Chubut: un escándalo salpica a políticos

COMODORO RIVADAVIA.- Una investigación judicial que desbarató a mediados del mes pasado una red de prostitución que operaba en esta ciudad salpica a funcionarios políticos y a jefes policiales de Chubut.

Los avances en el expediente ya derivaron en dos procesamientos y la separación del cargo de dos altos funcionarios de la actual gestión municipal. También imputan a un comisario de la Brigada de Investigaciones en el negocio y vinculan en el delito de trata de blancas y prostitución de menores a un prostíbulo local, habilitado a nombre de la secretaria privada del presidente del Banco del Chubut y pareja del secretario privado del gobernador provincial, Mario Das Neves.

La causa, que al principio tuvo como juez de feria a Emilio Porras Hernández, tiene dos procesados: Segundo Ferreyra y Alberto Suárez, que según el expediente eran los encargados de coordinar la actividad del grupo de prostitutas -algunas de ellas, menores- que "trabajaban" en los locales Venus, Bagatelle, Belgrano y Amigos.

Las primeras denuncias se presentaron ante el fiscal Carlos Moreno hace más de un año y medio desde ámbitos eclesiásticos, a raíz de la búsqueda de mujeres del norte del país con supuesta residencia en Comodoro Rivadavia que eran obligadas a prostituirse.

Un operativo encabezado por el juez Porras Hernández a mediados de enero incluyó una requisa policial en Comodoro y las localidades santacruceñas de Las Heras y Caleta Olivia. Fueron allanadas whiskerías, domicilios particulares y hasta oficinas del gobierno municipal comodorense situadas en el kilómetro 3 de la ciudad.

La investigación, que incluyó más de 200 horas de escuchas telefónicas, dejó comprometidos a dos funcionarios de la gestión del intendente de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini. Se trata del hasta la semana pasada subsecretario de Gobierno, Carlos Marsó, y del coordinador del Centro de Control de Tránsito (CCT), el policía retirado Norman Saunders, ambos investigados por "tráfico de influencias".

A Marsó -un ex funcionario sobre el que pesa además una denuncia de acoso sexual- y a Saunders se los vincula con los dos hombres procesados por el delito de trata de blancas, dueños de prostíbulos aquí y en el norte de Santa Cruz. Según consta en la documentación de la policía de Delitos Complejos y en las escuchas telefónicas, ambos funcionarios habrían anticipado inspecciones municipales a cambio de "favores sexuales".

Según consta en el expediente, las jóvenes -provenientes de norte del país- llegaban a esta ciudad con la promesa de trabajo. Pero al llegar aquí se les retenían los documentos con la excusa de que se debían realizar algunos trámites. Eran obligadas entonces a ejercer la prostitución a cambio de pagar gastos de viaje y alojamiento.

Las escuchas telefónicas y filmaciones tomadas por la policía revelan que los funcionarios municipales pasaban por alto irregularidades detectadas en los locales donde las mujeres ejercían la prostitución. Al igual que con los ex funcionarios, Ferreyra mantenía una estrecha relación con tres inspectores municipales. Uno de ellos le avisó de un operativo de rutina de la Policía Federal, a fin de que saque "a las indocumentadas" de los locales en los que trabajaban.

Pero las derivaciones de uno de los casos policiales más relevantes de los últimos años en esta provincia no terminan allí. En una de las comunicaciones mantenidas en diciembre último, el procesado Ferreyra pidió a los funcionarios municipales que invite a una fiesta "a los Butazzi". Se trata de los hermanos Blas y Luis Butazzi, jefes de la seccional segunda de policía y de la Brigada de Investigaciones de la provincia, respectivamente.

Blas Butazzi aparece involucrado como imputado por la fiscalía en el expediente porque un mes antes llamó al dueño del prostíbulo para pedirle una mujer por hora, servicio que recibió sin cargo. Ferreyra le habría pedido al comisario un favor vinculado con el auto de un amigo personal. A Butazzi se lo señala, además, como uno de los amigos personales y supuestos protectores del hijastro del jefe de policía de esta provincia, comisario Juan Ale.

Néstor Adrián Barría se había de-sempeñado como policía hasta que el ex gobernador José Luis Lizurume lo destituyó "en grado de cesantía" por haber infringido el régimen disciplinario policial. Algunos testimonios indican que tomó la medida a raíz de las denuncias que pesaban sobre el agente en materia de drogas y trata de blancas. Pero Barría fue rehabilitado con un decreto especial del gobernador Das Neves, cuando su padre -el comisario Ale- ya ejercía la jefatura de policía de esta provincia. Pero al poco tiempo el agente policial volvió a caer en desgracia: el 22 de febrero de 2005 una pelea lo vinculó con la muerte del joven Carlos Barrientos, quien logró reconocer a Barría como su agresor para morir luego como consecuencia de las heridas recibidas.

Barría escapó entonces junto a su pareja Mirta Páez, una mujer que brindaba servicios sexuales en Comodoro con el nombre de "Luciana" y en cuyo lugar de residencia Barrientos recibió el disparo. Barría, que estaba prófugo desde entonces, fue capturado el pasado 16 de enero en Las Heras, Mendoza.

La investigación llegó también a altas esferas provinciales. La habilitación comercial de Venus, uno de los prostíbulos investigados y allanados en enero pasado, está a nombre de la hija del procesado Ferreyra, Alejandra Hiayes, que actualmente se desempeña como secretaria privada del presidente del Banco del Chubut, Ernesto Rey, y que es pareja y convive en la ciudad de Rawson con el secretario privado del gobernador Das Neves, Alberto Vargas.

Por Ana Tronfi

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