Aprobaron urbanizar la villa 31 de Retiro

La Legislatura porteña convirtió anoche en ley un polémico proyecto para urbanizar las villas 31, de Retiro, habitadas por unas 26.000 personas.

La norma ordena la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, integrada por representantes del Poder Ejecutivo porteño, la Legislatura y del Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe), ente que administra los terrenos, para que planifiquen e instrumenten la urbanización de esos asentamientos habitacionales tomando como base el plan del Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA.

"Se trata del primer paso para concretar la esperanza de miles de vecinos de tener una solución adecuada a sus problemas habitacionales", dijo el autor de la norma, Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Vivienda del cuerpo.

La aprobación de la ley fue celebrada en el recinto por varios vecinos presentes. Es que el proyecto de la UBA que se toma como punto de partida incluye la urbanización de buena parte de los terrenos que ocupa la villa 31 bis, que hasta ahora se consideraba que sería desalojada.

"A todas las reuniones de la Mesa de Gestión y Planeamiento Participativo se convocará a los representantes del barrio, que podrán expresar su voz, debiendo consultárseles sobre toda aquella decisión que los afecte especialmente", indica el artículo 5º de la ley.

En el artículo 8º se dispone que la puesta en marcha de la urbanización de las villas 31 y 31 bis "no implicará desalojo alguno", mientras que a "aquellos habitantes cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se les garantizará, en acuerdo con los mismos, una adecuada solución".

Hace poco más de un año, el arquitecto Juan Carlos Poli ingresó de incógnito en los asentamientos y detectó más de 60 construcciones en altura en riesgo de derrumbe. Desde ese momento el gobierno porteño instrumentó medidas de seguridad para el ingreso de materiales de construcción. Sin embargo, hace un mes, la administración encabezada por Mauricio Macri dispuso nuevos peritajes en las viviendas señaladas por el arquitecto para verificar la real necesidad de relocalización de esas familias.

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