Disponen que siga una investigación contra Saúl Bouer

Los tres intendentes porteños que designó el presidente Carlos Menem están en la mira de la Justicia. Hace 15 días una jueza pidió el juicio político del actual ministro de Defensa, Jorge Domínguez, para indagarlo por administración fraudulenta. Carlos Grosso fue procesado por defraudación, la semana última. Y ayer la Cámara del Crimen falló en contra de Saúl Bouer.

La Sala V del tribunal revocó el sobreseimiento dictado por un juez de primera instancia en favor de Bouer y ordenó que siga la investigación por exacciones ilegales, contra el ex funcionario.

Esto significa, en términos jurídicos, que la Justicia sospecha que Bouer pidió a los contribuyentes dinero para la administración comunal, que no correspondía.

En su resolución -a la que tuvo acceso La Nación -, los camaristas Mario Filozof y Guillermo Navarro concluyeron que la medida dispuesta por el juez de instrucción Guillermo Carvajal en beneficio de Bouer fue, al menos, "prematura".

La causa contra el ex intendente, quien esta semana renunció al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y actualmente se desempeña como asesor presidencial con rango de secretario de Estado, se inició el 26 de septiembre de 1994 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.

El letrado denunció a Bouer por presunta violación de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y administración fraudulenta a raíz de la contratación de servicios jurídicos privados para el sistema de verificación y cobranza de impuestos, durante su gestión como intendente de Buenos Aires.

El abogado querellante cuestionó la forma de tratar al contribuyente que tenía entonces la Municipalidad, "que transformó en culpable a todo aquel que no demostrara su inocencia".

Monner Sans consideró que Bouer había puesto en marcha un sistema de contratación de servicios jurídicos privados que, en la práctica, tuvieron que afrontar una depuración de padrones de deudores que no se había efectuado a través de los organismos correspondientes, luego de exigirse a esos servicios jurídicos el montaje de una infraestructura costosa.

Entonces, el abogado también denunció por estos hechos a los ex intendentes porteños Facundo Suárez Lastra (UCR), Grosso y Domínguez. Sin embargo, las pruebas reunidas en la causa desvincularon a todos ellos de este caso.

En 1994, era el contribuyente quien debía acreditar ante la Municipalidad no tener deudas pendientes con el fisco, para lo cual quedaba obligado a guardar y exhibir los comprobantes de pago ante la imputación de deudor.

La decisión de Bouer de intimar a los porteños a que demuestren el pago de impuestos atrasados desde 1989 fue muy resistida y desató una airada controversia entre políticos y juristas.

Todo empezó en diciembre de 1993, cuando Bouer designó por decreto a 280 apoderados fiscales, que conformaron un cuerpo de letrados sin relación de dependencia con la Municipalidad, pero que recibieron el poder de ésta para procurar el pago de deudas tributarias.

El sobreseimiento en favor de Bouer, ahora revocado por la Cámara, había sido apelado por el fiscal de instrucción Félix Pablo Crous y por el querellante Monner Sans.

Fuentes judiciales revelaron que, tras el fallo de la Cámara, el juez Carvajal dispuso requerir a la Dirección de Rentas del Gobierno de la Ciudad copia auténtica de todas las normas de cualquier índole que hayan establecido modificaciones en el sistema de cobranza fiscal de deudas en mora.

Las mismas fuentes adelantaron que el magistrado le tomará declaración a Bouer para que se defienda. La Nación habló ayer con siete personas cercanas al ex intendente, pero fue imposible ubicarlo.

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