Violencia. Una visita íntima en una cárcel, un adolescente de 15 años y menos de un millón de pesos fueron la base de una campaña de terror

ROSARIO.-La saga de cuatro homicidios que sacudió Rosario a principios de marzo, y que fue catalogada por el gobierno como un acto “narcoterrorista”, tuvo como autores materiales a menores de edad, que cobraron unos $200.000 y $300.000 por matar a trabajadores al azar, órdenes que salieron desde la cárcel de Piñero, ubicada a 25 kilómetros de Rosario, y del penal de Marcos Paz, donde está preso Esteban Alvarado.

¿Cuál fue el objetivo de asesinar a dos taxistas, un colectivero y al playero de una estación de servicio? “Causar conmoción pública para torcer decisiones del Poder Ejecutivo provincial”, aseguraron los fiscales en una audiencia en la que se desgranó parte de un plan para aterrorizar esta ciudad, algo que consiguieron luego de que Rosario quedara paralizada por decisión del crimen organizado.

Un menor de 15 años, detenido después de estar varios días prófugo y que lo denunciaran sus propios vecinos para cobrar la recompensa de $10.000.000, fue el ejecutor de dos de los cuatro asesinatos. Y está vinculado a un tercero. Actualmente, se encuentra bajo el régimen de protección de testigos.

Este joven, cuya imagen se viralizó en el momento en el que las cámaras de seguridad lo captaron al matar a Bruno Bussanich el 9 de marzo en la estación de servicio Puma, también mató al taxista Héctor Figueroa, la primera víctima de esa serie de homicidios. Incluso, los fiscales Adrián Spelta, Franco Carbone y Patricio Saldutti deslizaron que podría estar involucrado en otro crimen, el del chofer de taxis Diego Celentano.

Entre quienes planificaron los homicidios aparecen Alejandro Núñez, alias “Chucky Monedita”, alojado en el pabellón 28 de la cárcel de Piñero, y otros dos narcos que no fueron imputados aún, como Claudio “Morocho” Mansilla y Esteban Lindor Alvarado, que están alojados en el penal de Ezeiza, de donde se quisieron fugar en marzo de 2023 con un helicóptero. Estos dos últimos nombres no tuvieron relevancia en la exposición de los fiscales por la poca evidencia que se logró recolectar sobre los autores intelectuales. Por eso, el fiscal Spelta dijo la semana pasada que hubo “coordinación” entre distintas bandas.

En el gobierno de Santa Fe están convencidos, sobre la base de informes de inteligencia criminal, que Alvarado fue el que tramó el plan para provocar un fuerte impacto contra la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a quien considera uno de sus enemigos desde el momento en que fue detenido en 2019, cuando estaba prófugo.

Chucky Monedita pasaba información a su pareja Brenda Pared, que está bajo prisión domiciliaria por una causa de drogas en la localidad de Funes. Pared iba a visitas íntimas a la cárcel de Piñero y su pareja aprovechaba el momento de intimidad para suministrarle datos. Ella delegaba las instrucciones a su gente en el barrio Tiro Suizo. Gustavo “Gusti” Márquez y su pareja Macarena Muñoz eran la otra parte del engranaje mafioso. Estas personas, a su vez, bajaban las órdenes a cuatro menores.

Lo que llamó la atención de este plan es la utilización de adolescentes para ejecutar los crímenes. La precariedad de los sicarios llegó a tal punto que DMG, el menor de 15 años, casi mata a su cómplice cuando fue a ejecutar al taxista Figueroa. Y se olvidó de dejar la amenaza contra el gobernador que le habían encomendado. Por este asesinato le habrían pagado unos $300.000.

Al otro día, DMG y otro adolescente apodado Michel tomaron el taxi que conducía Celentano en Lamadrid al 400 bis. Otra persona había pedido el viaje. Los menores acribillaron al chofer desde el asiento trasero. Por el homicidio de este taxista les pagaron $200.000, según describieron en la audiencia los fiscales. El 9 de marzo DMG asesinó al playero Bussanich.

La otra parte de la saga fue el asesinato del colectivero Marcos Daloia, el crimen del playero y el despliegue de una bandera con amenazas en Oroño y Circunvalación.

Chuky Monedita fue acusado de ordenar los atentados en represalia por el rigor en las condiciones de detención en Piñero. Su defensor, Gonzalo López Ocariz, afirmó que la acusación de que su cliente es autor de las directivas para los atentados no se condice con su actual situación de alojamiento. “Es preso de alto perfil con encierros especiales. Se acreditó que solo puede visitarlo su esposa Brenda Pared en cuatro oportunidades. No tiene contacto con otro familiar o persona. Se puede contactar por teléfono una vez por día con una persona y el teléfono es discado por un empleado del Servicio Penitenciario (SP) que se queda monitoreando”.

El planteo del defensor es que no hay forma de transmitir una orden sin que un guardia lo sepa. “Tuvo cuatro visitas con su pareja por 30 minutos en un cubículo con la presencia de dos personas del GOEP (Grupo Operaciones Especiales Penitenciarias) por lo que no hay ningún tipo de privacidad, ni en forma personal, ni vía telefónica, ni en modo físico ni posibilidad de intercambio epistolar. Es imposible que pueda haber eludido esta directiva”, dijo. También remarcó que desde el 2 de marzo su defendido se encontraba en situación de aislamiento. Y que los ataques comenzaron el día 5.

Chuky Monedita está detenido desde 2015 y purga condena por un homicidio de sus tiempos de pistolero rústico en las calles de Tablada. En la cárcel, según se desprende de varios legajos penales, terminó reconvertido en “jefe de asociación ilícita” y administrador de búnkeres.

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