Corrupción: una funcionaria de Macri debió irse

Presionada por una investigación judicial en su contra porque presuntamente favoreció en el sistema porteño de inspecciones a empresarios de boliches bailables a cambio de dinero, renunció ayer la directora general de Fiscalización y Control de la ciudad, Vanesa Berkowski.

Si bien en el texto de su dimisión la ahora ex funcionaria denunció que los impulsores del expediente representan "intereses económicos" a los que ella "enfrentó denodadamente" y acusó al juez actuante, Juan Ramos Padilla, de mostrar animosidad en su contra, el magistrado tiene escuchas telefónicas que involucrarían a Berkowski en presuntos actos de corrupción. Se trata, según fuentes judiciales, de un "sistema de avisos" al cual el dueño o el encargado de un boliche podía estar "suscripto" para evitar la visita de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña o para conocer el día de la inspección, de modo de poder tener todo en regla en el momento de la verificación.

De ese esquema habrían participado los gestores Leandro Camani, Federico Garaglia y el abogado Matías Pantarotto, que patrocinó a los propietarios del boliche Beara, de Palermo, donde murieron dos jóvenes al derrumbarse un entrepiso. Ese circuito alcanzaría a la ex directora, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

Todos habían sido señalados por empresarios de la noche ante el magistrado. "¿Cuántos dueños de comercios pueden haber sufrido este tipo de situaciones? ¿Qué otros funcionarios o cómplices existen en esta suerte de asociación ilícita? ¿Hasta dónde llegan los niveles de corrupción que se observan en esta incipiente pesquisa?", se preguntó Ramos Padilla.

Durante un allanamiento realizado en la AGC, el juez no sólo secuestró el legajo de Berkowski, sino también el del director ejecutivo de ese organismo, Javier Ibáñez, y el del ex director general de Habilitaciones Martín Farrel, que renunció a su puesto luego del escándalo originado por el derrumbe en Beara. Berkowski había salido airosa de aquel episodio, ya que se supo que la ex funcionaria había desaconsejado una ampliación de habilitación solicitada por Beara, por reiteradas infracciones cometidas por sus dueños y que, no obstante, Farrell terminó otorgando.

El área de control porteña es por demás sensible. Por otros incidentes, como el derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza, en el que murieron tres personas, también habían debido renunciar el responsable de la agencia, Oscar Ríos, y el director de Fiscalización de Obras, José Báez.

Ahora, denuncias de connivencia entre funcionarios y los empresarios, se cobraron el alejamiento de Berkowski. "Doy un paso al costado para salvaguardar mi nombre y el de mi familia. Siempre he estado a derecho, sin requerimiento alguno, presentando descargos y multiplicidad de pruebas ante su señoría, quien en cada uno de sus dichos demuestra animosidad contra mi persona y contra toda la gestión del ingeniero Mauricio Macri, utilizando vocabulario no acorde a su investidura, llegando al prejuzgamiento", dijo la mujer en la dimisión que presentó ayer ante Ibáñez y que éste le aceptó.

En otro párrafo de la carta que pudo conocer LA NACION, escribió: "Las circunstancias se encuentran empañadas por enfrentarme denodadamente con intereses económicos ocultos de establecimientos comerciales infractores que han sido denunciados y hasta inhabilitados judicialmente, cuyos explotadores comerciales resultan en la actualidad los propulsores de la falsa denuncia bajo investigación", y agregó que recibió amenazas.

Fue en medio de ese clima intimidatorio como Berkowski asegura que decidió renunciar, pese a que Ramos Padilla le había concedido la exención de prisión tras una caución de $ 350.000, según informaron fuentes de la causa. El mismo beneficio habían recibido Camani, Garaglia y Pantarotto. Camani es el marido de Samantha Farjat, conocida en 1997 cuando fue detenido Guillermo Coppola.

En su resolución, el juez citó dos notas de LA NACION del 23 de septiembre de 2010, tituladas " Preavisos y coimas en controles a boliches " y " Puntos oscuros del sistema por los que se filtra la corrupción ".

En esas notas se contaba cómo actuaba un grupo de personas conocidas en el ambiente de la noche, que asesoraban a boliches y ofrecían, a cambio de entre $ 5000 y $ 25.000, garantías para evitar clausuras y obtener habilitaciones transitorias.

Ramos Padilla calificó los hechos como "una suerte de asociación entre funcionarios, abogados y particulares, destinada a cometer delitos". En la pesquisa hay escuchas telefónicas que comprometen a los investigados. Durante los allanamientos, se secuestraron actas de inspección y expedientes de habilitación en trámite.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que, si bien la causa de Ramos Padilla comenzó en marzo pasado, después de que el dueño de un boliche de avenida Rivadavia al 10.700 denunciara que lo quisieron extorsionar exigiéndole 25.000 dólares, el magistrado ya investigaba irregularidades en las habilitaciones de la AGC desde noviembre de 2009, cuando en un geriátrico de Almagro murieron dos jubilados por haber ingerido comida en mal estado.

"Es tal la cantidad de hechos, que imponen la necesidad de no apresurar las órdenes de detención, pese a la gravedad de los mismos", afirmó el juez en su resolución.

En tanto, Berkowski no respondió los llamados de LA NACION.

DIXIT

" Su Señoría demuestra animosidad en mi contra y en contra del gobierno de ?Macri "
VANESA BERKOWSKI. Ex Dir. de Fiscalizacion y Control