Derribaron el muro en San Isidro, pero sigue la polémica

Aunque la Justicia ordenó ayer suspender la construcción del muro en un límite entre San Isidro y San Fernando, la discordia se agravó con nuevos cuestionamientos a la polémica medida de seguridad y con el derribamiento del paredón por parte de piqueteros, militantes del gremio de camioneros y vecinos.

El vicepresidente segundo del Episcopado y arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, criticó la instalación del paredón que cortó el paso en dos calles del barrio Villa Jardín: "Nos falta dar un paso superador que nos permita lograr la amistad social. Por este motivo, lamento mucho la construcción del muro".

El paredón, de concreto y rejas, había sido instalado por orden del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y provocó un enfrentamiento con su colega de San Fernando, Osvaldo Amieiro. La controversia llegó a la Justicia, que ordenó una medida de no innovar y dispuso la suspensión de las obras y que se destaquen más policías en el lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

A pesar de que los colaboradores de Posse indicaron que, una vez que la Justicia decida la cuestión de fondo en la presentación realizada por el intendente de San Fernando seguirán adelante con la instalación del paredón, el jefe de Gabinete de ministros bonaerense, Alberto Pérez, dijo que el gobernador Daniel Scioli no permitirá la construcción del muro.

Ayer, a las 10.11, los policías que rodeaban el muro se corrieron a un costado y, en ese momento, un grupo de personas liderado por un manifestante identificado con la campera verde del sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, arremetió contra el sector donde antes estaban los uniformados y derrumbó el muro a mazazos y a cascotazos.

Una decena de chicos que tenían menos de 14 años completaron la tarea, balaceándose en los caños que sostenían los bloques de hormigón.

Los policías no hicieron nada para impedir que los manifestantes derrumbaran el muro. "Nuestras instrucciones fueron variando a medida que se desarrollaba la situación pero, en todo caso, estábamos ahí para impedir enfrentamientos entre las personas", explicó una fuente policial a LA NACION.

Igual que otros diez manifestantes, el líder del grupo que derrumbó el muro llevaba una campera y una gorra verdes del Sindicato de Camioneros de Buenos Aires. Esa misma persona apareció luego dialogando con el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, y con el intendente de San Fernando, a un lado de los restos del muro.

Sobre la iniciativa de Posse, Stornelli expresó: "No puede existir en la mente de nadie, es una locura que se tiene que frenar lo antes posible. No se puede permitir este tipo de planteos. Vamos a impedir que esta locura se concrete, la provincia tiene la potestad para impedir que se realice".

Al cierre de esta edición, una guardia policial seguía frente al muro derrumbado.

Innecesaria

Los hechos demostraron que semejante manifestación, con chicos arrojando cascotazos contra el paredón y manifestantes desafiando a los policías que se retiraron del muro, no era necesaria. Una hora después de los incidentes, el juez de Menores de San Isidro, Fernando Ribeiro Cardadeiro, ordenó la suspensión de las obras en el muro que había sido instalado en Uruguay, entre Carlos Tejedor y Santa Rita.

Por medio de un comunicado, el intendente Posse le pasó la responsabilidad sobre la seguridad en la zona a los funcionarios nacionales y provinciales que lo criticaron por instalar el muro.

"Ante una instancia judicial de conciliación y en virtud de los hechos de violencia provocados por miembros de organizaciones sindicales y piqueteras, las autoridades municipales han decidido suspender provisoriamente los trabajos que abarcaban un total de 270 metros, a la espera de propuestas superadoras por parte de los funcionarios responsables de la seguridad", sostuvo Posse.

En la audiencia ante el juez Ribeiro Cardadeiro, el representante de la Municipalidad de San Fernando afirmó que la existencia del muro "impedía el libre desplazamiento de las personas de un lugar a otro".

Luego de escuchar a las partes durante 15 minutos, el magistrado hizo lugar al recurso de amparo presentado por el intendente de San Fernando y convocó para el lunes a los representantes de San Isidro para una audiencia en la que podrán ampliar los fundamentos de la decisión de construir el paredón.

"Afortunadamente, el gobernador provincial, su ministro de Seguridad, y el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su ministro de Seguridad y Justicia, han expresado su compromiso de garantizar la seguridad de nuestros vecinos", agregó Posse en respuesta a aquellos que lo cuestionaron.

Por la tarde, con el muro derrumbado algunos vecinos expresaron su rechazo a la instalación del paredón.

En tanto, otros habitantes de la zona apoyaron la iniciativa de Posse: "Había que esperar que se terminara la construcción del paredón y luego se debería evaluar si funcionaba realmente".

Por Gustavo Carabajal

---

Conforme a