Aeronaves pequeñas que tienen un bajo límite de exigencias

Política e intereses comerciales aparte, la caída del helicóptero Robinson 22-Beta generó una polémica en torno de su uso en la policía.

Especialistas consultados por La Nación consideraron que las aeronaves son seguras, siempre y cuando no se supere su bajo límite de exigencias para las que han sido fabricadas. Y la persecución de delincuentes, explicaron las fuentes, no se encuentra entre esas posibilidades.

Cerca de 300 helicópteros vuelan en nuestro país, entre la aviación civil, la comercial, la de las Fuerzas Armadas y las de seguridad, según estimaron voceros de la Fuerza Aérea Argentina. Unos 135 de ellos, aseguró el presidente de Hangar Uno, Guillermo Trufó, fueron fabricados por la empresa Robinson.

Se trata de aeronaves de un solo motor que tienen prohibido el vuelo en la Capital, salvo en muy pocas zonas denominadas helicorredores, donde no hay casas ni edificios. Son espacios aéreos que se extienden desde la superficie terrestre hasta los 1000 pies de altura (304 metros), con un ancho de 1,5 metro a cada lado de la trayectoria establecida en base a referencias visuales.

Distinto es el caso de muchos de los helicópteros policiales Bolko fabricados por la compañía alemana Messerschmitt de la fabricante alemana Volko, máquinas biturbinas que tienen permitido sobrevolar la Capital. Según explicaron las fuentes consultadas, la razón se encuentra en que son helicópteros multiturbinas.

"A diferencia de los R-22, tienen dos motores. Si uno se planta, el otro permite un aterrizaje de emergencia", agregaron las fuentes.

Esta diferencia queda evidenciada en el precio. El monomotor modelo R22-Beta (biplaza) cuesta 155 mil dólares y el R-44 (de cuatro plazas), también de una sola turbina, unos 300 mil. El valor de los de dos turbinas, como los Augusta, supera los tres millones de dólares.

Algo similar ocurre con el mantenimiento. Mientras que el costo de los monoturbina es de algo menos de 100 pesos la hora, como el caso de los R-22, y de 200 pesos el de los R-44, el de los biturbina, en tanto, es de 2000 pesos.

No sólo en la Capital hay zonas restringidas para el vuelo de los helicópteros de un solo motor. También las hay en el Gran Buenos Aires, y Adrogué, donde anteayer cayó el helicóptero policial y murió su piloto, está entre ellas, según explicaron fuentes de la Fuerza Aérea.

No apto para persecuciones

"El asunto es que respetar helicorredores y perseguir delincuentes no es compatible. Un asaltante en auto no respeta espacios aéreos permitidos. Es cierto que en las reglamentaciones de la policía existen casos en que se permite transgredir estos corredores, pero se ingresa en zonas donde hay casas y edificios. Ahí está el peligro en que un motor se plante y no haya otro", dijeron los especialistas.

Tampoco estarían indicados, por sus limitaciones técnicas, para rescates o para trasladar heridos o enfermos.

Esto no implica, dijeron esas fuentes, que no puedan ser utilizados por la policía. El hecho es que se deben respetar a rajatabla los parámetros de velocidad y altura, los espacios permitidos y las funciones que el helicóptero tiene previstas.

Las alturas de vuelo varían de acuerdo con los modelos. "Un promedio para los monomotores podría estar entre los 150 metros de mínima y los 300 metros de máxima sobre el terreno."

"No es común que los motores se planten, si no, nadie volaría. Pero ello puede ocurrir. Por eso, los helicorredores están diseñados, entre otras cosas, para que no haya población que corra peligro alguno", concluyeron las fuentes de la Fuerza Aérea consultadas por La Nación .

Historia de una compra polémica

LA PLATA.- El 26 de marzo de 1993, la decisión del gobernador Eduardo Duhalde de comprar la flotilla de los Robinson R-22 aterrizó entre controversias en el Senado bonaerense; más adelante rebotó en la Cámara de Diputados.

Una nota acerca de estos aparatos fue publicada el 15 de noviembre de 1990 por la revista norteamericana Aviation Safety con el título: "Helicóptero de alto riesgo: el margen de error en el Robinson R-22 es delgado como una navaja".

El 23 de julio de 1992, la Prefectura Naval hizo saber al gobierno bonaerense la inconveniencia de comprarlos, por no reunir las condiciones mínimas de seguridad. Similar pronunciamiento adoptaron las autoridades de la Armada Argentina, que aportaron razones técnicas para desaconsejar la operación.

El entonces subdirector de Aviación Policial de la provincia, comisario inspector Carlos Panaro, elevó un informe negativo que no fue considerado. La compra se hizo y Panaro fue pasado a retiro sin causa.

También se pronunció en contra Héctor Bertoncello, entonces presidente del bloque de senadores radicales y máximo censor de la compra. Este arremetió con un pedido de informes. "Ni Duhalde ni Pettigiani, me respondieron", aseguraron los legisladores.

Por aquella época, mantuvo otro duro cruce con Pedro Klodczyk, ex jefe policial. Este aceptó que las máquinas no podían volar con viento, pero dijo que en zonas habitadas cumplían a la perfección con los requerimientos policiales.

Por Marta García Terán

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