Apelarán el fallo de la Corte Suprema

Varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos de la mujer y reproductivos expresaron ya su intención de apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que prohibió la venta de la "píldora del día después".

En tanto, la comunidad médica rechazó ayer los fundamentos científicos sobre los que el máximo tribunal basó su sentencia. En el mejor de los casos, los consideraron "insuficientes"; en el peor, "erróneos".

Y todos sostuvieron que el producto, comercializado como "Imediat N" por Laboratorios Gador, se prescribe como "anticoncepción de emergencia" para prevenir embarazos en casos excepcionales -violaciones o falla de otros métodos- y no para interrumpir la gestación, criterio adoptado por cinco ministros de la Corte.

Por el contrario, el Secretariado Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal opinó en un comunicado que la decisión de los jueces "no hace otra cosa que respetar tanto nuestra constitución como las leyes específicas que defienden el derecho a la vida desde el mismo momento de su concepción".

"No puede exponerse a la mujer -continúa el texto- a tomar una decisión que con apariencia inocente la convierte en juez y verdugo del hijo de sus entrañas."

Anoche, por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) aún esperaba la notificación judicial correspondiente para ordenar retirar del mercado las pastillas en cuestión, y dar marcha atrás con la autorización que había extendido en 1996.

Pero las mujeres, que sienten sus garantías lesionadas por la decisión de los ministros de la Corte Suprema, prometen dar batalla. Entidades civiles como el Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM), el Foro por los Derechos Reproductivos y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) planean estudiar el polémico fallo y ponerlo a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Repercusiones

"Apelaremos. Viola los derechos a la salud y a la integridad física consagrados por el Pacto de San José de Costa Rica; viola la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belem do Para; viola la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), así como la Convención Internacional por los Derechos del Niño", entendió María José Lubertino, titular de ISPM.

Y agregó: "Ya iniciamos contactos con la Asociación por los Derechos Civiles y con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

La abogada Leonor Vain, asesora del Foro por los Derechos Reproductivos y del Consejo Nacional de la Mujer, también opinó que el dictamen aprobado en mayoría por la Corte Suprema vulnera garantías y mostró su intención de recurrir a la CIDH.

"El fallo no tiene fundamentos científicos; además, fue dictado en el contexto de una acción de amparo, que no permite el desarrollo de la prueba. Hablaremos con otras ONG para diseñar juntas una apelación ante el tribunal internacional", indicó.

La doctora Mabel Bianco, de FEIM, advirtió además que, "como médicos, también nos reservaremos el derecho de presentar amparos para ejercer nuestra profesión, porque tendremos que prescribir este medicamento para los casos en los que está indicado".

Bianco -al igual que otros colegas- calificó los fundamentos de la sentencia conocida anteayer como "parciales".

"Se equivocaron"

Según los científicos consultados por LA NACION, la Corte Suprema no tomó en cuenta los criterios adoptados por los organismos internacionales rectores en materia sanitaria, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (Alirh).

"La Corte se equivocó. Según la Alirh, en consonancia con la doctrina de la OMS, la pastilla inhibe la ovulación antes de que ocurra la fecundación. Desde el punto de vista científico, no es abortiva. El año último, la Alirh declaró que la población de América latina necesita tener a su disposición la anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados cuando otros métodos no fueron de utilidad", sentenció Carlos Gurucharri, presidente de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y profesor de la UBA.

"Desconocer, como lo hicieron los jueces, la opinión de la OMS, es una arrogancia. La píldora fue aprobada por los organismos que tienen potestad para determinar la seguridad de las drogas. Y aquí lo autorizó la Anmat, que no promueve métodos abortivos", explicó Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y miembro del Foro.

Lubertino coincidió: "En la Argentina nunca hubo pastillas abortivas en el mercado, como la RU486, que interrumpe el embarazo aun durante los primeros meses de gestación. En 1998, la OMS se expidió y consideró a la anticoncepción de emergencia un anticonceptivo más".

Por Ángeles Castro

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