Dispusieron mayor seguridad en los supermercados Coto

Por orden de la justicia federal, ayer se puso en marcha un dispositivo de prevención y de seguridad para los directivos y sucursales de la cadena de supermercados Coto, que en las últimas horas fueron amenazados por la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP).

Directivos de la empresa, encabezados por su presidente Alfredo Coto, se entrevistaron en la tarde de ayer en el Departamento Central de Policía con el superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario general Norberto Bellini, para instrumentar la forma de cómo se llevará adelante los controles de seguridad que dispuso la jueza federal María Servini de Cubría, que investiga el caso.

Las medidas de seguridad fueron motivadas por las serias amenazas que lanzó la ORP, en un comunicado que difundió ayer el diario uruguayo La República, de lo cual dio cuenta La Nación en su segunda edición de ayer.

Los miembros de esta organización delictiva dieron a conocer una suerte de proclama amenazante que contenía veintiséis puntos, dos de los cuales motivaron la decisión de la jueza federal con el objeto de resguardar la integridad de personas y de bienes.

En dicho comunicado, al que tuvo acceso La Nación, se sostiene que la amenazante actitud asumida ahora por el grupo de delincuentes obedece a la detención en Montevideo de José Armando Alonso, que fue reconocido en el comunicado como miembro de la organización clandestina.

Para la ORP, esta captura se desencadenó por la falta de cooperación de los directivos de Coto en completar una serie de pagos que se les exigió para que no atentaran contra sus comercios y responsables de la firma.

Amenzas graves

Es por ello, que los dos puntos más críticos del comunicado, la organización delictiva sostuvo:

• "Que debido a este giro que ha tomado nuestra relación con dicha cadena de supermercados advertimos a la población que comenzaremos a operar en sus sucursales durante el horarios de atención al público; deslindando toda responsabilidad por la lesiones que pudieran causar dichas acciones al personal o al público.
• "Que la ORP ha resuelto condenar al señor Alejandro Nievas Blanco . . . a la pena de ejecución por fusilamiento como resultado de haber sido encontrado culpable de facilitar el accionar (sic) de las fuerzas represivas brindando desinteresadamente su intermediación y propiedad a dichos fines represivos. Dicha sentencia será ejecutada en el momento y lugar que crea conveniente la ORP. . ."

Ahora, los investigadores quieren saber el funcionamiento íntegro de esta organización, a los que consideran delincuentes comunes, tal vez ayudados por alguna mano de obra desocupada, que trataría maquillar de color político las acciones delictivas de esta gavilla.

Clientes y custodios, ajenos a todo

Las amenazas anunciadas por la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) contra la cadena de supermercados Coto no interrumpió la normal actividad en las sucursales de la firma comercial, donde los clientes efectuaron ayer sus compras de fin de año sin temores por la posible comisión de algún atentado.

Tampoco se registró en los locales visitados por La Nación durante el mediodía de ayer un incremento de efectivos de seguridad. Sólo trabajaron ayer "los custodios privados de rutina" y "los agentes de la Policía Federal contratados de manera permanente para desempeñar funciones en los comercios", según dijeron los jefes de seguridad de cada sucursal.

La escasa publicidad que los dueños de la firma quisieron dar a las amenazas sobre el personal y los clientes se explicaría con la preocupación por mantener una buena imagen comercial, especialmente en esta época festiva cuando las compras aumentan considerablemente.

Según se supo después, un mayor despliegue policial que se pondría en marcha a partir de hoy (ver aparte).

Mientras tanto, centenares de consumidores invirtieron su dinero en las sucursales de los barrios de Once, Centro y Belgrano de la cadena de supermercados, libres de todo miedo como en cualquier otro día.

"Quieren asustar a la gente para que no venga, pero si se ponen guardias especiales no hay ningún problema para seguir comprando aquí", opinó Marta Domínguez mientras salía del local de Rivadavia al 2800 con un changuito y varias bolsas.

En el supermercado de Viamonte y Montevideo, Irma Serrano sentenció: "En este país ya estamos acostumbrados a las amenazas. Pero nada va a pasar si hay buena vigilancia".

Por fax, desde Constitución

MONTEVIDEO.- El comunicado que la ORP envió al diario La República de esta capital el domingo último a las 19.58 fue transmitido desde el locutorio Bell, de la Telefónica de Argentina, situado en avenida La Plata 55, en el barrio porteño de Constitución.

El matutino mencionado había publicado ya el pasado 6 de abril, dos días después del atentado a tiros contra el médico Jorge Bergés, una entrevista con Raúl Martínez, del secretariado político de la ORP.

En esa ocasión, este guerrillero informó que el movimiento fue fundado en 1990 "para enfrentar con todos los medios de lucha a nuestro alcance, pacíficos y violentos, al poder oligárquico que somete al pueblo argentino".

También anunció que después del ataque a Bergés habría nuevas acciones por espacio de doce meses, hasta el 24 de marzo de 1997, aniversario del golpe de Estado.

Las autoridades del diario, una vez confirmada la autenticidad de las informaciones, prepararon un nuevo informe, que fue publicado a fines de abril, en una edición especial. En el mismo, la ORPrechazó las vías parlamentarias y otras pacíficas transitadas por otros sectores de izquierda, por entender que la revolución "es la única forma de poder llegar a una solución integral" y definiendo la revolución como "tomar el poder para que se expresen a través de la dictadura del proletariado los intereses del proletariado".

En esos contactos, según afirma La República, se convinieron los mecanismos para asegurar la autenticidad de futuros contactos. En el caso presente "se emplearon las claves de reconocimiento acordadas y que fueron especialmente cambiadas en los últimos tiempos".

Confirmada la confiabilidad del comunicado del domingo, el director de la publicación, Federico Fassano Mertens, abogado argentino, informó a las autoridades argentinas y cerca de la medianoche envió copia del documento al presidente Carlos Menem, en Anillaco, al ministro del Interior y al embajador en Uruguay, Hernán Patiño Meyer.

Según se afirma, los servicios argentinos de inteligencia no han podido determinar los orígenes de la ORP ni sobre sus posibilidades operativas. Hasta ahora no se había podido detener a ninguno de sus integrantes, hasta que cayó en Montevideo José Armando Alonso, en las circunstancias conocidas.

Fuera de la "operación Coto"

Aunque se mantiene el secreto del sumario, La Nación pudo determinar que ante el juez Cavalli, que tiene a su cargo el caso y será quien determine si se accede a un pedido de extradición cuando éste se formule, Alonso sostuvo que no participó en la "operación Coto" y que ni siquiera la conocía.

Eso mismo se sostiene en el numeral 13 del comunicado del domingo, mientras que en el numeral 14 se atribuye a "una fatal casualidad" que "el compañero viajara junto al personal de Coto Cicsa encargado de efectuar el pago exigido por nuestra organización".

Alonso habría viajado para mantener contactos políticos en la capital uruguaya.

El texto enviado desde el locutorio Bell es muy extenso. En síntesis, advierte a la población que las acciones de violencia contra los supermercados Coto se realizarán en horario de atención al público, anuncia la condena a muerte del jerarca de la empresa Alejandro Nievas Blanco, a quien responsabiliza de haber informado a la policía, quebrando un pacto entre Coto y la ORP, y considera a todos los locales de la cadena "objetivos militares".

Corresponde señalar que el resto de la prensa de Montevideo no ha publicado ninguna información de estos episodios, sólo recogidos por La República, que ya en acciones anteriores había sido vehículo para noticias de otros movimientos subversivos de la vecina orilla.

El gobierno uruguayo, observa con preocupación los hechos, aunque por el momento las amenazas parecen dirigirse exclusivamente dentro del territorio argentino.

En caso de que llegase el pedido de extradición, el Poder Ejecutivo no intervendrá, salvo para el eventual cumplimiento de lo que resuelva la Justicia, marcando así la división de poderes por la que fueron liberados dos presuntos guerrilleros peruanos y, horas después, el embajador uruguayo en Lima. "Ningún comentario", fue la lacónica respuesta.

Es probable que el gobierno de Sanguinetti haya sido sorprendido por este episodio. La Nación había recogido el jueves último la opinión de un alto funcionario del Ministerio del Interior, para quien "no existían indicios" de que el detenido Alonso tuviese vinculación con la ORP.

Por Ricardo Larrondo

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