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Cerró el registro para candidatos a defensor del Pueblo
Se inscribieron 121 personas
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El plazo para postularse para el cargo de defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires venció ayer. Y ayer mismo empezaron las dudas sobre la trasparencia del proceso y las advertencias de organizaciones civiles dispuestas a seguir de cerca la elección. El registro quedó cerrado a las 18 con el candidato número 121.
El mandato del puesto que Alicia Oliveira ocupó hasta el último 26 de junio -y dejó vacante para ir a trabajar con Rafael Bielsa en la Cancillería, como directora general de Derechos Humanos- vence el 12 de noviembre de este año. Quien hoy la reemplaza al frente del organismo de control porteño es Alejandro Nató, uno de los defensores adjuntos.
La convocatoria estaba abierta a todos los ciudadanos. En teoría puede presentarse cualquiera, pero en la práctica no es tan sencillo. Lo cierto es que los postulantes deben contar con el aval de algún legislador, un filtro que hace que el registro se reduzca considerablemente y quede sujeto, de alguna manera, a las alianzas y manejos políticos.
El hecho es que la elección a Defensor del Pueblo -y sus cuatro adjuntos- coincide con la renovación de la Legislatura, por lo que algunos diputados se postularon. Lo hizo Atilio Alimena (Juntos por Buenos Aires), Claudia Serio (UCR), Marcela Larrosa (UCR), Alicia Pierini (PJ), Roque Bellomo (Fuerza Porteña), Eduardo Peduto (ARI) y Marta Talotti (Argentina por Siempre).
Todos ellos están en una situación un poco confusa. Por un lado quieren ser elegidos y, por el otro, son los encargados de elegir. Y de impugnar candidatos también.
Ese es el peligro sobre el que advierten organizaciones que evalúan la posibilidad de plantear algunas impugnaciones y seguir de cerca el proceso. Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Incip) decidieron no presentar candidatos para estar en condiciones de monitorear la elección.
"En el marco de un proceso caracterizado por la falta de transparencia, es muy probable que la designación responda más a acuerdos políticos partidarios, que a criterios de idoneidad y compromiso del candidato o la candidata.Ya se estaba hablando de números puestos antes de que se cerrara la convocatoria -continuó Andrés Nápoli, de la FARN-. Empezaron con las negociaciones y los repartos de cargos entre muchos que no entraron en las listas de las renovaciones".
María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano, hizo hincapié en la necesidad de controlar que el proceso no sea más que una "teatralización" para cumplir con cuestiones formales. "El que cada postulante necesite el aval de un legislador hace que el proceso queda muy pegado a la rosca política", dijo una fuente de la Defensoría.
La Defensoría tiene unos 200 empleados y maneja para este año un presupuesto de 6.716.234 pesos, un 21 por ciento más que los 5.563.000 que recibió durante 1999.
Empezó a funcionar el 12 de noviembre de 1998 y continuó con las tareas de la entonces Controladuría General Comunal, cuyo último titular fue Antonio Cartañá. Al Defensor del Pueblo porteño lo elige la Legislatura y tiene que obtener el voto de las dos terceras partes, unos 40 diputados. El mecanismo prevé una audiencia pública previa, en la que se hacen las impugnaciones.
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