Se pudo verificar que G.A.M.R -tal como se señala al sospechoso en el expediente- efectivamente registraba antecedentes judiciales. El 3 de mayo de 2016 había sido condenado en el Juzgado de Garantías N° 5 de la ciudad de Salta a la pena de tres años de prisión -de ejecución provisional- y multa de $1000 por ser considerado autor de los delitos de robo (en 8 hechos) y tenencia de arma de fuego de uso civil, en concurso real".

Pese a esa condena, el hombre estaba libre y era el reclutador principal de mujeres para el transporte de drogas.

Además de la causa por enviar las cargas de cocaína, los miembros de la banda deben enfrentar -según los documentos judiciales- la acusación de "captar personas cuyas características personales y condiciones sociales, económicas, culturales y familiares permitieran al grupo criminal, mediante el abuso de esa situación y mediando amenazas, utilizarlas servilmente para funcionar en calidad de 'mulas' (transportistas), asumiendo estas víctimas involuntariamente los riesgos de ser descubiertas en pleno despliegue de la actividad ilegal".

Jóvenes esclavizadas

En el expediente se consignó que una de las principales zonas de actividad de la banda era la ciudad de Tartagal, donde almacenaban la droga proveniente de Bolivia. Sobre las mujeres captadas para trasladar la droga, en la causa se agregó: "Algunas de ellas serían previamente captadas y utilizadas de modo servil, aprovechándose de su alto grado de vulnerabilidad".

El salteño G.A.M.R. dirigía el grupo de al menos cinco personas que conseguía la droga y la enviaba a Buenos Aires. A pesar de estar conectado con otras bandas, siempre tenía dos laderos, identificados como D.H.Q. y M.A.B., que vigilaban a sus grupos rivales para robarles la droga.

En las escuchas telefónicas realizadas en los últimos días de 2019, G.A.M.R. habló con uno de sus proveedores de cocaína boliviana. "¿Estás del lado del frente?", preguntó en traficante salteño. "Sí, yo vivo enfrente", respondió quien ya tenía preparado un kilo de cocaína para atravesar la frontera a cambio de US$150.

En otra conversación, G.A.M.R. consultó a uno de sus laderos por el precio del kilo de cocaína en la ciudad de Salta, que finalmente le ofrecieron por $40.000. Al final del circuito, por concretar el envío de dos kilos a la región metropolitana, este grupo ganaba $125.000.

Datos aportados por la Gendarmería Nacional e incluidos en el expediente indicaron que D.H.Q. "tendría la posibilidad de obtener armamento que utilizaría en el desarrollo de las actividades de distribución de drogas". Y se agregó: "También revendería parte de esas armas a terceros emparentados con maniobras de tráfico ilícito".

De las escuchas telefónicas también se desprende el dato de que el grupo contaba con varias mulas disponibles para trasladar el envío de cocaína, circunstancia que finalmente provocó la caída de la banda. El 2 de octubre de 2019, una joven identificada como Y.Y.F. se bajó de un ómnibus en la ciudad de Córdoba con una mochila que tenía dos kilos de cocaína. En el baño de la terminal pidió auxilio a la policía. Denunció que fue captada por la red en el norte de Salta y que viajó engañada.

Y.Y.F. vivía en el Paraje Tranquitas, un poblado de mil habitantes que solo tiene unas decenas de cloacas y que está ubicado en el kilómetro 17 de la ruta nacional 34. Allí, en una casa humilde rodeada por vecinos de su propia comunidad originaria, la joven educaba sola a cinco niños. "En algunos casos, imposibilitarían material y psicológicamente a la 'mula' de desistir de su accionar e interrumpirlo", detallaron los investigadores en el expediente.

Por el lugar donde fue interceptado el envío de cocaína, la causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba y, además, tomaron acción también los investigadores judiciales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría contra la Trata (Protex).