Violencia. Una muerte en el casino de Rosario, un senador con fueros y fiscales corruptos, los ejes de un juicio de alto impacto
Guille Cantero está otra vez en el banquillo de los acusados, en esta ocasión como supuesto instigador del asesinato de un hombre en la mayor casa de juego de Santa Fe
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.-Una trama de extorsiones, con un manual que aplicaba la mafia para realizar atentados y homicidios, y que contaba con la protección de una red de corrupción política y judicial, que colaboraba con los grupos narcos, forman parte de los ejes de un juicio que tiene un alto impacto en Santa Fe. A partir del crimen del exgerente del Banco Nación Enrique Encino, que llevaron adelante Los Monos en el casino de Rosario, comenzó a entretejerse una causa que provocó por primera vez en esta provincia fueran detenidos dos fiscales y fuera involucrado el senador peronista Armando Traferri, que nunca pudo ser imputado por ampararse en los fueros legislativos, que podría perder en las próximas elecciones del 13 de setiembre en Santa Fe o por decisión de la Corte Suprema de la Nación, que tiene bajo análisis un reclamo por la inconstitucionalidad de la protección parlamentaria.
Enrique Encino, exgerente del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, estaba ajeno a toda a trama narco de Rosario. Había ido el 11 de enero de 2020 al casino City Center, en Rosario, a apostar. Salió a fumar un cigarrillo a uno de los balcones cuando una bala lo mató.
Los disparos fueron ejecutados, según la causa, por miembros de la banda de Los Monos, que pretendían con ese atentado a la sala de juegos cobrar un canon por protección, una maniobra típica de la mafia.
Este caso, según el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra, “explica la trama criminal en Rosario”. “Vamos a exponer las evidencias que acreditan la participación de los acusados en el homicidio. Además, probaremos el accionar de esta asociación ilícita conducida por Ariel “Guille” Cantero, que tuvo un ladero muy importante como Carlos “Toro” Escobar –cuya dibujo apareció en la bandera exhibida en Newell’s el 24 de junio pasado-; a Otniel De León que fue uno de los que disparó contra el casino, y Maximiliano Díaz, quien trabajaba afuera en la organización de este hecho”. Los fiscales pidieron 22 años de cárcel para el líder de Los Monos, que está detenido actualmente en Marcos Paz, y ya suma sobre su espalda más de 106 años de prisión.
“Este crimen es un caso importante para poder explicar la trama criminal en Rosario, las relaciones que existen en el mundo criminal sin comprender cuál es la relación de los aportes estatales para este funcionamiento que permite que los grupos criminales prosperen. En este caso vamos a mostrar cómo a partir de la apertura de un teléfono y de otras evidencias pudimos dar con toda una red de relaciones entre quienes manejaba el juego ilegal y funcionarios de la fiscalía y funcionarios políticos”, explicó Schiappa Pietra.
Matías Edery, fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, consideró que “esta causa fue la que originó una investigación sobre una red de corrupción política y judicial, que tiene involucrados a fiscales y al senador Armando Traferri”.
Desde la cárcel de Marcos Paz, el líder de Los Monos dio la orden el 8 de enero de 2020: “Hay que hacer lo del City (Center). Ahí vamos a sacar una money”. La premisa la recibió Maximiliano Díaz, alias Cachete, quien era el encargado de planear tres días después el ataque contra la sala de juegos.
El atentado al casino fue una bisagra en el entramado que Los Monos tejían con el nuevo negocio de las extorsiones. Cachete Díaz se comunicaba por WhatsApp con las potenciales víctimas, a las que investigaban previamente. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2019 llamó a Rodrigo Fabiani y le exigió que le entregara una camioneta Toyota Hilux y 30.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida.
En las comunicaciones previas quedó en evidencia que Los Monos sabían que Fabiani se había quedado con dinero de Maximiliano Rodríguez, alias Diente de Lata, que fue asesinado en la autopista Rosario-Córdoba en agosto de 2014. Había una inteligencia previa, en ese submundo, donde es muy fino el límite entre la legalidad y el delito.
Este esquema de extorsiones ya lo hacían con los gremios. Díaz era quien se ocupaba de cobrarle en persona al gremio de los taxistas para no perturbar su actividad. Esto ocurrió a partir de octubre de 2019, cuando Horacio Yanotti quedó al frente del gremio tras la expulsión de Horacio Boix, tras protagonizar un choque con un Audi del gremio, que terminó en escándalo. Boix les pagaba a Los Monos por seguridad y Cachete pretendía que Yanotti hiciera lo mismo. La trama se puso más densa cuando empezaron a balear la casa de los integrantes de la comisión directiva del sindicato. Algo similar ocurrió con el gremio de estibadores del puerto de Rosario. Boix fue condenado el miércoles pasado por haber usado para gastos personales la suma de 239.226 dólares que eran de la caja del gremio, y por haber mandado a balear a través de Los Monos a los integrantes de la comisión directiva que lo sacaron de la conducción en 2019.
El 8 de enero de 2020 Díaz envió a su hermano Fabián y a dos menores a extorsionar a Pablo Fortuny, dueño de una financiera ubicada en Entre Ríos al 700, pleno centro de Rosario. A este hombre, vinculado a las finanzas, con quien se reunieron en un bar en Río de Janeiro y Montevideo, le exigieron que pagara 5000 dólares por mes a cambio de no atentar a balazos contra su local, algo que lo iba a llevar a la bancarrota.
Flavia Brion, la pareja de Cachete, tenía un rol importante en este esquema, ya que también manejaba el dinero de las extorsiones, y agendaba las reuniones con las víctimas, a quienes apretaban en el bar Mansa, de Pellegrini al 600, propiedad de Mariano Ruíz, uno de los lavadores de dinero de Los Monos, según estableció la justicia.
Desde las cárceles, tanto en el penal federal de Marcos Paz como en la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, Los Monos delinearon un negocio que no parece tener límites, alimentado por el universo oscuro de un sector de la economía.
Una de las claves en esta causa fue que 48 horas después del crimen de Encino, los fiscales detuvieron a Cachete Díaz. Al verse atrapado, Díaz rompió y descartó su celular. Pero un vecino lo encontró y aparecieron los primeros hilos de una red narco complejísima que llega hasta la cima política y financiera de la provincia.
De ese teléfono no sólo obtuvieron información sobre el crimen, sino también de otras maniobras temerarias. Los Monos habían planeado un incendio en el estacionamiento del casino, con otros ejecutores, dos días antes. El objetivo era extorsionar a los dueños del casino. Dinero a cambio de tranquilidad. La idea era explotar un auto en el parking cuando estuviera repleto de gente. Pero la Gendarmería detuvo a quienes debían encargarse del golpe a bordo de un Volkswagen Gol rojo robado, con una Browning 9 milímetros y 14 balas. Díaz cometió entonces un error: le pidió a un mandamás del juego clandestino, Leonardo Peiti, que les preguntara a sus “amigos de la fiscalía” por la situación de los detenidos. Así comenzaron a aparecer las complicidades judiciales y políticas.
La relación del “empresario” que manejaba el juego clandestino con Los Monos venía de antes. Peiti les pagaba una “mensualidad” para que no lo mataran. Primero abonó 20.000 dólares y luego 5000 por mes, durante un año y medio, más el manejo de tres salas de juego ilegales. Pero Los Monos no solo querían su dinero sucio, sino sus influencias en la Justicia, que habría tejido de la mano del senador peronista Armando Traferri.
Urgido por Díaz, Peiti llamó a un comisario retirado y al jefe máximo de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal. Con esas llamadas expuso el contubernio entre el juego ilegal, la policía, el narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y el poder político.
Pero Traferri nunca pudo ser imputado, porque el Senado de Santa Fe rechazó en diciembre de 2021 retirarle sus fueros. En noviembre pasado, la jueza Bibiana Alonso decidió aceptar el pedido de los fiscales Edery y Schiappa Pietra para que la causa no pase al archivo y se espere qué resolución va a tomar la Corte Suprema de la Nación, donde los funcionarios del MPA acudieron en queja, luego de que el máximo tribunal de Santa Fe –en votos cinco contra uno- rechazara el pedido de inconstitucionalidad del artículo 54 de la carta magna santafesina que impide que un senador sea imputado.
Es probable que la Corte Suprema de la Nación no se expida sobre este caso antes de las elecciones, por lo que Traferri podrá ser electo nuevamente senador si gana en el departamento San Lorenzo, algo que está en duda, ya que los dos candidatos de Juntos por el Cambio sumaron en la PASO 2431 votos más que el legislador peronista que va por su cuarto mandato.
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