Caso Bulacio: el acusado declarará por videoconferencia porque "está deprimido"

El ex comisario Miguel Angel Espósito, quien hoy comenzará a ser juzgado por la detención ilegal de Walter Bulacio, no concurrirá a la sala de audiencias y declarará a través de una videoconferencia porque, según argumentó, está "deprimido".

María del Carmen Verdú, la abogada de la familia, confirmó a LA NACION que el Tribunal Oral en lo Criminal 29 hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso que el acusado declare desde una oficina del Consejo de la Magistratura y será escuchado a través de una videoconferencia

A poco más de 22 años de la muerte del joven, que falleció tras ser apresado y alojado en una comisaría luego de un recital de Los Redonditos de Ricota, en 1991, el ex policía es acusado de "privación ilegal de la libertad", que tiene como pena máxima seis años de prisión, ya que nunca se le imputaron las "torturas seguidas de muerte" que para la familia sufrió el muchacho, por entonces de 17 años.

El juicio estuvo precedido de un acto y movilización organizados por la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) que tuvo lugar a las 9 en la plaza situada en Paraguay y Callao, desde donde marcharon al tribunal.

Según la abogada Verdú, el juicio sirve "para exponer cómo funcionaba en 1991, y cómo sigue funcionando hoy, el sistema de detenciones arbitrarias en el país, que es el antecedente de centenares de muertes en comisarías".

Las audiencias se realizarán el 24, 26 y 30 de septiembre y el 2, 3 y 8 de octubre; el 10 tendrán lugar los alegatos de la querella, el 15 de la fiscalía y el 17 de la defensa; luego, el tribunal fijará la fecha del veredicto.

Cómo fue el caso

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1991 en inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, de Núñez, donde se iba a desarrollar un recital de Los Redonditos de Ricota, y centenares de personas que se dirigían al estadio fueron detenidas por la policía, entre ellas, Bulacio.

Quienes detuvieron al joven en su momento invocaron el "Memorando 40", una disposición pergeñada por dos magistrados correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito era entregárselo a los padres.

Según constancias de las actuaciones, Bulacio murió como consecuencia de un "aneurisma no traumático" tras ser alojado en la comisaría 35, pero Espósito sólo fue procesado por su detención ilegal y nunca por "torturas seguidas de muerte".

Un crimen de Estado

Tras años de presentaciones judiciales, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó al Estado argentino luego de que éste admitiera su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la integridad física del adolescente.

En aquella oportunidad, la CIDH ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.

Además, se pidió que en un lapso razonable se sancione a los responsables de la detención ilegal de Bulacio y se investigue la conducta de todos los jueces "responsables de la gravísima situación de impunidad".

En septiembre de 2008, Espósito fue despedido de la Policía Federal y tres meses después solicitó la colaboración del Consejo de la Magistratura para realizar un "exhaustivo" estudio sobre la conducta de los cuatro jueces que intervinieron en la causa: Víctor Pettigiani, Alicia Iermini, Facundo Cubas y María Cecilia Maiza.