Cambios, luego de la tragedia en Beara

Las dos muertes que dejó el derrumbe ocurrido en el local Beara, de Palermo, que estaba habilitado como casa de fiestas privadas, pero que desvirtuaba su rubro y funcionaba como boliche, derivó en que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidiera endurecer las normas en vigor.

Después de un trabajo conjunto con familiares de las víctimas de Cromagnon y especialistas en seguridad, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), en el que incorpora el rubro de casas de fiestas privadas, establece que es incompatible que funcione como café, bar o casa de lunch; prohíbe la venta de entradas y consumiciones, y establece el límite de capacidad en una persona por metro cuadrado.

“Lo que intenta la normativa es evitar la desvirtuación de rubro. Por eso, en este decreto también se incorpora como figura la casa de cultura, en tanto que para los bares se creará un registro especial. Lo que antes estaba en resoluciones ahora será incorporado al Código de Habilitaciones”, indicó Javier Ibáñez, presidente de la AGC.

Todos los locales que tengan alguna actividad nocturna deberán contar con un cartel luminoso de 50 cm por 25 cm, que indique la capacidad autorizada que tiene el establecimiento, y también deberá tener otro, que consigne si esa capacidad ha sido alcanzada.

El decreto deberá ser evaluado por la Legislatura en un lapso inferior a 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial, que es inminente.

La iniciativa también establece que cualquier recital requerirá un contrato, al tiempo que define que cuando concurran más de 150 espectadores a un lugar se trata de un espectáculo público y que cuando asiste más de esa cantidad de personas se está ante la figura de diversión pública.

Estas dos nuevas estipulaciones pretenden evitar que se realicen los recitales y se transformen en boliches locales que no están habilitados para tal fin.

Un cambio importante es la incorporación de un experto en seguridad e higiene para habilitar la capacidad del lugar. “Aunque se puso un tope máximo de una persona por metro cuadrado, un experto dirá cómo será distribuido el espacio, teniendo en cuenta todas las variables. Creo que eso incrementa la seguridad”, indicó.

Si la Legislatura aprueba el DNU, los responsables de los locales tendrán 180 días para ajustarse a la norma e inscribirse en los registros correspondientes.

Por Laura Rocha

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