Anses: falsos gestores cobraban coimas

Los gestores "truchos" de la delegación Mar del Plata de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) exigían una coima proporcional al pago de la retroactividad que reconocía el organismo, de acuerdo con el gerente general del organismo oficial, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, el secretario de Seguridad Social, Carlos Torres, dio a conocer un resumen de las irregularidades que se producían en la mencionada delegación del Anses, por las que fue asesinado el gerente de esa dependencia, Alfredo Pochat.

Entre estas, mencionó el pago de coimas para agilizar trámites, el otorgamiento de jubilaciones sin respaldo de expedientes, el pago de asignaciones familiares a empresas fantasmas, aumentos ilegales de haberes e incompatibilidades, como las de funcionarios que actuaban como gestores privados.

El Gobierno Nacional se comprometió a colaborar con la Justicia para investigar los casos de corrupción descubiertos en la delegación, Asimismo, anunció que reforzará la seguridad personal de quienes investiguen irregularidades en el sistema.

Pochat fue asesinado de dos balazos el miércoles último por el esposo de la ex jefa de la mencionada delegación de la Anses, cuando se aprestaba a difundir públicamente unas 400 maniobras de corrupción descubiertas por un equipo que él conducía.

Cómo eran las maniobras

Un documento distribuido por el Ministerio de Trabajo asegura que "hubo varios casos en los que un mismo verificador de la Anses, ante situaciones muy similares, dictaminó en un caso favorablemente a la concesión del beneficio y en otro lo denegó. Esto dependía del gestor que iniciaba el trámite".

Asimismo, a muchos potenciales jubilados o beneficiarios se los obligaba a hipotecar sus bienes a cuenta de las asignaciones que iban a percibir de la Anses.

Por su parte, Larreta admitió que Pochat le había avisado que había recibido amenazas por las investigaciones que llevaba a cabo.

Torres indicó que, de ahora en más, va a haber una "especial consideración en la seguridad" de los auditores que seguirán investigando los casos de corrupción.

El secretario de seguridad no pudo dar precisiones sobre el monto de la estafa y reiteró que hasta el momento siguen siendo seis los detenidos por este episodio de corrupción en Mar del Plata.

Declaran la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad previsional

Fallo: un juez del trabajo impugnó la norma que permite al Anses no pagar en término las deudas establecidas en sentencias judiciales.

La Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de Solidaridad Previsional y ratificó que el Estado Nacional está obligado a pagar - en dinero o con bonos- todas las deudas que tiene con jubilados y pensionados establecidas en sentencias firmes.

Así lo resolvió el juez del trabajo Jorge Barbero en una causa contra el Anses iniciada por Jorge Scala, un afiliado de la ex caja de comercio, de 65 años.

En su resolución, el magistrado intimó al organismo oficial para que en el plazo de 15 días haga efectiva la liquidación de la deuda, conforme lo ordena la Cámara de Seguridad Social, y en un término máximo de un mes ponga a disposición del beneficiario los bonos de consolidación que le corresponden.

Irrazonables

El juez consideró que los artículos 22 y 23 de la ley 24.463 son inconstitucionales por carecer del principio de razonabilidad que debe tener toda ley para ser válida.

"El principio de razonabilidad de las leyes exige que exista una adecuada relación entre la ley y la moralidad, el bienestar de la población y los demás valores éticos, morales y religiosos, que son la esencia de la sociedad. -asegura- Esto conlleva a descartar cualquier tipo de desproporción entre el fin perseguido y el medio que se elige para concretarlo".

Cumplimiento suspendido

La ley impugnada establece que "las sentencias contra el Anses serán cumplidas dentro del plazo de 90 días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo" y, agrega: "Una vez agotados los recursos, se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago".

El titular del juzgado del trabajo N° 32 consideró que "la norma cuestionada pone en evidencia un criterio meramente economicista y presupuestario que viola principios elementales de la Constitución Nacional y tratados internacionales". Como ejemplo citó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que dispone que "toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia".

No obstante aclarar que no pone en duda "la legitimidad de que el Estado adopte los medios necesarios para afrontar la crisis", el juez Barbero señaló que esta ley "excede los remedios que pudieran legítimamente adoptarse para paliar la crisis presupuestaria frente a la deuda previsional, puesto que torna casi ilusoria la percepción y el goce por parte de la clase pasiva de las sumas reconocidas judicialmente".

Al concluir, el magistrado aseguró que actuar como establece el artículo 22 de la ley de Solidaridad Previsional implica un virtual incumplimiento de las condenas judiciales y añadió que "ningún magistrado de la Nación puede consentir que el Estado Nacional no cumpla sus sentencias".

Por Laura Zommer

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