Los vecinos se organizan contra el megatemplo mormón y la Iglesia le pide al gobierno porteño que pague por los daños en Santa Catalina

El conflicto alrededor del Monasterio y la iglesia de Santa Catalina de Siena suma cada vez más componentes. Este mediodía, unas 100 personas se reunieron en la esquina de San Martín y Viamonte para participar de lo que llamaron un “cabildo abierto”, convocado por la organización Basta de Demoler. Participaron vecinos y también feligreses, quienes se sumaron a la convocatoria una vez terminada la misa, que se celebró al aire libre dado que el templo permanece cerrado.

Durante el encuentro, distintos participantes se pasaron de mano en mano un altoparlante. Los oradores difundieron las novedades: informaron que, mientras que el Gobierno porteño se dispone a retomar las obras de peatonalización de Viamonte en la próxima semana, ayer la Comisión Nacional de Monumentos envió un documento al gobierno porteño exigiendo ciertas condiciones para garantizar la preservación del monasterio durante las obras.

También se comunicó que los vecinos y la organización Basta de Demoler presentaron un pedido de inconstitucionalidad contra el fallo de cámara que revocó el fallo de primera instancia que impedía al Gobierno de la Ciudad y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Ijsus), conocida popularmente como Iglesia Mormona, avanzar con las habilitaciones de la construcción de un megatemplo en la misma manzana en la que se encuentra el monasterio, una edificación de 1745 declarada Monumento Histórico Nacional.

Se informó, a su vez, que el Arzobispado de Buenos Aires pidió a la Ciudad que se haga cargo de la reparación de las grietas que aparecieron en la iglesia en las últimas semanas -decisión que más tarde fue ratificada en un comunicado oficial- y que la Junta Nacional de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires firmó ayer un documento en el que exhorta a la Ciudad a proteger el complejo de Santa Catalina y a evitar obras publicas o privadas que puedan dañarlo.

Ahora, según acordaron este mediodía, los vecinos se disponen a organizar una movilización hacia la Legislatura porteña. Según acordaron, el próximo martes, cuando ocurra la reunión de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, se harán presentes para pedirle a los miembros que tomen el tema. Ente los participantes del “cabildo abierto” estuvo presente un legislador porteño, Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) autor de uno de los proyectos de ley para expropiar el terreno y hacer allí una plaza, quien convocó a los vecinos a insistirles a los otros legisladores a que se comprometan con el proyecto.

La lista de novedades no paraba de llegar con cada uno que se acercaba al micrófono y alzaba la voz, pese al frío y al día nublado. Por momentos, parecía que era un grupo de turistas recibiendo información histórica sobre esa esquina, pero pronto quedaba en claro que eran vecinos y que estaban muy enojados, entre otros motivos, porque desde hace 10 días la iglesia de Santa Catalina permanece cerrada por decisión de sus autoridades, a raíz de la aparición de grietas en todo el complejo luego de una semana de obras del Gobierno de la Ciudad sobre la calle Viamonte para su peatonalización.

Durante el encuentro de vecinos también se conoció que el Arzobispado porteño le envió una carta al gobierno de la Ciudad para exigirle que tome medidas para asegurarse de que las obras que quiere retomar no generen mayor impacto y a la vez para que informe cómo va a garantizarlo y cómo planea reparar los daños estructurales del monasterio.

“Desde el 2016 hay un fallo de la Justicia, gracias a una demanda que hicimos desde Basta de Demoler, que dice que allí no se puede construir en altura, que cualquier obra tiene que ser igual o menor altura que el monasterio. Estamos exigiendo que se cumpla la ley. Por lo tanto, si estamos pidiendo una expropiación, el valor de la expropiación es por los tres pisos de altura, no por los 22. Porque allí no se puede hacer una torre. Los mormones también son víctimas de esta situación, porque les vendieron gato por liebre. Allí no se puede construir lo que planean. No estamos en contra de ningún culto. Si vienen a poner un hospital para niños enfermos de cáncer, va a pasar lo mismo. Les vendieron un terreno para un uso pero esa edificación no se puede hacer”, apuntó Mauro Svarbatti, de Basta de Demoler desde el megáfono.

Recordó que desde hace 15 años en la Legislatura existen proyectos para hacer allí una plaza que proteja el sitio arqueológico, ya que allí funcionaba un camposanto donde fueron enterradas las monjas de Santa Catalina y esclavos afrodescendientes que trabajaron en la construcción del templo.

“Las obras del Gobierno porteño generaron daño. Sacaron toda la hilera de cordones de granito, de 80 centímetros de profundidad. Esa hilera funcionaba como viga de contención de los cimientos. Entonces, la iglesia se empezó a mover para el costado, se llenó de grietas. Claro que tiene grietas anteriores. Esa era la razón para tener más cuidado. No hicieron ningún estudio de impacto, vinieron con maquinaria pesada, les pedimos que tuvieran cuidado y no lo tuvieron”, dijo.

A su turno, la vicepresidenta de la organización, María Carmen Usandivaras tomó el altoparlante e hizo una actualización sobre la situación legal de los distintos frentes de reclamo: “Estamos presentando un recurso de inconstitucionalidad de la revocatoria de la cautelar. Tenemos un vecino Darío Burgin Drago, que consiguió una medida cautelar para frenar las obras de Viamonte. Además, hay otro amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad para preservar el monasterio en su conjunto”, informó, mientras los vecinos aplaudían las novedades.

“Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos envió una nota al Gobierno de la Ciudad pidiendo condiciones técnicas. Por ejemplo, que se informe cómo se decidió avanzar con la obra sin la aprobación de la Comisión, en virtud que esta comisión aún no ha aprobado el proyecto, y las obras ya se encuentran en ejecución. En virtud de ello, se formulan las siguientes recomendaciones”, leyó Usandivaras.

Y detalló: Que los trabajos sean supervisados por un arquitecto especialista en conservación patrimonial, con la presencia permanente en la obra. Enviar informes del estado de situación actual y posteriormente, informes semanales de avance e intervención. Registro fotográfico digital del proceso y distintas medidas de auditoría durante la obra, también en los muros históricos, y que todo esté firmado por un ingeniero civil con experiencia aprobada en el edificio patrimonial. También se solicita resguardar adecuadamente los sectores, evitando golpes, acumulación de escombros y apoyo material, herramientas o elementos de obra sobre los muros.

LA NACION confirmó con las autoridades de la Comisión Nacional de Monumentos el envío del documento y consultó a la Ciudad si había existido una respuesta. También confirmó el pedido de reparación que envió el Arzobispado al gobierno porteño. Hasta el momento no hubo una respuesta oficial sobre la consulta.

“El Arzobispado de Buenos Aires informa a la comunidad de fieles y a la ciudadanía en general sobre los avances en las gestiones realizadas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con los daños estructurales que motivaron el cierre provisorio de la Iglesia de Santa Catalina de Siena. La Iglesia de Santa Catalina de Siena reabrirá sus puertas una vez que los estudios y monitoreos estructurales en curso acrediten que los daños producidos a raíz de las obras de peatonalización de la calle Viamonte no impliquen riesgo de colapso”, dice el comunicado del Arzobispado.

Y sigue: “Los trabajos de evaluación ya han comenzado, y aguardamos sus resultados para determinar los tiempos y condiciones de la reapertura. Con el fin de que los trabajos en la vía pública no incrementen los daños ya existentes, hemos solicitado al Gobierno de la Ciudad que disponga los medios técnicos necesarios para monitorear el estado del edificio ante cualquier reanudación de las obras linderas. Cabe señalar que la posibilidad de dicha reanudación, total o parcial, se encuentra actualmente sujeta a resolución judicial, en virtud de las presentaciones realizadas por distintos organismos dedicados a la preservación del patrimonio histórico".

En el texto también detallaron: “Paralelamente, hemos solicitado al Gobierno de la Ciudad que se realicen las reparaciones necesarias para remediar los daños ocasionados al templo, Monumento Histórico Nacional inaugurado en 1745. El diálogo con el Gobierno de la Ciudad continúa de manera constructiva. El Gobierno de la Ciudad se ha comprometido a que todas las intervenciones técnicas sobre el templo se realicen con la supervisión del Arzobispado de Buenos Aires, lo cual valoramos como una señal de responsabilidad compartida”, dice.

Este mediodía, las novedades siguieron llegando de la boca de los vecinos y de las organizaciones involucradas en el reclamo. El vicepresidente de la Junta de Central de Estudios Históricos de la Ciudad, Héctor Vargas Manzzini, tomó el micrófono. “En el día de ayer, en una sesión plenaria que tuvimos en la Casa del Historiador, aprobamos esta declaración, que paso a leer”, dijo y recordó que se trata del primer convento femenino que inició la vida claustral en la ciudad de Buenos Aires.

“Proyectado en el año 1717, construido íntegramente de ladrillo y cal, e inaugurado el veintiuno de diciembre de 1745. El templo y monasterio fueron construidos en base a planos de los jesuitas Juan Bautista Primaly y Andrés Blanchi, quienes intervinieron también en el Cabildo, entre otras edificaciones emblemáticas de la ciudad”, detalló.

Y después leyó el documento que enviaron al Gobierno porteño: “Exhortamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, a la brevedad, a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, instrumente acciones efectivas que conduzcan a la preservación del patrimonio cultural, al cuidado de la memoria histórica de nuestro pueblo, y en consecuencia, a conformar y consolidar su identidad. Exigimos la inmediata suspensión de toda obra que ponga en riesgo la integridad de este patrimonio irreemplazable. Así como la urgente instrumentación de medidas de protección. Recomendamos evaluar rigurosamente la conveniencia urbanística y aprobación de construcciones que puedan ocasionar potenciales daños materiales en ambos monumentos históricos nacionales. Y que, previo a la toma de decisiones, se confirme el valor arqueológico que yace en esta manzana”.

Pero no todos fueron acuerdos. Cuando tomó el micrófono un representante del área de Seguridad de la comuna, hubo silbidos y abucheos. Finalmente los aplausos volvieron cuando tomó la palabra el diputado porteño Del Gaiso, que se presentó como autor de uno de los proyectos de ley para crear una plaza en el predio que hoy pertenece a la Ijsud. El legislador también pidió apoyo a los vecinos para lograr los 40 votos necesarios para conseguir la expropiación.

Por Evangelina Himitian

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