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Dicen que en 9 de Julio el agua no es potable
Están afectados también vecinos de Carlos Casares y de Pehuajó; la concesionaria tuvo serios problemas en Bahía Blanca
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9 DE JULIO.- La discutida calidad del agua potable genera indignación y mucha preocupación entre los vecinos de 9 de Julio, Pehuajó y Carlos Casares.
Ayer, funcionarios de esos tres partidos bonaerenses se reunieron aquí para tratar por primera vez, en forma conjunta, un tema que afecta a más de 120 mil habitantes: la presencia de nitrato, arsénico y flúor en el agua, en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Según una serie de análisis realizados por el Ministerio de Salud bonaerense, el agua que abastece estos tres partidos es considerada "químicamente no apta para consumo".
Si bien esta problemática se remonta a 40 años atrás, cuando Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA) estaba a cargo del servicio, funcionarios y vecinos destacan que desde que la empresa Azurix ganó la concesión, en 1999, la situación se "agravó considerablemente".
Remarcan que "sólo se invirtió en la instalación de medidores.Y que, como si fuera poco, más de 300 usuarios recibieron una fuerte sobrefacturación, que en algunos casos llegó a los mil pesos, además de soportar reiterados cortes del servicio y convivir con el temor constante de contraer enfermedades ligadas a esta problemática".
Frente común
La reunión, convocada por la Comisión Regional de Usuarios de Azurix, contó con el apoyo de Deuco nacional (Defensa del Usuario y Consumidor) y fue presidida por el intendente de 9 de Julio, Jesús Abel Blanco.
El objetivo de la misma fue la creación de un frente común entre los presentes para reclamarle a la empresa concesionaria, al Organismo Regulador del Agua Bonaerense (ORAB) y al Ministerio de Obras Públicas la solución de esta situación.
"La vecindad cuenta con el apoyo total de sus representantes. Nosotros estamos al tanto de todo lo que sucede en torno del agua desde hace varios años. Y si bien no somos un organismo de contralor, tenemos la responsabilidad de velar para que las partes responsables cumplan con sus obligaciones.
"Hemos hablado con representantes de Azurix, que se comprometieron a realizar cinco pozos nuevos, para reemplazar a los que contienen alto porcentaje de nitratos. Les exigimos información permanente y la concreción de las obras", dijo Blanco.
En la actualidad, de los 11 pozos de agua que abastecen a esta localidad sólo tres son considerados potables. La situación se complica por la falta de mantenimiento del acueducto local, que tiene más de medio siglo y está sobreexplotado, ya que abastece a los distritos de Pehuajó y Carlos Casares, que históricamente soportan deficiencias en la red de agua potable.
Ayer, el intendente de Pehuajó, quien no pudo asistir a la reunión, expresó críticas sobre el tema en un matutino local .
Dijo que "no tenemos que cargar solamente la responsabilidad en Azurix, ya que la prestataria, hasta hace un año y medio, era la provincia a través de OSBA".
Por medio de un comunicado de prensa emitido el 7 de julio último, la prestadora anunció que compensará a sus clientes por los días de interrupción del servicio en Carlos Casares, Pehuajó y French.
Asimismo, indicó que propondrá al ORAB posponer la expansión de medidores y concentrar sus esfuerzos en una serie de obras tendientes a mejorar la calidad del agua.
Según la empresa, estas acciones y el acarreo de suministros adicionales de agua, a través de la construcción del acueducto Moctezuma, deberían resolver el problema.
Descreimiento
A pesar de estas declaraciones, los habitantes se muestran descreídos por los reiterados reclamos no evacuados por la prestadora.
Lo mismo sucede con las promesas del ministro de Obras y Servicios Públicas, Julián Domínguez, quien había dicho que el 31 de julio comenzarían las obras del nuevo acueducto, pero según informó una comisión de Pehuajó, que se acercó en esa fecha hasta el lugar, "el emprendimiento estaba y está paralizado" . Blanco dijo que él no tiene por qué no creer en las palabras de Domínguez, con el que mantiene un buen diálogo, y que espera que todo llegue a una solución.
Dentro de siete días, el Ejecutivo comunal, junto con un grupo de legisladores, se reunirá con las partes involucradas para presentarles reclamos y posibles soluciones. Entre ellos, plantearán que, hasta que no se cumpla con los parámetros establecidos en el decreto 6553/4 , que protegen la salud, se suspenda la facturación.
Como si fueran pocos los problemas que deben afrontar los vecinos, Blanco dijo que se va a trabajar duro en torno de los servicios públicos, y que probablemente haya inconvenientes con el suministro de luz y de gas.
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