Debutan en San Luis los colegios chárter

La provincia de San Luis pondrá en marcha en el 2000 el sistema de escuelas públicas autogestionadas, conocido como "escuelas chárter", que suscitan una relación de amor-odio en el ámbito educativo.

Se trata de escuelas públicas cuya gestión y administración es otorgada en concesión, por contrato, a instituciones civiles y privadas. Reciben fondos públicos por cada alumno matriculado -en este caso, de 100 pesos- y gozan de autonomía para tomar decisiones sobre los planes de estudio, la orientación educativa y su organización.

La apertura de este modelo, que comenzará en forma experimental en ocho establecimientos puntanos, se concretó a pesar de la fuerte resistencia de sectores políticos y gremiales que objetaron la iniciativa, la que avanzó en la provincia en medio de agitadas controversias.

Mientras algunos sectores consideran la iniciativa como un paso para la privatización de la enseñanza oficial, otros sostienen que la introducción de escuelas autogestionadas es un punto de inflexión hacia la mejora del sistema educativo.

Si bien en su libro "Educación para todos" el sistema de escuelas concesionadas está incluido entre las innovaciones que proliferan en el mundo, el nuevo ministro de Educación, Juan Llach, negó que tuviera la intención de aplicar esta experiencia durante su gestión.

"Es el reflejo de un cambio en el aparato del Estado, en todo el mundo -aseguró la especialista Inés Aguerrondo, que integró el jurado que eligió los proyectos que se concretarán en San Luis-. Sigue resguardando la educación, sólo que de una forma más eficiente."

Para el caso de San Luis, padres interesados y docentes formaron asociaciones civiles sin fines de lucro y concursaron con un proyecto que incluía planes de estudio, métodos pedagógicos, organización del tiempo y espacio y disciplina.

En total, veinte grupos distintos elevaron, entre agosto y noviembre, sus propuestas para las nueve escuelas a crear. Un estricto jurado finalmente seleccionó ocho. El asesoramiento estuvo a cargo de la Fundación Gobierno y Sociedad, presidida por el economista Miguel Angel Broda, con la dirección de Antonio Cicconi, joven egresado de la Escuela de Educación de Harvard.

Cinco escuelas (las que ya están construidas) empezarán a funcionar en marzo, y las que tienen la ubicación por definir lo harán en el 2001, dijoAguerrondo.

Mariano Narodowski, coordinador general del área de Educación de la fundación, explicó que cada escuela deberá garantizar los contenidos básicos comunes nacionales y el plan de estudios provincial. El Estado controlará la gestión a través de una evaluación pedagógica y una auditoría financiera y administrativa que está en proceso de creación.

¿Qué mueve a los grupos de padres y docentes a dedicar tiempo y recursos a presentar estos programas? Narodowski y Aguerrondo explicaron que se trata de maestros que quieren trabajar en un proyecto educativo que les interesa y padres que quieren estar más cerca e influir en la educación de los hijos.

Tras insistir en que todo es absolutamente sin fines de lucro, Narodowski dijo que la controversia nació porque "la percepción era que se estaba tratando de privatizar la educación pública, cuando era todo lo contrario".

Aguerrondo agregó que los sectores más tradicionales se resistieron porque en estas nuevas escuelas se elimina la estabilidad de los maestros como empleados públicos.

Una de las docentes de las nuevas escuelas, Ada Ríos, dijo que pasó casi 20 años enseñando matemática y física "soñando con la escuela": "De a poco, uno se va haciendo la idea de cómo deberían ser las cosas para funcionar bien, pero parecía imposible dentro de la educación estatal", dijo. Por ejemplo, en la escuela en la que participará, los estudiantes no tendrán deberes para llevar a casa, ni habrá cooperadora.

En otras escuelas, los cambios estarán en horarios más flexibles para padres que trabajan o una mayor labor interdisciplinaria.

Por Juana Libedinsky

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