Aspero careo entre Alimena y Fiszbin por Cromagnon

Comenzaron casi a los gritos, con acusaciones y reproches mutuos. Sólo las oportunas intervenciones del juez Julio Lucini, con preguntas a uno u otro protagonista de la polémica, lograron devolver las aguas a su curso, y hacer que los 45 minutos de controversia terminaran en paz, aunque sin acuerdo.

Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal porteña, y Atilio Alimena, defensor general del Pueblo adjunto, ratificaron ayer, cara a cara, lo que habían dicho, ella como imputada y él como testigo en la causa por la tragedia de República Cromagnon.

El reiteró que Fiszbin le había dicho que hacía falta "decisión política" para clausurar locales en infracción. Ella, que jamás dijo tal cosa, a punto tal que recordó que un asesor de Alimena, de apellido Fernández, declaró en la causa no haber escuchado aquello; por eso pidió que sea citada como testigo una antigua asesora suya, Carmen Pruzac, para que corrobore que esa frase nunca fue pronunciada.

El abogado Marcelo Fainberg dijo a LA NACION que Fiszbin, su defendida, había salido "bien parada" del careo, pues Alimena había reconocido que ella "se había preocupado" por el tema de los locales bailables, y había admitido que, como defensor del Pueblo, la ley le permitía solicitar inspecciones, acompañar a los inspectores y presentar recursos de amparo ante la eventual inacción del gobierno, lo que "nunca hizo".

Alimena, en tanto, dijo a LA NACION que quedaba demostrado que el área de control del gobierno no había cumplido con la exigencia de la ley en el caso de los locales bailables -clausurar en caso de incumplimiento de la norma de prevención contra incendios-, que ni siquiera habían hecho algo con las intimaciones cursadas a los boliches para que regularizaran su situación sin que se los obligara a cerrar.

"El 3 de enero de 2005 quedó demostrado, con el decreto que firmó Aníbal Ibarra, que hacía falta una decisión política para cerrar los boliches. Y hasta el día de hoy, sólo 50 locales bailables pudieron reabrir. Es cierto que en su momento esa decisión política debía exceder a Fiszbin, aunque el tema le preocupara realmente. Ella sabía qué debía hacer, pero no podía hacerlo, y por eso sólo intimó y no clausuró", sostuvo Alimena, en diálogo con LA NACION.

Acalorado cruce

Frente a Lucini, uno y otro ratificaron sus dichos previos. A la hora del careo propiamente dicho, Fiszbin fue la primera en hablar. Sin preámbulos, le dijo: "No sé por qué hacés esto".

Le enrostró que nunca pudo haberle dicho, en enero de 2004, que había un centenar y medio de locales fuera de regla porque la información sobre los certificados de bomberos él los recibió un mes después. Y le recriminó que no le hubiera dado esos datos el 5 de mayo, adjuntados a la nota en la que le preguntaba qué había hecho respecto del tema de la prevención de incendios.

Lo acusó de haber "ocultado" información. "¿Por qué te guardaste esa lista? No sé qué relación tenés con Bomberos...", le dijo.

A Alimena, el tono de insinuación le hizo subir la temperatura. Más tarde, contaría a LA NACION: "Ella preparó un discurso increpándome y atribuyéndome vinculaciones con Bomberos. Por respeto a su legítimo derecho de defensa le acepto todo, menos que me incrimine casi en una actitud de cohecho con los Bomberos, a los que no conozco".

Según testigos del careo, de viva voz Alimena le respondió: "¿De qué me habla? Yo me reuní con usted en enero y le dije que estaban en falta con los boliches y que debían actuar porque, si no cumplían con la ley y había un siniestro, la administración de gobierno sería responsable penalmente".

Fiszbin negó que Alimena le hubiera dicho algo sobre tal responsabilidad penal. El le retrucó. "Tenían habilitados locales clandestina e ilegalmente", según la reconstrucción del debate que LA NACION pudo hacer.

El defensor del Pueblo dijo que en una reunión posterior Fiszbin había admitido que para cerrar todos los locales infractores en un solo acto (entre 160 y 180, recordó) se necesitaba una decisión política y que, por eso, ya había hablado con Ibarra.

Y que el jefe de gobierno, en una visita a la Defensoría, le había confirmado que ella ya le había hablado del problema. Ella dijo que eso era mentira.

Responsabilidad política

• El abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas del incendio en Cromagnon y querellante en la causa que investiga la tragedia, entregó ayer a la comisión formada en la Legislatura porteña para evaluar los hechos un dossier en el que insiste en señalar la responsabilidad política que habrían tenido en la masacre funcionarios del Gobierno de la Ciudad, especialmente la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y los inspectores a su cargo. En una extensa enumeración, menciona las presuntas conductas negligentes en las que habrían incurrido funcionarios y empleados.

Por Por Fernando Rodríguez <br/> De la Redacción de LA NACION

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