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Alvarez va a reducir la cúpula de la bonaerense
También quiere sacar a todos los efectivos a recorrer la calle
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LA PLATA.- El ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, dijo que reducirá la cúpula policial y realizará auditorías sobre la distribución de las horas extras, que hoy están mal repartidas. También, el funcionario explicó que controlará el uso de los móviles y evalúa la posibilidad de "sacar a la calle" a efectivos que hoy cumplen funciones administrativas.
Si aún no lo hizo, es debido a la crisis por la que atraviesa el ministerio que conduce y a pesar de haber sido blanco de amenazas. Alvarez recibió un mensaje mafioso antes de hacerse cargo de la cartera, confió a LA NACION uno de sus colaboradores. Concretamente, lo presionaron para que no asumiera y él, según dijeron fuentes confiables, no hizo caso de éstas.
Policías corruptos
Al asumir su cargo, Alvarez se encontró con un ministerio convulsionado. Y ahora la tensión aumenta en la misma medida en que se incrementa la cantidad de oficiales sospechados de enriquecimiento ilícito.
Los expedientes de otros siete efectivos, cuyos patrimonios fueron investigados por la Dirección de Asuntos Internos, fueron enviados ayer a la Justicia. Anteayer, se habían remitido al fuero penal otras ocho carpetas con información de policías cuya situación patrimonial fue puesta en duda por Asuntos Internos.
A esta nómina de 15 uniformados hay que sumarle otros cuatro que ya tenían causas penales: el ex jefe de la policía, comisario general Alberto Sobrado; los comisarios mayores Alberto Cánepa y Aníbal Degastaldi y la comisaria Regina Zonta.
Así, son 19 los casos que están en la Justicia. La lista original de la primera etapa del relevamiento de Asuntos Internos incluía 24 nombres, pero algunos acudieron ante dicha dependencia para justificar sus bienes y ahora deberán ser evaluados los documentos presentados, como herencias y balances de comercios familiares.
La semana próxima, el gobierno provincial haría otra serie de presentaciones en los tribunales y, luego, denunciaría a unos 40 efectivos más, dijo Alvarez.
Los siete expedientes enviados ayer a la Fiscalía General de esta ciudad son los de los comisarios inspectores Basilio Barchuk y Deraldo Omar Luciaga; los comisarios Jorge Fiallio, Claudio Martínez, Jorge Cassino y Pascual Avezani, y el subcomisario Alberto Gustavo Desmul.
La nómina remitida anteayer está conformada por el comisario general Julio César Frutos, los comisarios mayores Rodolfo Coronel y Víctor Herrera, el comisario inspector Jorge Pessina, los comisarios Antonio Mercado, Gustavo Arenas y Omar Carreiras y el subcomisario Marcelo García.
Los casos fueron asignados al fiscal Víctor Violini, que investigará el caso con el apoyo de funcionarios de la Policía Judicial de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia provincial.
La tensión y el plan
Esta crisis provoca un clima de alta tensión en la fuerza bonaerense. Y complica la aplicación de un plan para combatir el delito que trazó el ministro Alvarez.
El paquete de medidas incluye la descentralización de la fuerza, la creación de nuevas jefaturas departamentales y la eliminación de direcciones generales con el consecuente achicamiento de la cúpula.
Alvarez aseguró, además, que se controlará el reparto de horas extras (llamadas Cores). "Hay mozos que las cobran. Las horas Cores son para la gente que está en la calle", dijo el funcionario.
Pretende también que el 60 por ciento de los 45.000 policías bonaerenses recorra las calles, y para eso reducirá los cargos administrativos, afirmó. Y agregó que se realizará una experiencia piloto en dos municipios, donde se contratarán consultoras para "buscar la cifra negra del delito", es decir, los casos que no se denuncian.
Pero para desarrollar este plan primero tiene que ordenar la policía. Alvarez aseguró que los efectivos sospechados de enriquecimiento ilícito serán puestos a disposición de personal (esto es, sin destino fijo), aunque el proceso demorará unos pocos días.
Más policías comprometidos
Hay más: dos hombres fuertes de la cúpula comprometidos en causas penales. Son los comisarios generales Claudio Smith, director general de Operaciones Estratégicas, y Angel Casafús, director general de Investigaciones.
El primero está sospechado de "obstruir" el trabajo de la Justicia. "No me importa que el padre de Smith sea peronista y amigo de Duhalde. Va a ser tratado igual que el resto", dijo Alvarez a un colaborador.
Casafús, por su parte, podría ser procesado por falso testimonio por el fiscal de San Isidro Diego Molina Pico, que investiga el homicidio de María Marta García Belsunce. Es que recibió más llamadas del teléfono de Horacio García Belsunce, hermano de la víctima, que las que declaró. Asuntos Internos ya estudia ambos casos.
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