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Cada preso le cuesta al país $ 32.000 anuales
Admiten el mal uso del presupuesto del Servicio Penitenciario Federal.
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Si las cifras oficiales no fueran engañosas podría afirmarse que los presos argentinos están mejor cuidados que los alumnos del colegio más caro del país. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF) hay más guardiacárceles en actividad que detenidos tras las rejas. Mientras los primeros son 7588, la población carcelaria actual en dependencias nacionales o federales asciende a 7032.
No sólo eso. Si se divide el presupuesto anual de la fuerza -228 millones de pesos- por el total de presos, se llega a la conclusión de que cada uno de ellos le cuesta anualmente al Estado nacional unos 32.423 pesos. Algo así como 15 jubilaciones básicas por mes.
En el Ministerio de Justicia, del cual depende orgánicamente el SPF, los funcionarios que estudian una "profunda reestructuración del sistema" admiten que "el presupuesto es altísimo, pero está mal utilizado".
El 80 por ciento del dinero destinado a las cárceles se gasta en pagar los sueldos del personal, siempre según datos oficiales. Al número de agentes en actividad hay que sumarle unos 5000 efectivos retirados que, como no existe una caja jubilatoria del SPF, cobran con el 11 por ciento que se deduce del sueldo de sus compañeros más lo que aporta el Estado a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
En la fuerza, el personal se divide en jerárquico y subalterno. Estos últimos son los que están en contacto con los detenidos y los que se encargan de las tareas comunes de las cárceles: custodia, traslado de presos y requisas y control de visita, entre otras actividades.
Cobran 520 pesos por mes en la mano y, si terminan la carrera después de por lo menos 25 años y llegan al cargo de ayudante mayor, su salario llega a 1300 pesos. "Para ingresar sólo deben tener la primaria completa, pero actualmente el 50% de los aspirantes terminó la secundaria", dijo un ex agente del SPF que ahora trabaja como asesor en el ministerio.
Los requisitos para el personal jerárquico son tener estudios secundarios completos y cursar tres años en la Escuela Penitenciara de la Nación Juan José O´Connor. Allí, los futuros miembros del SPF deben aprobar materias humanísticas, jurídicas, profesionales y contables.
En teoría, los guardiacárceles aprenden más derecho penal que los abogados que se gradúan de la Universidad de Buenos Aires: tienen una materia de parte general, otra de parte especial y otra de procesal penal, mientras en la UBA las tres ramas se cursan en un solo ciclo lectivo.
La legislación que regula el funcionamiento del organismo encargado de las cárceles es antigua. La ley 13.018 se sancionó en 1947 y prescribe la forma del retiro del personal; la última ley orgánica de la fuerza está vigente desde 1973. Un asesor del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que pidió el anonimato, explicó que hay elaborados varios borradores para cambiar pronto el marco regulatorio de la fuerza que vigila las prisiones.
"En las cárceles, el Estado viola a diario la Constitución y las leyes. El gobierno argentino ya tuvo una condena internacional en el caso Arenas por las requisas vaginales obligatorias. Si los presos presentaran más recursos, seguro habría innumerables condenas", coinciden los funcionarios que trabajan en la reforma. En el país funcionan actualmente 27 establecimientos del SPF, sin contar las alcaidías o centros de detención destinados a la permanencia transitoria de internos, que funcionan en las sedes de los Tribunales. En la cárcel de Villa Devoto -donde según las normas vigentes sólo podrían alojarse procesados- hay actualmente 1900 internos, y en Caseros ahora quedan 740 presos porque otros 580 fueron trasladados al complejo de Ezeiza desde que comenzó el año.
Lo que disparó el cambio
Los problemas que existen en el SPF desde hace años quedaron en evidencia e inquietaron a los responsables políticos de la fuerza el 12 de abril último, cuando el juez de instrucción Alberto Baños denunció que un preso, Alejandro "El Polaco" Penczarsky, le confesó que algunos guardiacárceles le habían permitido dejar la prisión para que matara al magistrado y a la secretaria del tribunal, María Fernanda Martínez.
Desde hace dos años, en el juzgado de Baños se investiga si en la cárcel de Caseros operaba una banda de agentes del SPF que dejaba salir a los presos para robar.
El jueves último, el magistrado procesó por homicidio al ex guardiacárcel Cristian Alberto Franco, alias Sapo. Lo responsabilizó de haber asesinado al cabo de la Policía Federal Rubén Juárez durante el asalto al restaurante Dolli, ocurrido el 18 de julio de 1998; en el hecho participaron por los menos dos hombres que esa noche debían estar presos en Caseros, Alejandro Eber Núñez y Gastón Maximiliano Noguera, que murió en enero último en prisión.
Ese mismo día, el preso Penczarsky amplió su declaración indagatoria ante la jueza Wilma López, que investiga el presunto complot para matar al juez Baños y a su secretaria. Lejos de desdecirse, "aportó datos y nombres que permitirían identificar a toda la segunda línea de la banda de agentes del SPF que utilizaba a presos para delinquir", según fuentes judiciales.
Los jueces Baños y López, el secretario judicial Julio Pablo Quiñones y los presos Penczarsky y Núñez recibieron hace tres semanas féretros en miniatura con una bala en su interior. En el Ministerio de Justicia no descartan que las intimidaciones hayan provenido del seno del SPF o de funcionarios despedidos.
"Cárceles inmanejables"
El ex jefe del SPF Alfredo Ayala renunció hace un mes al cargo que ocupó durante diez años luego de haber negado públicamente la posibilidad de que los detenidos salieran de la cárcel para cometer delitos y regresaran a su celda. Actualmente, la fuerza está a cargo del abogado Juan Develluk, que postergó una entrevista con La Nación .
La cúpula del Departamento de Inteligencia del SPF, donde trabajan 50 personas, fue removida por el ministro Gil Lavedra un día antes de la renuncia de Ayala. "Si no estaban en el negocio, por lo menos eran ineficientes", confesó el ministro a uno de sus más estrechos colaboradores.
Esa dependencia, según informa la página oficial en Internet (www.spf.gov.ar), debe "satisfacer las necesidades de información de la institución y eventualmente de otros organismos de inteligencia".
Patricia Bullrich, titular de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio, confirmó que a comienzos de 1999 funcionarios de Inteligencia del SPF habían confeccionado un informe sobre Caseros que fue ocultado por Ayala.
En el documento -al que accedió La Nación - se identifica con el apellido a dos decenas de funcionarios de la fuerza que trabajaban en Caseros y habrían permitido el ingreso en prisión de alimentos prohibidos por razones de seguridad, alcohol y droga. Asimismo, habrían instalado dentro de la cárcel un taller mecánico para reducir autos robados en el que trabajan presos acusados de narcotráfico.
"La estructura del SPF es compleja e ineficiente -admitió Bullrich-. Sabemos que siguen existiendo bolsones de corrupción en la fuerza, por eso desde abril último abrimos un centenar de sumarios e investigamos el funcionamiento de todas las cárceles nacionales. Las cárceles porteñas son inmanejables. Hoy es casi imposible pensar en la reinserción de esos presos."
La funcionaria precisó que en un plazo no superior a dos años esperan desafectar las cárceles de Caseros y Villa Devoto y trasladar a todos los detenidos a los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz que, por lo pronto, cuentan con celdas individuales.
"De noche, en Caseros o en Devoto puede pasar cualquier cosa en los pabellones porque los celadores no ingresan", se sinceró otro de los técnicos que trabajan en la reforma del SPF y también pidió la reserva de su identidad.
Según fuentes judiciales, sin contar los fallecimientos de presos con HIV, durante el 2000, cada 15 días hubo por lo menos un homicidio o suicidio en las prisiones de la ciudad. "El número es alto, sobre todo si se piensa que el Estado es responsable de la vida de los detenidos", reconoció Gil Lavedra.
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