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Abuso sexual. La Iglesia criticó el fallo que absolvió a un excura
En un comunicado, el obispado de San Martín resaltó que las víctimas esperaban un mensaje claro por parte de la Justicia
4 minutos de lectura'
LA NACIONAlejandro Horvat
El excura Carlos Eduardo José fue absuelto ayer en los tribunales de San Martín. Se lo acusaba de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tener un cargo eclesiástico” en el Instituto San José Obrero, ubicado en Caseros, provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de dicha jurisdicción, a cargo de Raúl Luchelli Ramos, Mónica María Carreira y Carolina Martínez, determinó que los hechos que denunció, Mailín Gobbo, de 33 años, que habrían ocurrido entre 1999 y 2008, prescribieron. Hoy, el obispado de San Martín, emitió un comunicado cuestionando el fallo de la Justicia.
El texto resalta que, en especial las víctimas, esperaban un mensaje claro por parte de la Justicia, y que la proscripción se interpone en la búsqueda de la verdad acerca de los hechos denunciados, por lo tanto, el fallo no lleva tranquilidad ni a las víctimas, pero tampoco a la Iglesia.
“La diócesis de San Martín con la firme voluntad de colaborar siempre con la verdad se solidariza con el sufrimiento de quienes han sido afectados y heridos durante todo este doloroso proceso, en particular con las víctimas quienes esperaban un accionar claro de parte de la Justicia, sintiéndose de esta manera vulneradas en sus reclamos y dejando incertidumbre en muchas personas acerca de la verdad de los hechos”, señala el texto.
Y continúa: “Siguiendo el espíritu y las expresiones del magisterio del papa Francisco esta Iglesia diocesana se compromete firmemente ´para que ningún abuso sea jamás encubierto ni infravalorado y para erradicar este flagelo no solo del cuerpo de la Iglesia, sino también de la sociedad´. Seguimos en oración y ofreciendo nuestra disposición a acompañar a todos los que han sido y se sientan vulnerados para que no pierdan la fe en Jesucristo”.
“A mí no me va a volver a abusar, va a abusar a otra nena. Me escribieron un montón de chicas que fueron víctimas de él. Los jueces y los abogados están encubriendo a un pedófilo”, exclamó ayer Gobbo luego de escuchar la sentencia.
“Lo de los tribunales es una vergüenza y lo de la Iglesia también. Recurriremos a la Cámara de Casación. El argumento del tribunal es que prescribieron los hechos. El excura nunca los negó, nunca, esto es tierra de nadie, estos son los jueces que tenemos. Acá a 25 cuadras tenés un fallo que protege a las víctimas, pero acá en la provincia somos parias”, dijo Hector Silveira, uno de los abogados de Gobbo, en referencia a un fallo de la Justicia de la Ciudad contra la prescripción de las causas por delitos sexuales contra menores que la querella planteó como jurisprudencia, pero el tribunal lo denegó. “¿Cuál era el sentido de celebrar el debate si el delito estaba prescripto? ¿Cuál era el sentido del juicio si el delito estaba prescripto? Hoy es un día de luto para la Justicia”, señaló Alejandro Stipancic, otro de los asesores legales de la denunciante.
“Los cuestionamientos al fallo son tres. Los jueces fraccionaron en dos los hechos, es decir, los que sucedieron en la escuela San José Obrero y los que ocurrieron en la casa de Mailin, y en realidad siempre hablamos de un delito continuado porque los abusos no se detuvieron en el tiempo. La segunda crítica es que los delitos, por las Convenciones Internacionales de Belén Do Pará y del Niño que están en la Constitución, no pueden violar el acceso de la víctima a obtener justicia invocando la prescripción. Y en tercer lugar, estuvo completamente corroborado por los testigos y los peritos que Mailin fue abusada en su casa por el sacerdote hasta ser una mujer de 21 años”, agregó Stipancic.
La Justicia también investiga otras tres denuncias, que fueron efectuadas por Jazmín Detez -quien radicó la denuncia junto a Gobbo-, Cecilia Burgos y Karen Maydana. La defensa del acusado también señaló que los delitos denunciados por estas tres mujeres prescribieron.
Sin embargo, desde el 2015 se toma como punto de partida para los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de 18 años el momento en el que la víctima lo denuncia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si esta modificación en la legislación se puede aplicar de manera retroactiva.
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