Ciudadanía italiana: el proceso judicial que renueva las esperanzas de los argentinos que quieren obtenerla
El 11 de marzo se realizará la primera audiencia de la Corte Constitucional italiana que determinará si la nueva ley es constitucional o no
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PARA LA NACIONCintia Perazo
Desde mayo de este año, cuando el gobierno de Italia aprobó el decreto que introdujo importantes cambios en la ley de ciudadanía italiana, se esfumó la esperanza de miles de argentinos descendientes que querían obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana.
Es que el un nuevo decreto modifica los requisitos para acceder a la ciudadanía por descendencia, lo que marcó el fin del proceso considerado hasta ese momento como relativamente accesible. Antes, la ley permitía que descendientes de italianos —incluso de tercera o cuarta generación— pudieran gestionar su ciudadanía a través del principio de “ius sanguinis”, es decir, el derecho por vínculo de sangre. Sin embargo, la nueva medida cambió drásticamente esa posibilidad.
“La Ley 74/2025, también conocida como ‘Decreto Tajani’ modificó profundamente el sistema al introducir, por primera vez, un límite generacional que permite el reconocimiento de la ciudadanía italiana únicamente a los descendientes dentro de las dos primeras generaciones desde el ascendiente italiano no naturalizado. Una medida que, en los hechos, deja afuera a la gran mayoría de las familias argentinas descendientes de los inmigrantes llegados entre finales del siglo XIX y comienzos del XX”, explica la abogada Graciela Cerulli, titular del estudio Cerulli Arena.
Además, esta abogada aclara que la norma no solo restringió el acceso hacia el futuro, sino que también produjo efectos retroactivos, poniendo en cuestión un derecho que la jurisprudencia italiana siempre consideró adquirido desde el nacimiento. La ciudadanía por descendencia, de hecho, no se “obtiene”, se reconoce.
Pero no todo está perdido para los descendientes. Es que frente a este escenario muchos estudios jurídicos, incluyendo el de Cerulli, presentaron recursos judiciales cuestionando la constitucionalidad de la ley. “Diversos constitucionalistas de gran prestigio respaldaron estas acciones y señalaron que la nueva normativa viola principios fundamentales de la Constitución italiana, desde la igualdad hasta la protección de la identidad personal, además de contradecir los límites a la retroactividad de las leyes”, aclara la abogada.
La novedad es que la Corte Constitucional italiana llevará adelante el 11 de marzo de 2026, a las 9.30, la primera audiencia pública que evaluará la constitucionalidad de la Ley 74/2025.
El proceso se origina en la remisión realizada por el Tribunal de Turín (RG 167/25), publicada en el Boletín Oficial el 17 de septiembre pasado, que planteó dudas sobre la constitucionalidad de las nuevas restricciones introducidas por el ‘Decreto Tajani’. En el núcleo de la discusión plantea que la norma dictamina que los nacidos fuera del país antes de la vigencia del decreto “se tienen como si jamás hubieran conseguido la ciudadanía italiana”.
Como respuesta a esta nueva ley, además, asociaciones italianas en el extranjero, expertos en derecho constitucional y las propias familias con trámites avanzados, declararon que la reforma de retroceso legal fue un golpe al pacto histórico Italia-diáspora. Por eso en la Argentina, donde especialistas estiman que hay más de 20 millones de ascendientes italianos, esta cuestión es de especial interés.
Sobre la Corte Constitucional
Es importante conocer quién preside esta Corte, que tomará una decisión clave para muchos descendientes. Según abogados de Italia, el juez relator del caso será el profesor Giovanni Pitruzzella, una figura de alto perfil institucional. Nombrado juez de la Corte Constitucional por el presidente Sergio Mattarella en 2023, Pitruzzella cuenta con una trayectoria destacada: fue presidente de la Comisión de Garantía del Derecho de Huelga en los Servicios Públicos Esenciales, asesor jurídico del Ministerio de Salud e integrante de la “Comisión de los Sabios” encargada en 2013 de elaborar propuestas de reforma institucional.
Profesor titular de Derecho Constitucional, enseñó en las universidades de Palermo, Cagliari, LUISS y Luxemburgo. “Una figura de este nivel garantiza una evaluación de altísima calidad técnica e institucional”, opina la titular del estudio Cerulli Arena.
¿Cómo será el proceso y cuándo se conocerá el fallo? “Durante la audiencia pública los abogados de las partes expondrán oralmente sus argumentos y podrán responder a las preguntas de los jueces. Una vez concluida la discusión, la Corte deliberará en sesión reservada y posteriormente publicará su decisión, que tendrá validez general y será aplicable a todos los casos similares”, señala Cerulli.
Muchos se estarán preguntando cuándo se expedirá esta Corte. “Según los plazos habituales del organismo se prevé que la sentencia definitiva sea emitida entre abril y mayo de 2026, en línea con los tiempos promedio que la Corte emplea para resolver este tipo de cuestiones. Y la decisión que adopte tendrá efectos directos sobre todos los procesos judiciales actualmente en curso”, adelanta Mariel Bartolomeo, del Estudio De Martin & Asociados, especializado en ciudadanía italiana y derecho internacional privado.
Cerulli coincide con Bartolomeo y agrega que si la Corte declarara inconstitucional, aunque sea parcialmente, la Ley 74/2025, las consecuencias serían de gran alcance. “Se abriría la posibilidad de reactivar el derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana para millones de descendientes, eliminando los límites generacionales introducidos por el ‘Decreto Tajani’ y reafirmando el carácter permanente y originario del derecho iure sanguinis. Para la comunidad argentina, sería probablemente la decisión más trascendente de los últimos cuarenta años en materia de ciudadanía italiana”, detalla.
Mientras que Antonella Nediani, abogada experta en migración y colaboradora profesional del Studio Legale del Avv. Nicola Montefiori, agrega que “si el Tribunal declara inconstitucional la retroactividad de la norma provocará entonces que la ley nunca haya existido para los nacidos antes del 27 de marzo de 2025. Mientras que para aquellos con juicios en curso el resultado sería muy favorecedor porque, a la vista del fallo, el reconocimiento de la ciudadanía sería un trámite fácil. Por otra parte, aquellos que no fueron a juicio, se regirán por las normativas anteriores al ‘Decreto Tajani’ y tendrán que hacer la solicitud de ciudadanía a través de la vía administrativa ordinaria”, señala.
“Será trágico”
Aunque los abogados y especialistas no hablan sobre el posible fallo negativo de la Corte Constitucional italiana, Nediani destaca: “Será trágico si el Tribunal confirma la validez de la norma constitucionalmente. En ese caso, el esquema vigente, que muchos juristas ven como ‘claramente contrario a los principios de seguridad legal’ se mantendría, validando la aplicación retroactiva más extendida que se ha visto en temas de ciudadanía italiana”, dice.
Lo cierto es que mientras se espera esa audiencia histórica, Italia activó una nueva medida migratoria que pretende aminorar el efecto de la reforma: el “Permiso di Soggiorno per Oriundi”, con decreto del pasado 17 de noviembre. Este permiso de residencia por trabajo está hecho solo para descendientes de italianos, procedentes de países como la Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, Venezuela y Uruguay.
Aunque no concede ciudadanía, ofrece la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Italia y se presenta como una alternativa diferenciada para este grupo fuera de las asignaciones migratorias establecidas para otros países y para quienes no son “ítalo-descendientes”. "Esta autorización representa una genuina posibilidad para residir y emplearse en Italia, pero no constituye un acceso directo a la ciudadanía. Aquel que la ambicione deberá respetar, entre otros requisitos los periodos de residencia que indica la ley, que son dos años para descendientes hasta segundo grado y diez para los siguientes. No es una vía inalcanzable, pero demanda planificación y asesoramiento profesional", advierte Nediani.
Aunque faltan varios meses para conocer la sentencia de la Corte Constitucional muchos descendientes ya comenzaron a prepararse. “A raíz de este calendario institucional, se ha intensificado la actividad preparatoria vinculada a los procesos de ciudadanía. Tanto quienes evalúan iniciar acciones judiciales como quienes se encuentran en fase de recopilación documental están avanzando con mayor rapidez, considerando que la fecha de audiencia y la eventual apertura de ventanas administrativas de tiempo limitado podrían influir en las estrategias y oportunidades de presentación”, revela Bartolomeo.
“El 11 de marzo será para muchas familias de Argentina y de América, un día en que Italia debe resolver si honra la continuidad histórica del derecho de sangre o fija un cambio de dirección que redefine su relación con las generaciones nacidas más allá del océano”, reflexiona Nediani.
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