Catarmarca. Pobladores se movilizan contra la explotación de dos yacimientos de litio

Gran parte de los pobladores de los departamentos catamarqueños de Ancasti y El Alto –unas 3500 personas– están movilizados hace tiempo ante la decisión del gobierno provincial de explotar dos yacimientos de litio en pegmatita. Este tipo de yacimiento requiere de explosiones en roca para extraer el mineral y, después, de importantes volúmenes de agua. El temor de los habitantes es que se produzcan alteraciones en la calidad del agua y en la disponibilidad.

Los yacimientos son dos: el de Vilisman (El Alto- Ancasti) y Santa Gertrudis (Ancasti); el primero cuenta con un mayor tamaño de espécimen de mineralización de litio, a la vez que puede haber también otro mineral, aunque no está definido. Según datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Minero de Catamarca, ambos sectores tienen escaso desarrollo prospectivo, un avance de poca profundidad por lo que no se puede definir el volumen. Teresita Regalado, titular de esa dependencia, dijo a LA NACION que el área ya está concesionada; son unas cuatro propiedades por sectores en los dos departamentos.

En 2017 se realizaron exploraciones: “Se hicieron estudios exploratorios preliminares básicos y los resultados no son contundentes en cuanto a la presencia del mineral que conlleve a una futura producción. En la investigación se usó una técnica prospectiva preliminar y no se precisaron reservas, por lo que se debería intensificar la técnica”, indicó la funcionaria.

“No somos pueblos sacrificables; nunca hicimos una movilización, sino que trabajamos en concientización, pero hay temor de lo que pueda venir –relató Luciana Luna, asambleísta-. Llevamos tres años buscando información, pidiendo reuniones”. Ninguno de los departamentos involucrados tienen ciudades importantes, se destacan algunas localidades como Anquincila o Villa El Alto, pero la mayoría de la población está dispersa en parajes y vive de la cría de animales y la siembra para autoconsumo. “Venimos impulsando la agroecología para un mercado diferente, el agua es crucial”, resumió Luna.

Los asambleístas cuestionan una audiencia pública que la gobernación realizó hace tres años y aseguran que así lo plantearon ante la Secretaría en un encuentro que tuvieron. Regalado sostuvo que en la asamblea de enero de 2017, cuando se iniciaron los trabajos exploratorios, la provincia especificó los “programas de control” que realiza en cada emprendimiento. “El mayor requerimiento de la comunidad, en ese momento, fue la contratación de mano de obra local, que se genere trabajo genuino en la zona de influencia primaria del proyecto”, añadió.

La extracción del litio en roca implica una metodología muy similar a la utilizada para extraer otros metales; es el modelo que se conoce como minería a cielo abierto. Catamarca tiene un antecedente complejo en minería, el de Bajo de La Alumbrera, la explotación de oro y cobre de 1400 hectáreas en la zona previa a la sierra del Aconquija que desecha material en un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola donde se retienen los materiales sólidos descartados. Hay causas judiciales abiertas por presuntos daños ambientales.

El intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán (Juntos por el Cambio), afirmó a LA NACION que serán los vecinos los que decidan “si hay o no” licencia social para producir litio. Admitió que la audiencia pública realizada en El Alto –él era concejal en ese momento- fue poco difundida, por lo que “participó poca gente” y afirmó que no tiene nueva información de que en el corto plazo puedan existir novedades. “La gente está interesada porque nacieron y viven aquí, y porque los inquieta lo que pasó con La Alumbrera; hay que sentarse con todos los actores”.

Desde la gobernación enfatizaron que la minería es “política de Estado” por lo que hay una “interrelación constante entre Estado, comunidad y empresa”. La licencia social, en esa línea, es “uno de los ejes primordiales; contamos con mecanismos de participación ciudadana, reuniones técnicas informativas, monitoreo comunitarios, controles ambientales auditados y un programa de desarrollo de proveedores locales”. Los privados deben contratar al menos el 70% de mano de obra en Catamarca y comprar bienes y servicios a locales por igual porcentaje.

Luna insistió en que la Sierra de Ancasti es una cuenca hídrica de la que nace el agua que abastece a distintos lugares al pie de la cadena montañosa e, incluso, a algunas poblaciones en Santiago del Estero: “No solo corre riesgo el agua, sino que las explosiones provocarán polvo en suspensión que afectará a toda la zona, incluido San Fernando del Valle de Catamarca”. En junio de 2017 fue sancionada y promulgada una ordenanza que declara a Ancasti “área protegida y municipio no tóxico”.

Regalado reconoció que no hay detalles de dónde se tomaría el agua y los volúmenes a usar, porque la empresa no presentó un plan de inversión ni otra documentación exigida para iniciar trabajos en la zona. “Ni siquiera hubo instalación de campamento. De todas maneras, la zona presenta arroyos superficiales, muchos de ellos temporarios; una alternativa sería efectuar tomas de allí o transportar el agua para perforar”, consideró.

Hace unos meses se difundió que la minera australiana Latin Resources Limited (LRS) firmó un acuerdo de joint venture con el grupo argentino Integra y que invertirá U$S 1 millón para la exploración en las concesiones de Catamarca. “Son anuncios por la prensa; en el organismo no presentó aún la documentación pertinente”, aclaró Regalado. LA NACION envío reiterados correos electrónicos a LRS, pero no recibió respuesta.

Por Gabriela Origlia

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