Coronavirus. Deudas y prohibiciones. Cómo cambió el día a día de quienes asisten a personas con discapacidad
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Una dificultad extra trajo la propagación del coronavirus a quienes prestan asistencia a personas con discapacidad: por las deudas y demoras de las obras sociales en los pagos de servicios, algunas de las cuales se remontan hasta varios meses antes de la pandemia, ciertos tratamientos comienzan a verse afectados y el horizonte post cuarentena no parece más alentador.
Así lo siente día a día Héctor Stachiotti, uno de los transportistas que trabaja desde hace 13 años tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. "Con las deudas que estamos absorbiendo, se nos hará muy difícil retomar la actividad y los pacientes se verán perjudicados", dijo a LA NACION quien encabeza este proyecto familiar para trasladar a beneficiarios de distintas obras sociales y prepagas. "De estas empresas dependemos del pago para llevar adelante esta pequeña empresa", agregó. Enseguida, completó en diálogo con este medio: "Nunca hubo un camino totalmente allanado para cobrar por los viajes", pero el año pasado "fue el más duro de atravesar".
Cadenas de pago, en la mira
A fines de abril último, el transportista contabilizaba 15 meses sin cobrar el servicio que se prestó a los beneficiarios de obras sociales de la provincia. En el desfasaje del pago, aunque con menos tiempo, también se sumaron otras entidades de la Ciudad. Las consecuencias de los problemas en la cadena de pagos son numerosas: se vuelve difícil la cobertura de los gastos mínimos y necesarios para desarrollar la actividad, como el abono de los sueldos de los empleados -otro de los subgrupos afectados-, seguros, combustible y el mantenimiento de las unidades.
"Hay que sumarle la desactualización del valor del kilómetro respecto de la inflación que vivimos durante 2019 y que quedamos relegados a la ayuda económica financiera durante la emergencia de la pandemia", se lamentó en ese sentido Stachiotti.
Juan Manuel Pérez Brancatto integra la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (Ataecadis), que agrupa unos 400 transportistas de la región metropolitana, profundizó en los problemas que preocupan al sector. "Por un lado, hay obras sociales nacionales que lo último que abonaron fue enero; y están las que dependen de las provincias, que tienen deudas más extensas".
El sistema nacional único de prestaciones a personas con discapacidad cuenta con alrededor de 90.000 beneficiarios y unos 43.000 trabajadores, entre profesionales, atención en consultorio y centros de rehabilitación y transporte.
Inconvenientes durante la pandemia
La llegada de la pandemia del Covid-19 obligó a hacer algunos cambios en la actividad cotidiana del rubro. Sin posibilidad de trasladar a los pacientes a sus respectivos tratamientos, los transportistas acercan a los hogares de las personas, en cambio, el material didáctico y bolsones de alimentos. A comienzos de abril, distintas autoridades del sector firmaron un convenio en el que se aseguró el pago de las prestaciones de los servicios de transporte en tanto los trabajadores pudieran justificar que realizaban esa tarea alternativa de asistencia, aun cuando se llevara a cabo menos días a la semana para reducir la circulación en el marco de la prevención por el coronavirus. "Pero el 50% de las obras sociales no quieren cumplir el acuerdo. Si estas deudas no se saldan, se va a ver resentido el servicio", denunció Pérez Brancatto.
Los reclamos se extienden a nivel nacional. Gilda Kriskovich vive en Corrientes junto a su hijo Iker, de 13 años y diagnosticado con Trastorno Generalizado del Desarrollo. "Muchas prestaciones no están siendo reconocidas por las obras sociales y esto afecta a la salud integral de nuestros hijos. Necesito que se den respuestas efectivas a nuestros reclamos, que la pandemia no vulnere los derechos de nuestros hijos", escribió la mujer en una carta dirigida al presidente Alberto Fernández.
Kriskovich regentea hace más de 20 años un centro de rehabilitación. "Algunas obras sociales no quieren cumplir con lo acordado en el convenio y otras están suspendiendo tratamientos", denunció indignada la mujer ante la consulta de este diario. Y agregó que se le envió al presidente del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, Claudio Espósito, un listado con al menos 550 reclamos de prestadores de distintas partes del país.
La Superintendencia de Servicios de Salud cuenta con el denominado Mecanismo Integración, un programa que financia al 100%, facturación de por medio, la cobertura de prestaciones médico asistenciales básicas previstas en el nomenclador para personas con discapacidad y que brindan algunas de las obras sociales. La liquidación se informa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que procede a acreditar la suma total a la "cuenta discapacidad" de cada obra social; debiendo éstas realizar los pagos por el importe total a los prestadores. Desde el organismo aseguraron a LA NACIÓN que se abonó lo que correspondía en ese sentido.
A través de un comunicado, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) reclamó: "El gobierno nacional, por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se había comprometido al pago del 100 por ciento de las prestaciones y nos encontramos con la cruda situación de reducción de pagos de obras sociales (sindicales, prepagas)". Desde la entidad alertaron que unos 3200 transportistas "corren riesgo de no poder seguir con la actividad".
Inquietud sobre el futuro de los tratamientos
Como transportista desde hace más de 15 años, a Pérez Brancatto le preocupa además cómo podría repercutir el problema económico entre la gente que traslada. "Hay pacientes que conozco de muchos años. Hasta fui a festejos de cumpleaños. Se generó un vínculo de confianza y sería doloroso que, cuando la situación comience a normalizarse, no los podamos acercar a sus lugares de tratamiento", dijo el hombre.
Los problemas en el pago de los servicios ya generaron graves problemas el año pasado para las personas que deben ser tratadas. "La pasamos re mal en 2019", fue lo primero que expresó Noemí Lemos al recordar lo que debieron atravesar ella y su hijo Alejo, de 15 años. El adolescente, que sufre de autismo y epilepsia, solía ir a su espacio de rehabilitación en Morón con una combi. El programa Incluir Salud le cubría el viaje, pero el sistema dejó de abonarle al transportista del joven. También hubo problemas con el centro de salud.
"Héctor (por Stachiotti) hizo lo que pudo por sostener el servicio aún sin cobrar, pero se le complicó económicamente", recordó Lemos. El cambio fue abrupto: Alejo estuvo algunos meses viajando en colectivo y en tren, rodeado del tumulto de gente. Un traslado que duraba media hora se extendió por más de 60 minutos. Su mamá contó que el joven "no toleraba el viaje" y le preguntaba constantemente por Arnaldo, el chofer de la combi. Finalmente, la mujer decidió cambiar de obra social para que su hijo volviera a sentirse mejor.
Daniel Lipani, vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales de Argentina (Aiepesa), reconoció, en diálogo con LA NACION, que desde 2016 los pagos de las prestaciones se fueron atrasando: "Se solía abonar entre los 60 y los 75 días, pero la demora superó los cuatro meses". Si bien la llegada del nuevo gobierno permitió una "leve recuperación, llegamos debilitados a la pandemia". Y concluyó: "Nos preocupa ese espectro de transportistas que no pueden cobrar".
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