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Descubren una estafa de más de dos millones de pesos al PAMI
Los sobreprecios son de casi el doble del valor de un remedio para hemofílicos
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LA NACIONGabriel Sued
Un solo paciente, nueve licitaciones y menos de cinco meses bastaron para concretar una aparente estafa en el PAMI que generó un perjuicio millonario para el Estado. La maniobra se desarrolló entre el 7 de julio y el 30 de noviembre del año pasado y consistió en el acuerdo para el pago de sobreprecios por más de 2.241.063 pesos en la compra de medicamentos para un paciente hemofílico de 61 años.
Este hombre se convirtió en el paciente más caro de la obra social de los jubilados desde la llegada de Graciela Ocaña, en enero de 2004. Para atender su caso, en un lapso de 146 días, se dispuso la compra de 340 dosis diarias de un medicamento antihemofílico por un total de 6.326.928 pesos, cuando el producto se podría haber conseguido en el mercado a 4.085.865 pesos.
Sin embargo, la detección de la maniobra permitió que sólo se pagaran algo más de 2.000.000 del total convenido, mientras que el resto quedó pendiente de pago. Para concretar la operación, se excluyó de las licitaciones al laboratorio que vendía el producto al menor precio, el importador exclusivo del medicamento, y se adjudicaron las ventas a otros dos que, luego de comprarlo al primero, lo cotizaban a casi el doble de valor.
Los hechos son investigados desde diciembre por el juez federal Julián Ercolini. La denuncia la hizo el fiscal Carlos Stornelli, al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de PAMI (Ufipami), debido a una presentación de Ocaña.
El paciente es un cordobés que sufre una pseudohemofilia tipo A, al que se le produjo un tumor gigante en el muslo izquierdo. La maniobra comenzó el 5 de julio pasado cuando el PAMI dispuso la adquisición por vía de excepción del medicamento Novoseven factor VIII.
Una resolución judicial ordenaba a la obra social atender el caso con urgencia y solventar todos los gastos. La licitación -de trámite simplificado, dada la orden judicial- quedó a cargo de la Unidad de Gestión VI (UGL VI) de Capital que, comparó las ofertas de seis empresas y decidió la compra de las primeras 42 ampollas de Novoseven a la droguería Romalá, a razón de 19.800 pesos cada una.
En octubre, se acordó la segunda compra -esta vez, de 48 ampollas- y la UGL VI se pronunció en favor de las droguerías Romalá y Prefarm, que cotizaron, casualmente, al mismo precio de 20.252 pesos por unidad. Esas mismas empresas se adjudicaron las siete licitaciones restantes.
Entre las firmas oferentes no figuró Novo Nordisk, la única importadora de ese medicamento hemofílico, de origen danés, que lo vendía en el mercado entre 10.000 y 12.000 pesos. A ese precio lo habían comprado Romalá y Prefarm. "La conducta de los denunciados coordinada desde la UGL VI -según precisa la presentación de Stornelli- consistió en una maniobra dolosa tendiente a excluir al laboratorio Novo Nordisk del concurso privado y hacer recaer la elección del proveedor en las droguerías Romalá y Prefarm, con el objeto de adquirir la droga a un costo muy superior al que incluso dichas firmas lo habían adquirido de la distribuidora de Novo Nordisk, todo ello en perjuicio del PAMI."
Para excluir a Novo Nordisk, según la denuncia de Stornelli, se le enviaron fax en blanco. En la empresa, el entonces gerente de Unidad de Negocios, Javier Gauna, respondía rechazando la posibilidad de cotizar y agradeciendo la invitación. Más tarde, ese mismo empleado informó a la UGL VI que las droguerías Prefarm y Romalá habían sido designadas como representantes exclusivos del medicamento.
"Nos resultó raro que un laboratorio tan importante tuviera como representantes a droguerías poco conocidas -relató Ocaña a LA NACION-. Llamé al presidente de Novo Nordisk, que me dijo que nunca habían sido invitados a cotizar." Ocaña ya ordenó la remoción del titular de la UGL VI, Juan Bruni, y de otros cuatros empleados involucrados.
Stornelli pidió que se investigue también a los responsables de Romalá y Prefarm (firmas que no respondieron la consulta de LA NACION sobre el caso); a Gauna, que fue echado de Novo Nordisk, y a Walter Bakir, empleado de Aventis Behrings, que, según la denuncia, habría actuado como cómplice de Gauna. El delito es el de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé una pena de entre uno y seis años de prisión.
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